DDHH en Venezuela: un año de graves denuncias y lo que falta por venir
Dos instancias de la ONU emitieron sendos informes sobre la situación de los derechos humanos en el país, mientras que el Consejo de ese organismo ratificó los mandatos para que se siga investigando. La Corte Penal Internacional también tiene sus pendientes, mientras que defensores ratifican que la pandemia agravó la situación de los DDHH en Venezuela
El 2020, en materia de derechos humanos en Venezuela, fue un año que dista mucho de los estándares en otros países del mundo. Los informes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, la Misión de Determinación de Hechos o la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) mostraron la existencia de patrones donde el Estado venezolano ha estado involucrado, en mayor o menor medida, en violaciones y presuntos crímenes de lesa humanidad.
Denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales se combinaron este año con las vulneraciones a los derechos a la alimentación, salud y servicios básicos, lo que derivó en protestas donde se registraron algunos de los primeros hechos mencionados. Un ciclo de violaciones donde los cuerpos de seguridad fueron los protagonistas contra una población obligada a una cuarentena debido a la pandemia por covid-19.
Para Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea, este año en materia de derechos humanos en el país hay aspectos positivos a destacar; sin dejar de lado los negativos. Los avances justamente incluyen a las instancias de la ONU que estuvieron atentas y actualizaron la información disponible sobre Venezuela, incluso al punto de afirmar que hay motivos razonables para creer que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad.
También destaca como positivo las protestas que se realizaron en el país a lo largo del año; a pesar de la pandemia, la represión y la debilidad institucional, para reclamar la situación de los derechos básicos.
“La gente no ha dejado de exigir sus derechos y sigue en la calle reclamando derechos de distinta naturaleza”, destaca el coordinador de Provea. Pero entre los aspectos negativos resalta la vulneración al derecho a la vida por la alta violencia policial, seguido de las “condiciones en los servicios públicos de salud que condenan a muchas personas a la muerte”, a lo que hay que su mar la actuación de la delincuencia común.
Pandemia y DDHH
La pandemia de covid-19 tuvo su efecto negativo no solo en la salud, sino en los derechos humanos de parte de la población, que se vieron vulnerados durante el periodo de cuarentena radical decretada por el régimen de Maduro tras confirmarse los primeros casos en el país el pasado 13 de marzo.
Feliciano Reyna, presidente de la ONG Acción Solidaria, señala que con la pandemia del coronavirus quedaron en evidencia las desigualdades e inequidades en diversos lugares del mundo, incluyendo Venezuela, donde la crisis política, económica y social dificultó el mantenimiento de parte de la población.
“Todavía seguimos viendo situaciones muy complejas que tienen que ser resueltas, porque más allá de cualquier consideración estamos hablando de vidas humanas”, destaca Reyna. Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, declaró que “los confinamientos, las cuarentenas y otras medidas de esa índole orientadas a combatir la expansión del covid-19 deben aplicarse siempre en la más estricta observación de las normas de derechos humanos y de manera proporcional”, pues el nuevo coronavirus “pone a prueba a nuestras sociedades y todos aprendemos y nos adaptamos a medida que respondemos al virus. Pero es preciso que la dignidad y los derechos humanos sean los pilares fundamentales de ese esfuerzo y no una consideración accesoria”.
El racionamiento de agua se endureció en todo el país durante la cuarentena
Y es que a pesar de la cuarentena, muchos venezolanos se vieron obligados a desafiar las medidas impuestas por el Ejecutivo para garantizar el alimento en sus hogares, o salieron a protestar debido a la precariedad de servicios públicos como agua, luz y gas doméstico, que se agravaron durante este periodo de radicalización.
A esos reclamos, que superaron la cantidad de protestas registradas en años anteriores según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), se sumaron las manifestaciones por la escasez de gasolina, que se agudizó durante la pandemia.
También los derechos de migrantes retornados fueron vulnerados durante el periodo de radicalización por parte del régimen de Nicolás Maduro. Un estudio del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), junto a Fe y Alegría, destacó que los derechos de estos venezolanos fueron vulnerados tanto en acceso a salud, alimentación, seguridad, además de episodios de xenofobia y discriminación promovidos desde el mismo Estado venezolano.
ONU profundiza denuncias
Las denuncias sobre Venezuela provenientes de Naciones Unidas en materia de derechos humanos coparon gran parte de la agenda internacional este año. Con actualizaciones orales y escritas de los informes de la Alta Comisionada para DDHH Michelle Bachelet, además del informe de la Misión de Determinación de Hechos, sumaron a nuevos países en los reclamos al régimen de Nicolás Maduro por la situación dentro del territorio.
