Corte Suprema ordena «facilitar» retorno de migrante deportado por error a El Salvador
Kilmar Abrego García fue deportado por error a una prisión de máxima seguridad en El Salvador el 15 de marzo como parte del plan para sacar desde EEUU a supuestos líderes de peligrosas bandas
La Corte Suprema de Estados Unidos dijo el pasado jueves 10 de enero que el gobierno del presidente Donald Trump está obligado a «facilitar» la liberación de un hombre de Maryland que fue deportado erróneamente a una prisión de El Salvador.
La Corte concedió parcialmente y rechazó parcialmente una solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia que impugnaba la orden de un juez para que Kilmar Abrego García fuera sacado de una prisión en El Salvador donde fue enviado el 15 de marzo junto con presuntos miembros del Tren de Aragua.
La decisión significa que el gobierno no tiene que intentar inmediatamente devolver a Abrego García a los Estados Unidos porque ya ha expirado un plazo impuesto por el juez, pero «debería estar preparada para compartir lo que pueda sobre los pasos que ha tomado y la perspectiva de pasos adicionales», expuso la decisión no firmada.
El juez del tribunal de distrito puede haber excedido su autoridad al decir que el gobierno tenía que no solo «facilitar» sino también «efectuar» el regreso de Abrego García, agregó la Corte.
El juez tiene que «aclarar su directiva, con el debido respeto a la deferencia que se debe al poder ejecutivo en la conducción de asuntos exteriores», dijo la orden judicial.
No hubo votos disidentes, pero los tres jueces liberales del tribunal firmaron una declaración separada redactada por la jueza Sonia Sotomayor diciendo que estaban de acuerdo en que «el remedio adecuado es proporcionar a Abrego García todo el proceso al que habría tenido derecho si no hubiera sido removido ilegalmente a El Salvador».
Abrego García fue deportado por error a una notoria prisión de El Salvador el 15 de marzo como parte del plan agresivo y muy disputado del gobierno de Trump para enviar presuntos miembros del Tren de Aragua y de pandillas salvadoreñas a este país.
Los funcionarios de inmigración argumentan que Abrego García, quien ingresó ilegalmente a los Estados Unidos, es miembro de la banda MS-13 pero han admitido que no debería haber sido enviado a El Salvador, su país de nacimiento, calificándolo de «error administrativo».
Abrego García vivía en Beltsville, Maryland, con su esposa y tres hijos, todos con necesidades especiales. Vino a Estados Unidos para escapar de la violencia de las pandillas, dicen sus abogados.
En 2019, el gobierno comenzó un esfuerzo para deportarlo, alegando que era miembro de la banda MS-13. Un juez de inmigración dictaminó que Abrego García no podía ser deportado a El Salvador porque había «una clara probabilidad de persecución futura».
Hasta que fue detenido en marzo, era trabajador de chapa metálica en Maryland y se registraba con los funcionarios de inmigración cuando era necesario, dijeron sus abogados.
La semana pasada, la jueza del Distrito con sede en Maryland, Paula Xinis, ordenó que el gobierno «facilite y efectúe el regreso» de Abrego García antes de las 11:59 p.m. del lunes pasado.
Después de no lograr anular el fallo en un tribunal de apelaciones, el gobierno acudió a la Corte Suprema. El lunes 7 de abril, el presidente de la Corte, John Roberts, emitió una suspensión temporal mientras el tribunal decidía qué pasos tomar a continuación.
El procurador general D. John Sauer escribió en documentos judiciales que los jueces no tienen el poder de «tomar el control de las relaciones exteriores» obligando a los funcionarios a negociar con El Salvador. Dijo que el gobierno de Trump ha garantizado que nadie deportado a la prisión en El Salvador será torturado.
Los abogados de Abrego García describieron su traslado a El Salvador como un «error kafkiano», diciendo que el gobierno salvadoreño no estaba buscando activamente su extradición y que nunca había sido acusado de un delito.
Su caso es la última batalla legal de alto perfil que surge del intento del presidente Donald Trump de ejercer un amplio poder presidencial para deportar inmigrantes, lo que a menudo lleva a reclamaciones de que sus derechos han sido violados.
Un abogado del Departamento de Justicia en el caso fue puesto en licencia administrativa debido a comentarios que hizo en el tribunal cuando le dijo al juez que estaba «frustrado» porque no podía responder algunas de sus preguntas.
En otro caso, la Corte Suprema bloqueó el lunes un fallo de un juez federal que impedía que los venezolanos fueran deportados bajo una ley raramente invocada llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
Con información de Telemundo
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