Cuba investiga a 790 personas, entre ellas 82 menores de edad, por protestas del #11Jul
El canciller de Cuba asegura que el procedimiento judicial a los imputados se hace «con pleno apego a la ley» y con estándares internacionales; mientras que la ONG Cubalex acusó al funcionario de mentir y denunció que el proceso judicial «está plagado de ilegalidades» y criminaliza el derecho a la manifestación pacífica
Las protestas que se registraron en Cuba a mediados del mes de julio de 2021 aún arrastran consecuencias para aquellos que participaron en las manifestaciones de calle. La Fiscalía General de Cuba publicó un informe el 24 de enero en el que 790 ciudadanos fueron imputados por la presunta comisión de actos vandálicos «que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden».
Según el diario oficialista Granma, el 21% de los investigados tienen antecedentes penales. Además, hace mención de que hay abiertos 117 expedientes contra los 790 cubanos señalados de los cuales el 69% están en prisión provisional desde julio de 2021 -unos 710.
El dossier de la Fiscalía cubana desprende además que del total de acusados en esos expedientes, 115 son personas entre 16 y 20 años de edad; de los cuales 55 son adolescentes de entre 16 y 18 años y de ese número, 28 están tras las rejas.
Los 16 años suponen la edad mínima penal en Cuba, cuyo Código Penal prevé la posibilidad de reducir a la mitad de las condenas para los menores de edad. En ese sentido, se recalca que 27 niños menores de 16 años que habrían participado en esas protestas y como no son susceptibles de ser presentados ante la Justicia, se les aplica «el procedimiento legal establecido».
Concretamente, diez han sido «internados en escuelas de formación integral y de conducta» por «intervenir junto a adultos» en las protestas. A los 17 restantes se les aplicó «la medida de atención individualizada» en su propia escuela.
Por otro lado, del grupo de 115 mencionado con anterioridad hay 60 investigados que tienen entre 19 y 20 años de edad, donde 41 de ellos están en prisión preventiva.
Según la versión de la Fiscalía, los manifestantes del 11-J “atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado socialista (…) en un contexto especialmente complejo de crisis económica mundial, agudizada por una pandemia sin precedentes que arrebató la vida a muchos cubanos, y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos” en un intento de “destruir la Revolución”.
La Fiscalía argumentó que se optó por acusar del delito de sedición en algunos casos por “el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria” con el resultado de “perturbación grave del orden público” y con “el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional”.
Hasta el momento se han realizado 84 juicios y se han dictado de 44 sentencias, en las que fueron sancionados 172 acusados, “los cuales tuvieron el derecho a establecer los recursos correspondientes”.
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«Con apego a la ley», dice el canciller de Cuba
Ante críticas de EEUU por juzgar a menores de edad y tras varias semanas de protestas en Cuba por parte de disidentes y activistas, el ministro de Relaciones Exteriores de la nación antillana, Bruno Rodríguez, aseguró que el proceso judicial en ese país se desarrolla «con pleno apego a la ley y dentro de estándares internacionalmente aceptados».
A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez acusó a EEUU de estar mintiendo para «empañar» la labor de Cuba en su labor para proteger la niñez y así justificar las sanciones impuestas a La Habana.
Informe de @ChildDefender señala que en 2019 cerca de 700.000 niños fueron arrestados y 3.371 asesinados con armas de fuego en EEUU.
Por su parte, la aplicación de políticas antiinmigrantes provocó, entre abril y junio de 2018, la separación de 4.500 niños de sus padres.
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 24, 2022
UNICEF está preocupado por los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba.
Hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionen información adicional verificada sobre niños y niñas presuntamente en esta situación.(1/2) pic.twitter.com/mqAekNkV6H
— UNICEF Latin America (@uniceflac) November 19, 2021
La ONG Cubalex, que monitorea, reporta y denuncia violaciones de los DDHH en Cuba, respondió a las declaraciones de Bruno Rodríguez al decir que el canciller está mintiendo porque asevera que el proceso judicial en general «está plagado de ilegalidades» y subrayó que en el caso de los juicios por las protestas del 11 de julio, se está criminalizando el derecho a la manifestación pacífica.
También hace hincapié en que no hay una técnica legislativa ni herramientas procesales para garantizar el derecho de los acusados, al igual que se evidencia una falta de voluntad política por parte del Ejecutivo para hacer respetar el estado de Derecho de los ciudadanos.
Denunció Cubalex que en el contexto de lo ocurrido en el citado día, se registraron desapariciones forzosas, imposibilidad de acceso a la defensa letrada, la falta de comunicación entre el acusado y su familia; la evidencia de tratos crueles, entre otras cosas.
«Son delincuentes y llorones»
Alex Castro Soto del Valle, hijo del fallecido Fidel Castro, calificó de «delincuentes» a las personas que participaron en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, al tiempo que dijo que los reclamos de los cubanos, entre ellos los de muchas madres que denuncian irregularidades en los juicios, son «mentiras» y «lloraderas».
«¿Qué se pensaron estos delincuentes? Este pueblo tiene todo el derecho a defenderse y a que se respete su soberanía y su tranquilidad», escribió Castro Soto en su cuenta de Facebook junto a imágenes de un diario en los que se evidencia la actuación de la Fiscalía.
Con información de Hola News / El País / Granma / Cubalex / Cubita Now / RTVE
