Suprema caboverdiana se declara «no competente» sobre extradición de Alex Saab
Estados Unidos ha insistido en que Saab habría lavado unos 350 millones de dólares, supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela
La Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde se declaró este martes como “no competente” para decidir sobre la solicitud de extradición a Estados Unidos del empresario colombiano y contratista favorito del chavismo, Alex Saab; detenido en el país africano desde el pasado mes de junio.
El órgano judicial caboverdiano regresó a la Corte de Apelaciones la solicitud realizada por los abogados del empresario, encabezada por el exjuez español, Baltazar Garzón, quienes presentaron una medida de amparo contra su extradición y donde se solicitara se le conceda la libertad bajo fianza y arresto domiciliario.
A juicio uno de sus abogados, Rutsel Silvestre J. Martha, “la CSJ ha emitido una decisión que amonesta a la Corte de Apelaciones por ignorar los principios básicos del debido proceso”.
“Esta resolución, expone que dicho tribunal no tiene competencia para decidir en lo relacionado al arresto domiciliario, y toma, por lo tanto, la posición de devolver el caso a la Corte de Apelaciones del país, para que sea ésta la que estudie de nuevo las medidas provisionales solicitadas por el equipo legal del afectado”, aseguró en un comunicado la defensa de Saab, quienes aseveraron que “agotarán todas las instancias” para evitar su deportación, reseñó el diario colombiano El Espectador.
El brazo judicial del empresario neogranadino señaló que “el tribunal caboverdiano, ha remitido también algunas cuestiones a dicho Tribunal de Apelación debido a numerosas irregularidades”, agregó en el comunicado José Manuel Pinto Monteiro.
Por su parte, Baltasar Garzón, ha valorado que la decisión del Supremo caboverdiano, la cual “deja en evidencia la irregularidad del proceso en el que Álex Saab ha visto y sigue viendo cercenados sus derechos a su inviolabilidad como agente especial, a su integridad física y a su libertad”.
“Este proceso no tendría que haberse abierto siquiera, pues está especialmente protegido por la legislación internacional”, señaló, a lo que agregó que “la confianza” de su defensa en la Justicia caboverdiana es “máxima”, al tiempo que ha manifestado que “espera que no ceda a las presiones políticas de Estados Unidos”.
Estados Unidos ha insistido, por su parte, en que Saab habría lavado unos 350 millones de dólares, supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
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Tras la detención de Saab, Caracas señaló que se trata de un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno que estaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”. Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab, de 48 años, apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y su socio, Álvaro Pulido, se confabularon para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
