Desde 2014 se han registrado 334 asesinatos por motivos políticos, afirma ONG
La organización Justicia, Encuentro y Perdón informó que 248 asesinatos por motivos políticos documentados se encuentran estancados en la denominada Fase Preparatoria. Algunos de ellos tienen una demora injustificada de hasta nueve años
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) presentó este jueves 1° de junio su informe «Análisis del crimen de asesinato en Venezuela», donde registraron al menos 334 casos de violaciones al derecho a la vida por motivos políticos desde 2014.
Martha Tineo, coordinadora general de JEP, destacó que el asesinato por motivos políticos forma parte de un patrón sistemático de ataque contra disidentes de la sociedad civil, ya sean reales o percibidos como tales.
La oenegé agrupó los 334 casos evaluados desde hace nueve años en tres grupos de víctimas: muertes en contexto de manifestaciones, muertes selectivas, que se han llevado a cabo directamente privando a la víctima de su derecho a la vida (caso Óscar Pérez) o el asesinato paulatino (caso capitán Rafael Acosta Arévalo); y un grupo de víctimas fatales bajo custodia del Estado, como los casos Fernando Albán, general Raúl Baduel o Salvador Franco.
«Si bien el delito autónomo de asesinato no está siendo objeto de la investigación, sí está el delito de persecución», señaló la abogada, por lo que desde la ONG se consideró necesario proveer información para sustentar aún más el delito de persecución que se investiga dentro de la Fiscalía de la CPI y sus implicaciones.
Mientras que Fernando Fernández, director de Monitor DDHH y especialista en derecho penal internacional, recordó que la legislación venezolana no contempla el delito de asesinato como delito común y mucho menos el asesinato tal como lo establece el Estatuto de Roma, que determina los crimenes de lesa humanidad, guerra, y el funcionamiento de la propia Corte Penal Internacional.
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De 248 casos documentados, equivalentes a 74,25%, se encuentran estancados en la denominada Fase Preparatoria, lo cual evidencia la existencia de una demora injustificada de hasta nueve años.
Cambios repetidos y arbitrarios de fiscales, diferimientos de audiencias, demoras en la práctica de diligencias de investigación, negativa de acceder al expediente para constatar el avance del caso y la presencia de jueces parcializados con el gobierno nacional, forman parte de los atropellos que han tenido que enfrentar los familiares de las víctimas.
Algunos incluso han sido objeto de amenazas de muerte, lo cual ha traído como consecuencia que huyan y abandonen el país por miedo a que alguna otra persona de su núcleo familiar sea asesinada.
Del total de casos, solo 19 asesinatos motivados políticamente cuentan con sentencias condenatorias, cifra que apenas representa 5,69%. «Demandar justicia en Venezuela es sinónimo de revictimizarse».
La abogada Martha Tineo explicó que estos hechos son juzgados como casos aislados y las condenas no suponen la gravedad del delito que se comete. «La mayoría condenadas por delito simple, culposo o, en el mejor de los casos, por motivos intencionales, pero ni siquiera por homicidio calificado por motivos fútiles, que es la máxima condena en el Código Penal».
Además, señaló que hay 100% de impunidad respecto a las cadenas de mando, pues en ningún caso de asesinato se han hecho antejuicios de mérito contra altos funcionarios que ordenaron estos crímenes, como también lo ha expresado en sus diversos informes la Misión de Determinación de Hechos.
Otra cuestión que han logrado registrar en Justicia, Encuentro y Perdón es que ha pasado tanto tiempo en las fases de investigación, con fallas procedimentales, que se llega a las fases de juicio sin pruebas y los tribunales dictan sentencias absolutorias.
La especialista en derecho internacional Daniela Suárez comentó que incluso «ha sido tanta la impunidad en condenas que al Estado no le ha quedado más que revisarlas y condenar de nuevo. No hay intencionalidad de juzgar y conectar estos delitos».
Asesinatos por manifestar
La abogada Daniela Suárez señaló que la ONG identificó dos políticas discriminatorias en torno a los asesinatos cometidos desde 2014 hasta la fecha: por motivos políticos, para reprimir, castigar y socavar a la disidencia, real o percibida; y por motivos de origen social y posición económica, desarrollado a través de operativos de seguridad en zonas populares.
Además, estos asesinatos tuvieron una coincidencia temporal, geográfica y personal con la investigación que adelanta la Fiscalía de la CPI.
Respecto a los asesinatos selectivos, la abogada destacó que algunos funcionarios del Estado han usado directamente a los cuerpos de seguridad como sus guardaespaldas personales. Comentó el caso de una protesta frente a la casa de una gobernadora por la crisis de servicios públicos; al día siguiente, no solo los manifestantes sino personas relacionadas fueron asesinadas por las FAES.
Justicia, Encuentro y Perdón contabilizó a 126 víctimas asesinadas por ejercer su derecho a la manifestación pacífica. 88% de los casos se produjeron en protestas por derechos civiles y políticos y el restante por derechos sociales, económicos y culturales.
Otros 168 asesinatos se cometieron en el contexto de manifestaciones pacíficas, es decir, la persona no necesariamente estaba protestando, mientras que 40 víctimas fueron asesinadas de forma selectiva en 2019.
Fernando Fernández dijo que esperan que la Fiscalía de la CPI formalice el crimen de asesinato en conexión con el de persecución, al menos desde 2014. «Ello debe incluir crímenes contra integrantes de los pueblos y comunidades indígenas afectados por la extracción del oro y otros minerales en el Arco Minero del Orinoco, ya sea como nueva línea investigativa o como parte de la investigación que ya está en curso».
También señaló que la necesidad de que la Misión de Determinación de Hechos sea más firme en la denuncia del crimen de asesinato y que relatores independientes de Naciones Unidas investiguen más a profundidad los crímenes contra pueblos indígenas, crisis ambiental, presencia de la guerrilla, corrupción.
La abogada Suárez también comentó que es importante que las víctimas y ONG continúen documentando este tipo de crímenes. Además considera fundamental que se incluya dentro de la investigación de la CPI o que sean investigados de forma autónoma los asesinatos en contexto de operativos de seguridad (ejecuciones extrajudiciales).
