Derechos humanos y política, por Rafael Uzcátegui
Twitter: @fanzinero
1) Política se ha convertido en una mala palabra entre nosotros, algo que describe una actividad realizada con oscuras intenciones. Los venezolanos y venezolanas nos encontramos agotados y cansados por la situación de país, que no se detiene en su deterioro. Las expectativas por lograr el cambio del estado de las cosas no se han cumplido y, en nuestra frustración, responsabilizamos a los políticos por esta situación. Si bien se han incurrido en muchos errores en la conducción del movimiento democrático por parte de los partidos políticos, también es cierto que ellos y nosotros nos hemos enfrentado a una situación desconocida: el progresivo desmontaje de la institucionalidad democrática. Y, frente a esta situación inédita, no hemos usado las herramientas y estrategias más eficaces para lograr el retorno de la democracia. Estos tropiezos del liderazgo democrático han aumentado, entonces, nuestra desconfianza tanto sobre la política como sobre los políticos.
Sin embargo, la palabra política no solo describe la actividad que hacen las personas dentro de una organización doctrinaria que busca el ejercicio del poder. La política es cualquier cosa que hacemos las personas para influir sobre nuestro entorno y generar cambios en el actual estado de cosas. Y si la política realizada por una persona es importante, cuando un individuo se asocia con otras para tener mayor capacidad de influencia, es mucho más eficaz.
Siendo así, desde esta perspectiva amplia, política es todo aquello que hacemos las organizaciones de la sociedad civil para el logro de nuestros objetivos, aunque no queramos nunca ejercer un cargo público.
Si intentar provocar cambios —en nuestro caso en positivo— es el objetivo de la política, tenemos que reconocer que todos nosotros y nosotras podemos hacer, y efectivamente hacemos, política en algún momento de nuestra vida.
2) Si la defensa y exigencia de nuestros derechos humanos es un acto político en sentido amplio, aunque no político-partidista, podemos pensar que el desprestigio de la palabra política también afecta alcanzar nuestros objetivos, que son la vigencia plena de los derechos reconocidos en la Constitución y la garantía de otros nuevos. Y esto es tan real que uno de las metas de los gobiernos populistas autoritarios, como el que ahora tenemos en nuestro país, es que la sociedad toda desconfíe de sus potencialidades, de su capacidad de asociarse y resolver sus problemas autónomamente. Es decir, que los ciudadanos hagan política. Y si la sociedad piensa que es incapaz, por sus propios medios de aportar a la solución de los problemas que afectan su vida, estará más dispuesta a entregarle esa responsabilidad a una persona, el caudillo o el representante máximo del Estado. Está siendo disciplinada para la delegación.
Desde 1999 hemos sido testigos de cómo todo el aparato de propaganda gubernamental ha construido un culto a la personalidad, en Hugo Chávez primero y después, aunque en menor medida, sobre Nicolás Maduro, para convencernos de que disfrutar de salud o acceder a una vivienda no es un derecho, sino una concesión, casi un favor, otorgado por ellos. Entonces, durante todo el ejercicio del poder del gobierno bolivariano ha existido una estrategia sistemática para quitarle capacidad a la gente y entregárselo a sus élites, a la cúspide del gobierno. Y aunque esto puede ocurrir mediante mecanismos violentos y de coerción, es mucho más eficaz cuando son consecuencia de la servidumbre voluntaria, cuando cada uno de nosotros piensa que la política es sucia y corrupta por naturaleza y, por tanto, para no ensuciarnos, delegamos y entregamos todo a la élite gubernamental.
Resumimos: es cierto que miembros de partidos políticos han incurrido en hechos de corrupción y, en diferentes ocasiones, sus organizaciones no tienen mecanismos democráticos de toma de decisiones. Pero el desprestigio de nuestra potencialidad de asociarnos para resolver problemas, de hacer política en sentido amplio, es una política de Estado del autoritarismo, con el objetivo de mantener dividida y fragmentada a la sociedad y que sea incapaz de modificar el actual estado de las cosas.
