El 8 de octubre de 2018, el fiscal Saab informó a través de VTV el supuesto suicidio del concejal, en una versión que se contradijo poco después
El partido Primero Justicia denunció la tarde del 1° de marzo que la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanó el apartamento y la oficina del concejal de Libertador Fernando Albán, quien falleció en octubre pasado bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
A través de las redes sociales, PJ informó que la Dgcim ingresó en el apartamento ubicado en la urbanización Los Chaguaramos. » ¿Qué busca el DGCIM en la vivienda de Fernando después de 4 meses de su asesinato? Alertamos ante cualquier evidencia falsa que quieran sembrar».
#Urgente 4:33 pm
Comisión del ??? DGCIM no solo allana en este momento la residencia de Fernando Albán sino también su oficina
El régimen usurpador pretende sembrar falsas evidencias en contra de Fernando quien fue asesinado en el SEBIN
— Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) 1 de marzo de 2019
El concejal Albán fue acusado por el régimen de Nicolás Maduro de estar vinculado al presunto intento de magnicidio del gobernante venezolano ocurrido el 4 de agosto de 2018, durante un acto militar en la avenida Bolívar de Caracas.
El dirigente de PJ fue detenido en octubre de 2018, apenas ingresó al país luego de participar en una reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). Albán estuvo desaparecido por al menos 24 horas, y apareció en la sede del Sebin ubicado en Plaza Venezuela.
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El 8 de octubre, el fiscal Saab informó a través de VTV el supuesto suicidio del concejal, en una versión que se contradijo poco después. Desde la oposición se culpó a los funcionarios del Sebin de torturar a Albán hasta su muerte, que fue simulada al lanzarlo desde el piso 10 de Plaza Venezuela.
En diciembre de 2018, la defensa del dirigente opositor denunció al entonces director del Sebin Gustavo González López por los presuntos delitos de privación ilegítima de libertad, desaparición forzada, encubrimiento, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, homicidio calificado o ejecución extrajudicial, y asociación para delinquir.
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A principios del mes de febrero, el abogado Ramón Aguilar denunció a Saab ante la Defensoría del Pueblo por el delito de “encubrimiento”, debido a que se le niega el acceso al expediente original sobre la muerte del concejal Albán.
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