Culpable soy yo, por Teodoro Petkoff
Por primera vez en doce años el Presidente, esta vez en su Mensaje, se refirió al tema de la inseguridad ciudadana. Se preguntó: «¿La culpa es mía?» y se respondió. «Sí, pero la culpa es de todos, es una corresponsabilidad nacional, no es mía nada más». Ya se sabe que cuando «todos» somos culpables de algo, no hay culpable. Aquí el único que parece haber aceptado la culpabilidad de algo es El Puma. Pero, discutamos el punto Es obvio que desde un punto de vista difuso y global, la expansión del hampa es parte de un fenómeno social, vinculado, en nuestro caso, a múltiples factores, entre los cuales sobresale la aguda descomposición social existente. Sólo desde este punto de vista, podría aceptarse que existe una suerte de responsabilidad de la sociedad entera (factores culturales generales, mediáticos, educativos, de hábitat, etc.), y no sólo del gobierno y del Presidente, pero éste no puede escurrir el bulto en cuanto a la parte de responsabilidad personal que le toca, aun en estos aspectos, como jefe del Estado.
Un ejemplo: el fracaso en la política de construcción de viviendas y en el de la rehabilitación y humanización de las barriadas populares, ambos atribuibles directamente al mero Presidente, y que tanto pesan en el ambiente generador de criminalidad. Otro ejemplo: el corrosivo efecto, sobre la moral social, de la expansión de la corrupción administrativa y de su impunidad. La responsabilidad del gobierno y, por ende, del Presidente, es evidente en este caso.
La pobreza, el pesado fardo del costo de la vida, el desempleo y la destrucción de empleos formales por una demencial política estatizante a troche y moche, son otros ejemplos en los cuales la responsabilidad directa del gobierno es innegable. Sin embargo, admitamos que se trata de un fenómeno muy complejo, determinado por muchas causas, varias de las cuales no sería justo atribuir a la acción o la omisión del gobierno y cuya solución de fondo está vinculada al largo plazo y a la continuidad de políticas específicas para revertir la descomposición social. Pero hay tres aspectos en los cuales la responsabilidad directa del gobierno y del Presidente es indiscutible.
Son precisamente esos tres «frentes» donde se libra la lucha cotidiana contra el hampa y cuya conducción corresponde exclusivamente al gobierno y, por tanto al Presidente. Son la policía, los tribunales y las cárceles. ¿Un Cicpc mal pagado, subfinanciado, mal entrenado, plagado de corrupción, no es responsabilidad directa del Presidente? ¿El desmantelamiento de la Policía Metropolitana no es responsabilidad directa del Presidente? ¿Tribunales partidizados, lentos y morosos en la administración de justicia, plagados también de corrupción, no son responsabilidad directa del Presidente? ¿Cárceles que avergonzarían a cualquier país y donde se produjeron 500 de los 18 mil homicidios del año pasado, no son responsabilidad directa del Presidente? De modo que una de las tres inefables tres «erres» de que habló alguna vez Chávez, cuando le dio también, efímeramente, por la autocrítica, la erre de «revisión», debería revivirla ahora que asoma la disposición a debatir en serio las políticas de su gobierno. Revisemos las políticas antidelictivas directas y no rehúya el gobierno su responsabilidad, que por ahí comienza la solución.
