Cuerpos de seguridad allanaron vivienda del presidente de la junta ad hoc del BCV

Juan Guaidó señaló que este allanamiento está relacionado con las acciones que ha llevado a cabo su gobierno interino para impedir el acceso del régimen de Nicolás Maduro a oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, denunció que cuerpos de seguridad allanan la vivienda del ingeniero Ricardo Villasmil, designado el año pasado como presidente de la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV).

Durante la sesión ordinaria de este martes 2 de junio, Guaidó señaló que este allanamiento a la vivienda de Villasmil está relacionado con las acciones que ha llevado a cabo su gobierno interino para impedir el acceso del régimen de Nicolás Maduro a oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra.

El lunes 1° de junio, el procurador especial José Ignacio Hernández informó que una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) estaría intentando ingresar a su residencia en Venezuela «a pesar de que allí no vive nadie».

Luego de que Guaidó informara sobre el allanamiento a la residencia de Villasmil, el procurador especial denunció que fuerzas de seguridad también pretendían realizar un procedimiento similar en la vivienda de sus padres «como parte de la retaliación en mi contra».

# ATENCION En estos momentos la policia política de Maduro pretende allanar la vivienda de mis padres en Caracas, como parte de la retalición en mi contra.

— Jose I. Hernandez G. (@ignandez) June 2, 2020

El diputado y secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, reiteró la información sobre el intento de allanamiento y destacó que los padres del procurador especial tienen problemas de salud.

En estos momentos entes represivos del régimen asaltan residencia d padres d José Ignacio Hernández Procurador Especial designado por Presidente (E) Juan Guaidó. José Ignacio Hernández reside fuera del país y el régimen lo sabe. Sus padres de avanzada edad tienen problemas salud.

— Henry Ramos Allup (@hramosallup) June 2, 2020

La Procuraduría Especial a cargo de Hernández informó el 28 de mayo que la Corte de Londres negó el recurso interpuesto por el Banco Central bajo la administración de Maduro para que tomaran posesión del oro allí depositado y lo usaran con el pretexto de comprar alimentos y medicinas para paliar los efectos del covid-19.

El pasado 26 de mayo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que denunciarían al Banco de Inglaterra ante la Corte Penal Internal (CPI) por no liberar la reservas de oro de Venezuela y señaló al ente británico de cometer delitos de exterminio y de lesa humanidad. Ademá, dijo que se acordarían acciones contra aquellos que habrían «orquestado» esta operación.

«Hoy han secuestrado el Estado de derecho y pretenden seguir persiguiendo, no solo ha sido Villasmil o el procurador. Han sido todos los venezolanos que han sufrido en carne propia el desastre de la dictadura. Nos corresponde no solo rechazar, sino a actuar ante lo que está pasando en el país. No podemos acostumbrarnos», aseveró el presidente de la AN.

Hasta la fecha, son más de diez las personas cercanas a Juan Guaidó que se encuentran detenidas, procesadas judicialmente o fueron liberadas tras detenciones arbitrarias. Estas detenciones o allanamientos a las residencias de integrantes del equipo del presidente de la AN no son nuevas, y todas coinciden con anuncios y decisiones que ha tomado como mandatario interino desde el 23 de enero de 2019.

Contra la persecución

Por medio de un acuerdo, la Asamblea Nacional rechazó este martes los actos de persecución e intimidación emprendida por el régimen de Nicolás Maduro en contra del procurador especial, de los miembros de la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela y de cualquier otro funcionario del gobierno interino, «que en el marco de sus competencias y funciones en representación de Venezuela, ejerza la defensa y protección de los activos y bienes de la nación».

El acuerdo también ratifica la defensa del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, el cual será ejercida por el gobierno de Guaidó, en cumplimiento de las decisiones dictadas por la Asamblea Nacional en una resolución del pasado 20 de mayo.

La diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz, alertó a la comunidad internacional y autoridades en materia de derechos humanos que «la dictadura pretende socavar las resoluciones de diversos juicios que se están llevando a cabo en este momento sobre Venezuela».

Reiteró que los funcionarios que representan al interino son víctimas de acosos y persecución política constante por parte de colectivos y las fuerzas de seguridad de la dictadura, a pesar de encontrarse la mayoría fuera del país.