Fiscalía solicita orden de arresto contra presidente de Gas Comunal por supuesta corrupción
El presidente de Gas Comunal, Jacob Grey, se encuentra evadido de la justicia mientras otros tres funcionarios están presos en la Dgcim
El fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, indicó este martes 4 de febrero que fueron solicitadas órdenes de aprehensión contra el presidente de Gas Comunal de Pdvsa, Jacob Grey, el gerente de la planta de llenado de Charallave en el estado Miranda, Yohandry José Guevara Álvarez; y los gerentes de las plantas de llenado en Apacuana y El Tambor, Oriana Alejandra Betancourt Corales y Eder Alexis Dugarte, respectivamente por estar ligados a una supuesta red de corrupción que cobraba comisiones en dólares para llenar las bombonas de gas a las empresas que lo distribuyen.
Tres de los cuatro sujetos fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en operativos que se llevaron a cabo entre el 1° y 2 de febrero, mientras que indicó que Grey está prófugo de la justicia.
Explicó que tras la detención del ciudadano identificado como Adán Contreras, propietario del galpón Maracay Gas 2020 y quien no tenía la permisología adecuada para vender el carburante, se identificó lo que ocurría.
En el negocio de Contreras se encontraron 4.000 bombonas de gas de distintos tamaños, siete camiones y un teléfono celular de donde se extrajeron conversaciones en las que salían salpicadas otras personas y al ser detenido y presentado, reveló el esquema de corrupción que involucraba a los funcionarios.
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«Estos funcionarios exigían pago en dólares de comisión por el llenado de cada bombona, adicional al costo en bolívares que era abonado a la cuenta de la empresa. Esto ataca los bolsillos de las amas de casa y los trabajadores», exclamó Saab.
Además, señaló que Contreras confesó haber llenado más de 12 mil cilindros de gas en pocas semanas, lo que según las cuentas del fiscal designado por la impuesta ANC. eran unos 24 mil dólares en comisiones ilegales. Las personas ligadas al negocio contarían con sujetos armados que estarían amedrentando a los distribuidores de gas para evitar que fueran denunciados.
Los distribuidores cobraban $10 por las bombonas pequeñas y $40 por las grandes.
En otro caso, fueron detenidos el exinspector jefe de la Inspectoría de Trabajo del estado Nueva Esparta, Pedro Luis Aliendres Vásquez, y el inspector jefe de la Inspectoría de Trabajo del estado Sucre, Elías Antonio Martínez Fonseca, por supuestamente estar haciendo negociaciones ilegales que favorecerían a las empresas en los procesos abiertos dentro de las oficinas de las entidades mencionadas.
Denunció que Martínez Fonseca y Aliendres Vásquez cobraban a las compañías para hacer que dentro de las Inspectorías no se diera el proceso de reenganche.
El gas y un nuevo golpe contra el «plan desestabilizador» de López
El fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, develó este jueves 4 de febrero el avance de las investigaciones por parte de la Fiscalía sobre el presunto ataque a la Asamblea Nacional afín a Nicolás Maduro y que supuestamente fue organizada por el opositor Leopoldo López.
Saab indicó que el 28 de enero se llevó a cabo la audiencia de presentación del ciudadano Richard Grillet Álvarez, quien se desempeñaba como oficial de seguridad en la División de Prevención y Control de Pérdidas de la Asamblea Nacional, donde se le acusó por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir y se le dictó privativa de libertad.
Según las pesquisas adelantadas por el Ministerio Público, Grillet Álvarez se habría comprometido a realizar acciones de sabotaje, robo de información clasificada, acciones terroristas y supuestamente facilitar el ingreso al Palacio Federal Legislativo de «de grupos extremistas» para atentar contra la vida de los parlamentarios.
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Al parecer, el acusado habría tenido contacto con un ciudadano identificado como Mariano José Ugarte Merino, quien se desempeñó como policía en el municipio Girardot del estado Aragua, y que de acuerdo a informaciones de inteligencia, está radicado en Colombia «la misión de reclutar y organizar grupos de exmilitares y expolicías, así como también activos dentro y fuera del territorio nacional; con la finalidad de planificar y ejecutar actividades conspirativas».
A finales de enero, el presidente de la AN de Maduro, Jorge Rodríguez, denunció que Leopoldo López estuvo detrás de la planeación y que además habría ordenado un ataque con bombas a la sede de la Asamblea Nacional en una sesión ordinaria del parlamento.
“Aún desde España, el señor Leopoldo López planificó un ataque con bombas a la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela. Vamos a mostrar todas las pruebas, y fue capturada la persona que iba a colocar los aparatos explosivos en medio de una sesión de la AN la semana pasada”, enfatizó entonces.
En la misma alocución, acusó a Jesús Silva, quien fuese embajador y luego encargado de negocios de España en Venezuela, de permitir que desde la sede diplomática se tuviese comunicaciones “con criminales y narcotraficantes”.
Con información adicional de Últimas Noticias
