CPI incluyó en su informe sobre Venezuela las protestas registradas al inicio de 2019
El informe revela que entre enero y mayo de este año unas 2.000 personas fueron detenidas en Venezuela por supuestos motivos políticos
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) informó este jueves que incluyó en su examen preliminar sobre Venezuela las protestas que se registraron en el país a principios de 2019, donde habrían fallecido al menos 30 personas y un agente de policía.
Así lo indicó la oficina de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en su informe anual sobre los procedimientos preliminares que están abiertos en ocho países, entre los que se incluyen Colombia y Venezuela, este último abierto en febrero de 2018.
Según informaciones recibidas por Bensouda, entre 30 y 47 opositores fueron asesinados en las protestas sucedidas entre el 21 y el 25 de enero de este año por las fuerzas de seguridad o por civiles que actuaron en coordinación con las autoridades.
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En ese mismo lapso, la oficina de la fiscal de la CPI enumeró a 131 agentes de seguridad que resultaron heridos y uno fue asesinado en Venezuela. «Algunas fuentes alegaron además que miembros de las fuerzas de seguridad llevaron a cabo asesinatos selectivos de opositores durante allanamientos de casas», explica el escrito citado por EFE.
Por otro lado, el informe revela que entre enero y mayo de este año unas 2.000 personas fueron detenidas en Venezuela por supuestos motivos políticos y que «la información sobre la duración de esas detenciones no estaba generalmente disponible».
La Fiscalía vuelve a mencionar otros crímenes ya recogidos en informes de años anteriores, como las muertes de al menos 70 personas en las protestas de 2017 y los malos tratos, torturas y violaciones que supuestamente se han dado en centros de detención.
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Bensouda dijo en el documento que espera finalizar el análisis sobre su posible jurisdicción de la situación en Venezuela a principios de 2020 y que, si decide seguir adelante el examen, pasará a la tercera y última fase, en la que se evaluaría la admisibilidad de los casos.
En septiembre, el exdiputado Walter Márquez viajó a La Haya y desde allá aseguró que la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, «está inhabilitada moralmente y debería ser inhabilitada jurídicamente» para investigar las denuncias que llegan a ese tribunal contra el régimen de Nicolás Maduro.