3) Los venezolanos nos encontramos en el peor momento de nuestra historia, por lo menos la que ha transcurrido desde 1958. La ausencia de democracia y la emergencia humanitaria compleja se han agravado durante la situación de pandemia. Siendo un momento extraordinario en nuestra vida, por tanto, demanda también que como ciudadanos hagamos más que lo que, en circunstancias normales, hacemos. Esta reflexión no es fácil.
En el caso de Provea tuvimos muchos años conversando sobre ello, estimulados por nuestros colegas del movimiento de derechos humanos del Perú, que debido a su experiencia bajo Alberto Fujimori en los 90 —un gobierno que llegó al poder mediante el sufragio y posteriormente se transformó también en una dictadura— desde muy temprano nos compartieron lo que aprendieron durante esos días.
Desde los primeros signos de la deriva autoritaria bolivariana ellos nos decían, de diferentes maneras, que cuando en un país ocurre un quiebre de la institucionalidad democrática las organizaciones de derechos humanos deben asumir un rol político. Un rol político en sentido amplio, como hemos venido explicando, no político-partidista. Y este rol político consiste, en pocas palabras, en sumar esfuerzos con otros sectores de la sociedad para lograr que retorne de la democracia. Esto nos exige, en nuestro caso, hacer más que lo que usualmente hacemos. Y seguramente contamos con recursos limitados y ya estamos desbordados de exigencias. Pero, lamentablemente, la gravedad de la situación lo amerita.
*Lea también: Argentina: de coaliciones electorales y colisiones de gobierno, por Santiago Leiras
Como nos lo explicaron nuestros colegas peruanos este trabajo político, en sentido amplio, no es solamente sumarnos a los esfuerzos de articulación por el regreso de la democracia que ya existan, sino que, si es necesario, convertirnos en actores clave en la apertura de nuevos espacios de confianza que permitan al resto de los sectores ponerse de acuerdo. Aunque se han visto casos, generalmente quienes participamos en una ONG o en una organización social o comunitaria no tenemos vocación de ejercer el poder en un cargo público, y esto nos otorga un nivel de reserva moral que pudiera darnos la legitimidad de convocar o reforzar espacios de articulación cuando, por el desgaste del conflicto, pareciera que no fuera posible que los representantes de los partidos políticos pudieran actuar juntos.
Porque cuando un ciudadano o ciudadana interviene en los asuntos públicos, es decir, hace política, no quiere sustituir el rol del liderazgo partidista sino precisamente generar las condiciones para que puedan cumplir de manera correcta con su trabajo de gestión de lo público.
4) Hacer política desde una organización social o comunitaria tiene sus riesgos. El más importante es no mantener la separación entre política, en sentido amplio, y política partidista, por lo que la identidad ideológica o partidista termina por sustituir o sobreponerse a nuestra identidad como activistas o defensores de derechos humanos.
Para poder mantener los campos claramente delimitados debemos actuar siempre con base en nuestros principios. En el caso de los defensores y defensoras, los principios en derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como los más importantes. Nuestra manera de pensar y razonar debe ser, en todo momento, desde los lentes de los principios en derechos humanos. Desde esta mirada aportaremos al conjunto de esfuerzos por el rescate de la democracia, que son realizados por miradas desde otros lugares y bajo otras prioridades.
Aclaramos que desde los derechos humanos se pueden hacer dos tipos de esfuerzos: el del activista y el del defensor. Un activista, en este caso, decide defender los derechos humanos de un sector o de un grupo de personas, la mayoría de las veces de la organización a la que pertenece o de quienes le son afines ideológicamente. Por tanto, decide racionalmente no defender los derechos de un determinado grupo de personas. En cambio, un defensor o defensora de derechos humanos debe defender a todos, sin ningún tipo de discriminación, en virtud del principio de universalidad. Está obligado a ser solidario sin mirar a quién.
Para ejemplificar podemos decir que Alfredo Ruiz, en su papel como defensor del pueblo, solo defiende los derechos de quienes a) se identifican con el chavismo y b) apoyan o, por lo menos, no critican al gobierno. Por tanto, es un activista de derechos humanos. No es un defensor. Los activistas son necesarios, pero cuando se dice que uno es un defensor, se debe actuar coherentemente.
