Detención de familiares es parte de la represión selectiva a opositores de Maduro
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet llamó la atención sobre este fenómeno en alza. Desde 2018 han registrado 22 casos de personas que han sido detenidas de forma arbitraria mientras se buscaba a un familiar
La reciente detención del hijo del ingeniero eléctrico Winston Cabas, acusado por Diosdado Cabello en su programa semanal por sus denuncias sobre el sistema eléctrico, dejó en evidencia una práctica que vienen cometiendo los cuerpos de seguridad venezolanos para detener a los opositores al régimen de Nicolás Maduro. Apresar a un familiar o allegado no es una práctica nueva en Venezuela. Desde 2017 se tiene conocimiento sobre este “método” que usan los organismos para dar con el paradero del verdadero imputado.
Esta práctica tampoco tiene el sello de “hecho en revolución”. En los regímenes de corte dictatorial de la región, el detener a familiares se transformó en un método de presión sobre los perseguidos, con el objetivo de que se entregaran. El abogado y director vicepresidente del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, destaca que “esto es algo que se hace en este tipo de sistemas con mucha regularidad, no es algo nuevo, no es algo venezolano exclusivamente. Ocurrió durante la dictadura de (Augusto) Pinochet, de (Jorge Rafael) Videla en Argentina, también con Fujimori y en otros contextos”.
El caso del exalcalde Omar Lares y su hijo es emblemático desde que Maduro asumió el poder en 2014. Juan Pedro Lares Rangel fue apresado el 31 de julio del 2017 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) dentro de su vivienda. La orden era arrestar a su padre por incumplir una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre el despeje de las vías durante las manifestaciones antigubernamentales de ese año, pero al no encontrarlo en la casa, se lo llevaron a él.
Lares Rangel estuvo recluido casi un año en El Helicoide, sin una imputación penal o juicio. En ese tiempo solo pudo ver a su madre cuatro veces. Salió en libertad en junio de 2018 bajo un proceso de liberaciones que realizó la comisión de la verdad de la asamblea constituyente.
*Lea también: Cuerpos de seguridad tienen sus “públicos clave” cuando se trata de reprimir
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un informe el 4 de julio sobre la situación de los DDHH en Venezuela, y destacó que “los ataques contra familiares de opositores/as políticos/as son parte de la represión selectiva”.
El equipo de Bachelet logró documentar un número creciente de detenciones arbitrarias de familiares, “particularmente de mujeres”, de opositores a Maduro. “Sin tener acceso a abogados, son interrogadas sobre el paradero de sus familiares y, en algunos casos, son maltratadas y torturadas. Estas detenciones son llevadas a cabo como instrumento para ejercer presión sobre los supuestos fugitivos, pero también como un castigo”.
Además, el informe de Bachelet subrayó que los familiares también son víctimas de amenazas de muerte, daños adicionales, vigilancia, intimidación y hostigamiento. “Las mujeres son sometidas a violencia sexual y de género y humillación en sus visitas a centros de detención, durante operaciones de seguridad y allanamientos de domicilios”.
Por ello, Bachelet considera que el régimen de Maduro “ha utilizado las detenciones arbitrarias como uno de los principales instrumentos para intimidar y reprimir a la oposición política y cualquier expresión de disensión, real o presunta, al menos desde 2014”.
“Canje de personas”
Joel García, abogado penalista y profesor universitario, destaca que “hay casos que se saben y muchos otros no”, en referencia al miedo de las familias de ser víctimas de nuevas persecuciones y arrestos.
“Todos los cuerpos, llámese Dgcim, FAES y Sebin lo han practicado, más acentuado hacia el Sebin y la FAES, pero pareciera que hay una ‘libre competencia’ entre ellos en quien lo practica, pero cada día lo hace más frecuente y cada día ese barbarismo es más acentuado”, señala el también defensor del diputado Juan Requesens.
Himiob y García coinciden en que es un método arbitrario e ilegal, una práctica usada por los organismos de seguridad como un “canje de personas”, para obligar al que está requerido, “lo fuerzan” a entregarse a cambio del que está detenido.
