Defensores de DDHH en Venezuela son calificados como enemigos del Estado
El mayor responsable de los ataques a los derechos humanos es el Estado a través de diversas modalidades
Hace muchos años que los organismos internacionales de derechos humanos han mostrado su preocupación por la situación de las personas y organizaciones defensoras de DDHH en Venezuela. Sin embargo, la poca documentación de esta situación no había permitido la realización de un informe que permitiera identificar las principales causas de la vulnerabilidad.
Este martes 26 de mayo fue presentado el informe «Venezuela: Enemigos internos: La defensa de los derechos humanos bajo ataque», elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el Centro para los Defensores de la Justicia (CDJ), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas y la con el apoyo de la Unión Europea para dar a conocer la realidad en esta materia.
Tras la investigación, las organizaciones pudieron documentar un total de 121 agresiones contra defensores de derechos humanos durante los años 2018 y 2019; entre los cuales se incluyen 60 casos de difamación, 44 actos de hostigamiento e intimidación y ocho casos de detenciones arbitrarias. El mayor responsable de los ataques es el Estado a través de diversas modalidades: el portal Misión Verdad registra 31% de los ataques documentados, seguido del programa televisivo «Con el mazo dando», que registra 29% de los ataques y, por último, están los cuerpos de seguridad del Estado que abarcan 14% de los ataques contra defensores de derechos humanos.
No obstante, las organizaciones destacan en el informe que «si bien las cifras reales superarán con creces este número, está sistematización de ataques de cuenta de varios de los patrones de represión que se utilizan contra quienes defienden los derechos en el país».
Miguel Zumalacárregui Martín, director del programa para personas que defienden derechos humanos de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), aseguró que en Venezuela han podido «documentar la política de Estado que busca acallar, silenciar y neutralizar a las personas defensoras de derechos humanos». Asimismo, indicó que «entre 2018 y 2019 se batieron todos los récords en cuanto al desarrollo de protestas en el país y, con ello, aumentó la represión contra estas».
Por su parte, el Comité de Familiares de las Víctimas de la Violencia (Cofavic) ha documentado entre los años 2012 y 2019, 10.971 casos de ejecuciones extrajudiciales por los cuerpos de seguridad del Estado; lo que ha llevado al surgimiento de más personas defensoras de derechos humanos. Igualmente, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) ha documentado más de 76.000 protestas entre 2011 y 2019, cifras en la que destacan los años 2014, 2017, 2018 y 2019 con mayor número de protestas civiles; que a su vez, han derivado en miles de detenciones arbitrarias, más de 4.000 heridos y numerosas muertes en contextos de protestas: 42 muertes en 2014, 163 en 2017, 14 en 2018 y 67 en 2019, según datos del OVCS.
«Más allá de la política de criminalización de la protesta social, la respuesta del Estado ha generado un andamiaje jurídico y fáctico, mediante el cual se crea un ambiente hostil y adverso al trabajo de la defensa de los derechos humanos en el que se identifica a toda persona que exija derechos como enemigo del Estado», detalla el informe.
Sobre la afirmación anterior, Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), afirma que el Sistema de Protección para la Paz construido por el Estado ópera de forma paralela mediante organismos que aplican control social y represión contra quienes defienden derechos humanos y resalta que en Venezuela, «cualquier persona que defienda los espacios democráticos y cuestione el autoritarismo es calificada como enemigo y sometida a procesos que buscan neutralizar su labor». En ese sentido, Ronnie Boquier, de Cofavic, explica que cada día uqnebtqn los riesgos para los defensores de DDHH en Venezuela, intensificando campañas de desprestigio, hostigamiento verbal y psicológico contra esta labor. «Es un riesgo mayor defender derechos en Venezuela. Ser defensor de derechos humanos en Venezuela es ser un enemigo interno» insiste.
Al cuantificar y categorizar el genero de defensores y ONG de derechos humanos que han recibido ataques o señalamientos, se encuentra que las organizaciones registran el mayor número de ataques con un total de 82 señalamientos, seguido del género masculino con 23 ataques y el género femenino con un registro de 16 casos.
En los ataques destaca Provea con 16, Foro Penal con nueve y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) con seis; convirtiendo a las ONG en «las más atacadas en el período 2018-2019». Otras personas y organizaciones expuestas a ataques reiterados son las ONG Prepara Familia, Codevida y Cofavic; así como el defensor de DDHH Luis Carlos Díaz, detenido arbitrariamente, sometido a tratos crueles y con medidas de restricción de su libertad que le impiden desarrollar su labor.
El informe concluye que «la represión en Venezuela se ha caracterizado por ampliar los patrones de incumplimiento del Estado, de sus deberes de prevenir, investigar y sancionar violaciones de DDHH, a diseñar e implementar políticas activas y articuladas mediante las cuales se perpetran abusos en contra de la población».