Por otro lado, un defensor o defensora de derechos humanos, en el ejercicio de sus derechos políticos, puede simpatizar o estar inscrito en un partido político determinado. Sin embargo, en todo momento, su principal identidad es la de ser un defensor o defensora de derechos humanos, por lo que no dudará ni un segundo en defender los derechos de quienes adversan a su partido o tampoco debe titubear en denunciar las violaciones de derechos humanos en las que se encuentren involucrados funcionarios que representan al partido de su preferencia. Esto es actuar siempre guiado por los principios y no por las preferencias políticas. El día de mañana los defensores y defensoras de derechos humanos deberán defender, por ejemplo, el derecho a la defensa y al debido proceso de Nicolás Maduro en caso de que deba responder por sus actuaciones frente a un tribunal. No es una tarea fácil, pues los defensores también somos humanos, pero para no flaquear en nuestro trabajo siempre debemos aferrarnos a los principios y valores presentes en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
5) Desde la sociedad civil hemos aprendido, paulatinamente, a hacer política en sentido amplio. El promover una identidad propia, en medio del conflicto, nos ha obligado a cuestionar el chantaje unitario y hacer cuestionamientos a las diferentes autoridades cuando ha sido necesario. Tampoco ha sido sencillo y hemos tenido que extraer, para ello, enseñanzas de nuestros propios errores y silencios. Luego de tantos años en hacer causa común contra el autoritarismo, un hito importante de este ejercicio autónomo de política en sentido amplio fue cuando se interpeló la instrumentalización de la ayuda humanitaria, en febrero de 2019. Eso nos dio la suficiente autoestima para rechazar, a su vez, el llamamiento insurreccional en las inmediaciones de La Carlota, meses después.
Cuando llegó la pandemia a nuestro país no había vuelta atrás en la práctica autonómica, por lo que se les exigió a las diferentes autoridades que colocaran en primer plano el bienestar de la población e hicieran un alto en el conflicto para orquestar la mejor respuesta posible al coronavirus.
Recientemente, a pesar de que era impopular, un sector de la sociedad civil siguió siendo fiel a sus principios sobre la resolución pacífica y negociada del antagonismo y fue clave en la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Seguramente se cometerán otros errores, pero quienes desde la ciudadanía han comenzado a hacer política en sentido amplio, han decidido asumir en primera persona las riendas de su destino.
6) Actualmente existe una importante crisis de representatividad en la población, la cual desconfía de que los voceros políticos opositores puedan lograr el retorno de la democracia y la vigencia plena de la Constitución. El autoritarismo piensa que neutralizando a la clase política detendrá, por otra parte, los esfuerzos de promoción de la transición a la democracia. En este esfuerzo los ciudadanos, y quienes participamos en organizaciones sociales y comunitarias, tenemos un rol que cumplir, por lo que si nos asociamos para actuar políticamente, estos esfuerzos por volver a la democracia seguirán por diferentes vías.
Queremos que la clase política se recomponga, reflexione sobre sus errores y limitaciones y, finalmente, ejerza su rol. Pero anhelamos que eso sea acompañado, y con la inclusión, del resto de la sociedad, mediante canales de participación incluyentes y democráticos.
Hoy tenemos que recoger testimonios y documentar violaciones de derechos humanos realizando informes para remitirlos a los organismos internacionales de protección y hacer denuncias públicas. También tenemos que hacer trabajo humanitario, ayudando a las personas que más lo necesitan en este momento. Pero, además de esos esfuerzos, que seguramente ya consumen muchas de nuestras energías y recursos, debemos ponernos de acuerdo con otros sectores, incluyendo a la clase política, para poder recuperar la democracia, el único sistema de gobierno que puede garantizar el disfrute y ampliación de los derechos humanos. Otros países de la región han pasado por situaciones tan traumáticas como la nuestra. Los venezolanos no somos menos y tenemos tanta capacidad humana como ellos para lograr, en un futuro, un país para todas y todos. Que este tipo de preocupaciones sea, cada vez más de interés público, es un pequeño ejemplo de ello.
Rafael Uzcátegui es Sociólogo. Coordinador general de Provea.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