El director del Foro Penal menciona que estos métodos los empezó a utilizar el Sebin y luego es la Dgcim el organismo que más los ha aplicado. Refuerza García que estas son detenciones arbitrarias que constituyen una violación del derecho a la libertad, “por cuanto son personas que no han cometido ningún hecho punible ni hay una orden judicial”.
Dgcim. Foto: ACN
“Son delitos que atentan contra derechos fundamentales, son delitos imprescriptibles, que atentan contra las libertades individuales, privaciones ilegitimas de libertad. Conlleva al delito de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada de personas. Es un cumulo de delitos que ellos pueden enfrentar, al igual que su cadena de mando”, asegura el abogado García.
El Artículo 44, numeral 1, de la Constitución establece que “la libertad personal es inviolable; en consecuencia: Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti”.
Mientras que el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 119, numeral 5, destaca que “Las autoridades de policía de investigaciones penales deberán detener a los imputados o imputadas en los casos que este Código ordena, cumpliendo con los siguientes principios de actuación: Identificarse, en el momento de la captura, como agente de la autoridad y cerciorarse de la identidad de la persona o personas contra quienes procedan, no estando facultados para capturar a persona distinta de aquella a que se refiera la correspondiente orden de detención. La identificación de la persona a detener no se exigirá en los casos de flagrancia”.
El arresto y detención del médico cirujano José Alberto Marulanda Beyoda es otra muestra de los excesos que cometen los cuerpos de seguridad. El 20 de mayo de 2018 fue detenido por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Fue torturado, lo que le produjo una lesión auditiva y daños en sus manos, antes de que fuese presentado en tribunales.
Procesado por la justicia militar, a pesar de ser un civil, se ordenó su reclusión bajo los presuntos delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión. Todo esto por mantener una relación con la capitana de Navío retirada Emmy Mirella Da Costa, señalada de estar involucrada en una rebelión militar contra Maduro y a quien realmente querían detener.
En 2018 también salió a relucir un caso parecido, aunque no involucraba los motivos políticos. Ángelo Vásquez, de tres años de edad, fue secuestrado por funcionarios de la Guardia Nacional en los Valles del Tuy (estado Miranda).
El pequeño estuvo más de un mes en manos de los militares, y solo fue liberado cuando su madre hizo la denuncia pública a la Asamblea Nacional, luego de haber acudido a la Fiscalía, Cicpc y Defensoría del Pueblo sin recibir respuesta.
«El Estado es responsable de las violaciones a los derechos humanos en las que incurra y específicamente es responsable de las detenciones arbitrarias en las que incurran sus funcionarios”, asegura Gonzalo Himiob.
Además, el vicepresidente del Foro Penal afirma que esta es una “práctica lamentable, bien peligrosa además porque refleja que el poder no tiene ninguna disposición de apegarse a los mecanismos legales para adelantar sus investigaciones, incluso aunque tuvieran motivos para tener solicitada a una persona, es absolutamente ilegal detener a sus familiares para que esa persona aparezca o comparezca”.
Según datos de esta ONG, desde 2018 han registrado 22 casos de personas que han sido detenidas de forma arbitraria por cuerpos de seguridad del Estado mientras se buscaba a un familiar, que era el verdadero señalado por la justicia o las autoridades gubernamentales de presuntamente cometer algún delito.
De ellos, 15 fueron liberados sin presentarlos ante algún tribunal, dos están privados de libertad y en espera de juicio todavía (el doctor Marulanda y José Eloy Rivas Díaz), una se encuentra privada de libertad (Luceydi Mina Banguera), Carlos Pérez sigue preso en espera de un fiador, Ariana Granadillo Roca fue liberada aunque con medidas cautelares (prohibición salida del país, presentación cada ocho días y prohibición de declarar en medios), mientras que María Auxiliadora Delgado Tabosky y Juan Carlos Marrufo Capozzi aún se encuentran detenidos por la Dgcim pese a que un tribunal emitió una boleta de excarcelación.
Ante ello, la Oficina de Bachelet dice en su informe que “a menudo, las detenciones carecían de fundamento legal”, y también “encontró graves y repetidas violaciones de la garantía del juicio justo en cada uno de estos casos”.
