«Detención de Rocío San Miguel es un ataque frontal y feroz contra movimiento de DDHH»
Defensores de derechos humanos exigen al sistema regional y universal de protección tomar medidas para comprobar el estado de salud de Rocío San Miguel, quien cumple cinco días detenida tras haber sido vinculada a una presunta trama terrorista
Más de 10 organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron este miércoles 14 de febrero para rechazar la detención de la abogada Rocío San Miguel y exigir su liberación.
Consideran que la orden de consulta pública de la «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines» y luego el encarcelamiento de la defensora de derechos humanos de la ONG Control Ciudadano «es un ataque claro, duro, frontal y feroz contra el movimiento de DDHH», dijo Martha Tineo, coordinadora de Encuentro, Justicia y Perdón.
Durante una concentración en las afueras de la oficina de las Naciones Unidas en el país, representantes de las organizaciones no gubernamentales Acceso a la Justicia, Laboratorio de Paz, Justicia, Encuentro y Perdón, Civilis DDHH, Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), Provea y otras ONG, defensores de DDHH exigieron al sistema regional y universal hacer todas las gestiones necesarias para comprobar el estado de salud, la integridad física, mental y psicológica de Rocío San Miguel tras cinco días de su detención e incomunicación.
Claudia Carrillo, coordinadora de Cofavic, consideró que la detención de San Miguel tiene un impacto en la sociedad y que su situación «genera un efecto intimidatorio y busca destruir la confianza de la ciudadanía, generar polarización, quebrantar el tejido social».
Rocío San Miguel fue detenida el pasado viernes 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y fue acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación y de presuntamente estar involucrados en la trama conspirativa denominada «Brazalete Blanco», cuyo objetivo era asesinar a Nicolás Maduro y otras autoridades. También fueron detenidos y acusados cinco familiares de la defensora de DDHH, incluyendo a su hija.
Andrea Santacruz, directora de la ONG Civilis, calificó la detención de Rocío San Miguel como represalia por defender derechos humanos. Los defensores de DDHH aseguraron que con este patrón se confirma que en el país se comete persecución política y se condena a la disidencia. Pidió la liberación de San Miguel y de todos los demás presos políticos del país.
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Claudia Carrillo reiteró que la detención de San Miguel y de otros cuatro familiares ―excarcelados con medidas cautelares― demuestran un patrón que incluye la desaparición forzada como mecanismo para aislar, intimidad y reducir a las víctimas.
Lexys Rendón, coordinadora de Laboratorio de Paz, exigió a los gobiernos democráticos y a las organizaciones internacionales que se pronuncien sobre la detención de San Miguel y pidan su liberación.
La abogada Tineo afirmó que este patrón de detenciones contra defensores de derechos humanos forma parte del cierre del espacio cívico e implica que se profundizan las violaciones de DDHH, se profundiza la criminalización, la persecución y consideró que «puede seguir escalando».
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