La Alta Comisionada dejó en claro que su oficina ha determinado que en Venezuela existen patrones aplicados por el Estado venezolano a la población, con especial énfasis en la disidencia opositora. Además, se incluyen violaciones contra la integridad física de militares acusados de estar relacionados con casos políticos.
Los patrones de tortura, donde se incluyen los delitos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, son descritos en “La República que tortura”, una serie documental de TalCual.
En sus tres actualizaciones (una por escrito y dos orales) realizadas en 2020, la Alta Comisionada manifestó su preocupación por la continuación de las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en comunidades pobres cometidas por cuerpos de seguridad bajo la excusa de operativos; además de las detenciones arbitrarias y denuncias de torturas.
Bachelet también llamó la atención sobre la represión registrada en protestas pacíficas para exigir servicios básicos como agua, gas o electricidad durante los primeros meses de cuarentena radicalizada en todo el país, debido a la pandemia por la covid-19.
Además incluyó dentro de sus últimas actualizaciones un apartado sobre “violaciones al espacio democrático”, por la judicialización de partidos políticos al considerar que las mismas “obstruyen la libertad de selección”, así como la forma en que fue escogido el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la modificación de la elección de representantes indígenas, los cambios al sistema electoral y la composición de la Asamblea Nacional sin una consulta previa.
Por ello, Bachelet recalcó como “crucial” la protección de los espacios cívicos y democráticos, además de la liberación de presos políticos a través de la construcción de acuerdos entre los distintos sectores.
Mientras que la Misión de Determinación de Hechos, un mandato del Consejo de DDHH sobre Venezuela, presentó el pasado 16 de septiembre un informe donde acusan a altas autoridades del Estado venezolano, entre ellas el mandatario Nicolás Maduro, de conocer y permitir violaciones graves a los derechos humanos en el país, que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.
Este organismo independiente investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen dentro de investigaciones exhaustivas dentro de un informe compuesto por 443 páginas. También estudió otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.
Otra de las cuestiones que determinó la Misión es la represión selectiva hecha por los servicios de inteligencia en Venezuela como el Sebin y la Dgcim, donde el objetivo del primero es la oposición, la disidencia a la administración de Maduro y activistas de DDHH, mientras que el segundo busca al personal militar y a civiles asociados, que presuntamente estuvieron implicados en golpes de Estado.
Todas estas violaciones, cometidas por cuerpos de seguridad o particulares con permiso de las autoridades, no han sido juzgadas o sancionadas por el sistema judicial venezolano
Tanto el mandato de Bachelet como el de la Misión de Determinación de Hechos fueron ampliados por el Consejo de DDHH de la ONU por un lapso de dos años, donde deberán presentar informes por escrito y actualizaciones orales sobre sus campos de investigación, al tiempo que deberán presentar estas resultas a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Defensores bajo asedio
Tal como lo dejan sentado los informes de varias instancias de la ONU en materia de derechos humanos, además de diversas ONG, la violación sistemática de los DDHH no solo alcanza a población civil o con vinculación política, también incluye a defensores y organizaciones no gubernamentales.
El Centro para los Defensores de la Justicia (CDJ) contabilizó entre el 1º de enero hasta el 31 de octubre de este año al menos 233 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos y organizaciones dedicadas a este ámbito, cometidas por organismos de seguridad, funcionarios o personas vinculadas con el régimen de Maduro.
Entre los incidentes se encuentran señalamientos desde espacios televisivos de figuras del régimen, así como la detención por espacios cortos de tiempo, golpizas, arrestos formales y judicialización, allanamiento a sedes de ONG o de personas vinculadas a ellas, además de persecución por parte de cuerpos de inteligencia.
Y es que tan solo entre enero y julio de este año, el CDJ registró 109 ataques a defensores de DDHH, situación que se agravó durante la pandemia de covid-19. “La política de criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos se ha agudizado durante el estado de alarma decretado en el país el 13 de marzo (…) El Estado venezolano continúa agrediendo a quienes defienden derechos humanos bajo la lógica del enemigo interno”, denunciaron en un informe.
Defensores de DDHH. Foto: Revista SIC – Centro Gumilla
Durante el primer semestre del año, un 35% de los responsables de todos estos ataques fueron los medios públicos que controla el Ejecutivo, un 31% funcionarios o instituciones del Estado, el 12% los organismos de seguridad y un 22% de “otros” que no fueron especificados.
Incluso, el Estado ha utilizado las instituciones financieras para limitar y estigmatizar el trabajo de ONG o asociaciones civiles. El 21 de noviembre, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ordenó el monitoreo de las operaciones financieras realizadas por organizaciones sin fines de lucro, con el objetivo de detectar “operaciones inusuales o actividades sospechosas” relacionadas con supuesto terrorismo o lavado de dinero.
