Desobediencia civil, por Simón Boccanegra
Pareciera que se está acercando la hora de la «desobediencia civil». Este concepto implica no acatar leyes o disposiciones que se considere violentan o vulneran derechos ciudadanos. Pero no acatarlas a conciencia de que se asume un riesgo, incluso el de la cárcel o la multa elevada. Es decir, la «desobediencia civil» no es un mero desconocimiento pasivo de la ley o de un reglamento sino una postura activa de combate cívico y pacífico pero que entraña asumir las eventuales consecuencias represivas que puedan derivar de ese acto. A menos que, por supuesto, la «desobediencia civil» obligue al gobierno, en cualquiera de sus niveles o instancias, a echar atrás la medida que haya suscitado esa forma de protesta. Lo digo porque los medios informan que en Margarita se ha conformado un movimiento de rechazo a las elevadísimas multas que se impone a quienes superen un nivel de consumo eléctrico determinado por Corpolec. Llaman, los inspiradores de ese movimiento de desobediencia civil, a no pagar las multas, lo cual significa, en principio, que se asume el riesgo de que la corten. La cosa tiene mucho sentido. Multar a consumidores que reciben un pésimo servicio, plagado de apagones, como ocurre en todo el interior del país, constituye una forma de cinismo administrativo y político de marca mayor.
Este minicronista varias veces ha señalado que una las causas del desastre eléctrico reside en el congelamiento de las tarifas desde hace más de diez años, en un gesto de demagogia archiestúpido, cuyos resultados vemos ahora. Subir las tarifas de un modo racional y progresivo es una necesidad que, bien explicada, la gente entiende, siempre, por supuesto, que vean que el problema se está solucionando. Pero hacerlo de ese modo relancino, disfrazando el alza de tarifas de «multas» irracionales en su monto, y al voleo, no es sino otra jugada de estos especialistas en la ineficiencia, que no puede sino producir protesta y rechazo.
