Defensor del pueblo apareció y dijo que «investiga» asesinato de Acosta Arévalo

En entrevista a Unión Radio Alfredo Ruiz también condenó cualquier «trato cruel, inhumano y degradante», que se le de a los privados de libertad y afirmó que quienes cometan estos actos deben ser sancionados

El martes 2 de julio el defensor del pueblo Alfredo Ruiz, se refirió al caso del joven tachirense de 16 años que perdió las vista al recibir perdigonazos en la cara al momento de que funcionarios de seguridad replegaran una protesta de gas en la que se encontraba.

El funcionario venezolano reconoció que es responsabilidad del Estado prohibir el uso excesivo de la fuerza contra la ciudadanía.

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En entrevista a Unión Radio, Alfredo Ruiz también condenó cualquier «trato cruel, inhumano y degradante», que se le de a los privados de libertad y afirmó que quienes cometan estos actos deben ser sancionados.

Enfatizó que el Estado venezolano debe procurar se realice una investigación exhaustiva que esclarezca el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, fallecido el 29 de junio por presuntas torturas que habría recibido por funcionarios de seguridad mientras estuvo recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

“De ninguna forma y por ninguna causa” la tortura puede ser justificada, dijo. De la misma forma, afirmó que  «los privados de libertad deben tener una dedicación especialísima porque esa persona ya no puede hacer gestiones para garantizar su propia salud».

Alfredo Ruiz destacó que tras el deceso del funcionario de la Armada el organismo que representa inició una investigación que fue remitida al Ministerio Público (MP), con el objetivo de que se recopilen las pruebas necesarias que permitan establecer las responsabilidades de los implicados en el hecho.

A su juicio, se debe realizar “un proceso independiente de justicia ordinaria; la autopsia ya no es realizada por las autoridades militares, sino por funcionarios de la medicatura forense y por un servicio especial que tiene el Ministerio Público en caso de presuntas violaciones de derechos humanos”.