#EsNoticia || Sudeban instruye monitoreo de las operaciones financieras realizadas a través de organizaciones sin fines de lucro https://t.co/Cyezsh0so5 pic.twitter.com/4L2tVXi1LR
— SudebanInforma (@SudebanInforma) November 21, 2020
Cuatro días más tarde, esa acción derivó en la congelación de cuentas de Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad, dos iniciativas para la atención en poblaciones pobres o de escasos recursos a través de comedores sociales. Además, se registró el hostigamiento y persecución en contra de Roberto Patiño, uno de los directores de estas iniciativas.
En menos de un mes, otra asociación civil fue investigada por las autoridades, esta vez por orden de un tribunal contra terrorismo. Se trata de la AC Convite, que coordina ayuda para adultos mayores en todo el país. Su director, Luis Francisco Cabeza, fue detenido por horas por las FAES para una “entrevista”, luego de que fuera intervenida la sede y llevados los equipos de computación. Ambas organizaciones comparten una particularidad: Forman parte de las instituciones que distribuyen ayuda humanitaria o donaciones coordinadas por las distintas agencias de Naciones Unidas.
Avances de la CPI
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional avanzó este año en el examen preliminar sobre Venezuela por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, cometidos en el contexto de manifestaciones antigubernamentales.
En su informe, publicado el pasado 14 de diciembre, la fiscal Fatou Bensouda señaló que hay motivos razonables para creer que en Venezuela, al menos desde 2017, “autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”.
En estos crímenes relacionados con la encarcelación u otro tipo de privaciones ilegítimas de libertad, también se incluiría la presunción de tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, además de persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, todo ello contemplado en el Estatuto de Roma.
La Fiscalía de la CPI señala por estos hechos a cuerpos de seguridad como la PNB y su Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Sebin, la Dgcim, Cicpc, Guardia Nacional y su Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas); además de grupos de civiles relacionados al régimen de Nicolás Maduro “actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.
Además, esperan cerrar este examen preliminar “durante la primera parte de 2021” para dar paso a la etapa de investigación, que consiste en la presentación del caso a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI por parte de la Fiscalía como parte acusadora, con acusaciones individuales a los señalados de cometer los crímenes de lesa humanidad.
Sobre el país también existe otro examen preliminar, identificado por la CPI como Venezuela II, que fue admitido este 2020 tras una solicitud del régimen de Nicolás Maduro para que se investiguen presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos debido a las “medidas coercitivas unilaterales” que ha impuesto a funcionarios de forma individual, así como a la industria petrolera y el sistema bancario.
La Fiscalía indicó que tiene la intención de concluir su análisis de la competencia material (fase I del examen preliminar) durante la primera mitad de 2021, a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a un análisis sobre admisibilidad (fase II).
Lo que se viene
Para 2021 el Estado venezolano seguirá enfrentando actualizaciones de informes, ya sean orales o escritos, sobre la situación de los derechos humanos en el país. El Consejo de DDHH de Naciones Unidas, al extender los mandatos de la Alta Comisionada y la Misión de Determinación, aseguró una revisión periódica a las denuncias que se han hecho en esta materia.
Una de las cuestiones pendientes por presentar por parte de Michelle Bachelet será la situación del Arco Minero del Orinoco y la explotación ilegal de minerales al sur del país, donde también hay mafias dedicadas al contrabando y trata de personas, según lo asomó en su última actualización oral sobre Venezuela en septiembre.
También está pendiente bajo investigación de su oficina la situación de los migrantes venezolanos que usan rutas marítimas para salir del país, y que han desaparecido antes de llegar a los países vecinos, como fue el caso de los botes Ana María y Jhonailys José, ambos desaparecidos con 23 días de diferencia en 2019.
Familiares creen que fueron capturados por redes de tráfico de personas, mientras el Estado venezolano y las autoridades de Trinidad y Tobago se han negado de forma sistemática a brindar asistencia o avanzar en procesos penales para dar con el paradero de los más de 60 desaparecidos entre las costas de Falcón y Sucre, tan solo en 2019.
De igual forma se mantienen las investigaciones sobre presuntas torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas que se cometan en el país, así como la situación de derechos sociales, económicos y culturales.
Respecto a la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, en noviembre informaron la recepción de nuevas denuncias sobre los hechos ya descritos que forman parte de su rango de acción, que hayan sido cometidos por organismos de seguridad o particulares con aprobación del Estado venezolano.
El año que viene deben entregar un informe escrito y una actualización oral, además de llevar todos sus resultados a la Asamblea General de la ONU, tal como lo dispone la resolución del Consejo de DDHH.
