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Denuncian persecución contra disidencia durante cuarentena por covid-19



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cuarentena DDHH
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TalCual | marzo 20, 2020

Solórzano y Prado alertaron que los cuerpos de seguridad actúan violando la Constitución y las leyes de Estado de Excepción al hacer arrestos y persecuciones por denunciar falta de insumos médicos


La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, y Humberto Prado, designado como comisionado de DDHH por parte del presidente del parlamento, Juan Guaidó, en calidad de presidente encargado de Venezuela con el reconocimiento de más de 50 países, ofrecieron una rueda de prensa en la que denunciaron abusos por parte de la administración de Nicolás Maduro «contra aquellos que se atreven a levantar su voz» durante la «cuarentena social» decretada como medida para frenar la expansión del coronavirus en el país.

La comparecencia ante los medios de comunicación se hizo por separado por las recomendaciones hechas por la OMS, como respetar la distancia entre personas y la poca aglomeración debido a la cuarentena para minimizar la propagación del covid-19, por lo que primeramente Solórzano fue la primera en declarar.

Alertó que el amedrentamiento que se está registrando en el país contra los trabajadores de salud, quienes han protestado por no tener insumos para combatir la pandemia del coronavirus, están siendo víctimas además de persecuciones y encarcelamientos por parte de organismos del Estado. «En vez de darle insumos para paliar la crisis y resguardar su salud, se les persigue, encarcela, se les sigue hasta sus hogares y se arresta a familiares», acusó.

En ese sentido, mencionó el caso de la detención de cuatro integrantes del gremio de la salud en el estado Monagas, haciendo énfasis en uno de los casos fue contra una persona de 76 años, a quien se le dio una medida de casa por cárcel por solo protestar.

*Lea también: ¿Qué medidas de prevención tomar en edificios ante el covid-19?

Por otra parte, indicó que la diputada Manuela Bolívar -quien coordina la ayuda humanitaria- dijo que el «monopolio» de despistaje del covid-19 lo maneja el Instituto Nacional de Higiene y que por ende, es muy complicado tener cifras distintas a las ofrecidas por los voceros de la administración de Nicolás Maduro.

Cuarentena «obligada» en cárceles de presos políticos

Reiteró la información de que existen cuatro funcionarios del Sebin-Helicoide que tienen síntomas parecidos a los del coronavirus, lo que pone en riesgo a la población de presos políticos que está recluida en ese lugar. Hizo énfasis en el caso del diputado Juan Requesens, quien tiene al parecer dos semanas con una afección respiratoria, por lo que su abogado, Joel García, pidió una medida humanitaria para su beneficio.

Tambíen recordó que Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó, cumple este sábado un año de su arresto arbitrario y dijo que padecía una condición de salud difícil por la hipertensión que padece, al igual que Juan José Márquez, tío del jefe del parlamento, quien está recluido en la Dgcim «con graves problemas de salud y crisis hipertensivas».

Señaló que las condiciones de reclusión en general de los presos de conciencia en Venezuela son deplorables y puso como ejemplo las celdas ubicadas en el sótano dos de la Dgcim donde hay 16 celdas y 60 reclusos dentro «sin ventilación, sin luz solar», con prohibición de visitas y de entrega de alimentos.

También habló sobre los casos de los diputados Renzo Prieto, Gilber Caro y Tony Geara. Respecto a Prieto, afirmó que esta preso en los calabozos de las FAES «donde no hay condiciones sanitarias»; acerca de Caro, denunció que se desconoce el paradero del legislador desde el pasado 20 de diciembre y sobre Geara, apuntó que el parlamentario fue detenido mientras estaba en recuperación de una operación de rodilla y con síntomas de coronavirus.

*Lea también: Delcy Rodríguez anunció plan de desinfección por covid-19 en el país

Por ello, pidió nuevamente que se realicen exámenes a todos para descartar que estén enfermos por esa situación y que se les brinde medidas humanitarias y aprovechar la cuarentena que fue decretada.

Recordó que las sanciones impuestas por Estados Unidos no afectan la compra de alimentos y medicinas, por lo que responsabilizó al Ejecutivo actual de «malgastar recursos en asuntos distintos».

Pidió a la ciudadanía respetar la cuarentena para superar la crisis.

Vamos a quejarnos ante el mundo

Entretanto, Humberto Prado indicó que las normativas actuales estarían violando las normas internacionales, así como violando de forma flagrante la Ley del Estado de Excepción y la Constitución, hecho que se evidencia en la limitación que se hace a los medios de comunicación a la hora de informar lo que ocurre respecto al coronavirus y sus incidencias en el país.

Indicó que los cuerpos de seguridad se «han tomado atribuciones» para arrestar a personas sin tener órdenes judiciales, para luego llevarlas a las sedes de las policías regionales. Refirió el caso de una de las enfermeras en el estado Monagas, cuando efectivos del Conas de la Guardia Nacional fueron a buscarla a su residencia. Como no estaba, los efectivos se llevaron a la nieta de la señora para liberarla después a medianoche.

«¿Acaso levantar la voz de quienes solicitan herramientas para atender la crisis y que estén seguros es para una medida privativa de libertad? Además, los crímenes que se les imputan: Agavillamiento, instigación al odio y alteración del orden público simplemente por decir que necesitan guantes y mascarillas. Por decir que no tienen agua y jabón. ¿Y por eso tienen que arrestar?», señaló.

*Lea también: Foro Penal pide a Cruz Roja solicitar acceso a las cárceles ante pandemia del covid-19

Indicó que se elevará un documento de protesta por cómo se desenvuelven los cuerpos de seguridad del Estado ante el sistema interamericano, el universal y a la delegación que está en Venezuela de la alta comisionada de la ONU para DDHH, Michelle Bachelet, por considerar que esa actuación pasa por encima de la ley de los estados de excepción, como pasó con el personal de salud en Monagas.

Reiteró la solicitud de brindar medidas alternativas o cautelares de libertad a los presos políticos como el líder sindical Rubén González, quien permanece preso en la cárcel de La Pica.

Aseveró que la situación, como la describe el régimen de control de lo que ocurre, no es real porque los servicios médicos no son continuos por la falta de profesionales, falta de servicios públicos, comida deficiente, así como también que la mayoría de la población carcelaria padece de enfermedades infectocontagiosas, por lo que los elementos de la cuarentena no se cumplen a cabalidad.

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Asamblea NacionalcoronavirusDelsa SolórzanoHumberto PradopersecuciónPresos políticos


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