Diga lo que diga Maduro, se siguen cobrando y pagando los alquileres
El 95% de los propietarios y arrendatarios han llegado a acuerdos que los beneficien a ambos, según voceros del sector inmobiliario. Sin embargo, muchos particulares necesitan seguir cobrando a sus alquileres porque dependen de ese dinero para sobrevivir a la hiperinflación
Para María Gabriela Carmona, arrendadora de dos habitaciones de su penthouse en la avenida Rómulo Gallegos (estado Miranda), es sencillamente imposible acatar la medida de Nicolás Maduro de suspender el pago del alquiler hasta finales del primer trimestre de 2021. Ni siquiera puede considerar sentarse con sus inquilinas para acordar una rebaja de las mensualidades que les cobra. Este dinero es su único sustento para sobrevivir en un país donde se necesitan más de 200 dólares solo para hacer un mercado básico que dure un mes.
Carmona, de 58 años de edad, le alquila en 70 dólares la habitación más grande de su vivienda, con baño privado y un vestidor, a una mujer de 50 años. El otro cuarto, también grande pero sin baño privado, a una joven de 24 años en 60 dólares. Estos 130 dólares es lo único que tiene para alimentarse, comprarle la comida a sus dos perros, pagar los servicios y el condominio, que entre 2018 y septiembre de 2020 aumentó de 500 a 3.000.000 de bolívares.
«Es la única entrada que tengo», dice, «mi único sustento no para vivir, sino para sobrevivir. No tengo más nada. Yo dependo de eso para pagar todos los servicios y para que mis mascotas y yo podamos comer. Maduro puede decir lo que quiera, él lo puede suspender, pero yo no puedo decirle a mis inquilinas que no paguen. Ellas saben que tienen que cancelar mensualmente. Cómo no le vas a cobrar a una persona que utiliza todo en tu casa. Aquí hay cama, clóset, ganchos, nevera, lavadora, secadora. Tengo tres amigas que están alquilando para poder sobrevivir».
En agosto, Maduro extendió las medidas económicas que anunció en marzo, cuando decretó el estado de alarma por el coronavirus. Entre estas medidas se encuentra la suspensión del pago de arrendamientos de inmuebles para uso comercial y viviendas principales, así como la prohibición del desalojo forzoso de los inquilinos. «Cuenten con mi apoyo directo en esta situación difícil. Somos socialistas y tenemos la capacidad y solidaridad, protección y acompañamiento», dijo Maduro.
El Decreto N° 11 del estado de alarma, publicado en la Gaceta Oficial 41956, de fecha 2 de septiembre de 2020, suspende, en el artículo dos, la aplicación del artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que permite el desalojo si el arrendatario cometió alguna de las siguientes cuatro faltas: dejó de pagar cuatro cánones de arrendamiento sin causa justificada, destinó el inmueble a usos deshonestos o indebidos, ocasionó deterioros mayores que los provenientes del uso normal del inmueble o hizo reformas no autorizadas por el arrendador, o incumplió «las disposiciones de la normativa que regule la convivencia ciudadana».
Sin embargo, a Katherine Colmenares, madre soltera que vive alquilada con su hija de 8 años en un edificio de la Misión Vivienda en Fuerte Tiuna -pese a que el alquiler en estos condominios está expresamente prohibido por las autoridades-, su arrendador le dio dos opciones: o seguir pagando o desocupar la vivienda. «Yo elegí la primera porque nadie quiere alquilarle a personas con niños, porque piensan que la persona se quedará con el inmueble a la larga», dice.
Colmenares paga 80 dólares mensuales por vivir en el apartamento con dos habitaciones y un baño. «Me dijo que necesitaba que le siguiera pagando porque lo alquiló con la finalidad de tener un ingreso extra, y que necesitaba el dinero porque es un servicio que me prestan a pesar de que el presidente dijo que todo eso estaba parado», agrega Colmenares, quien vende yogures y cojines elaborados por ella misma y atiende, con más mesura que antes de la pandemia, a algunos clientes con su trabajo de estilista independiente. Esto, para seguir cubriendo los gastos básicos de su casa.
Algunos comercios entregan las llaves
El Decreto Nº 11 de Alarma también suspende la aplicación de la causal de desalojo establecida en el literal «a» del artículo 40 del Decreto de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, por lo que protege al arrendatario que haya dejado de pagar dos cánones de arrendamiento y/o dos cuotas de condominio o gastos comunes consecutivos. Sin embargo, los establecimientos comerciales que, por la naturaleza de su actividad, se encuentren operando o prestando servicio activo, es decir, de los sectores priorizados y los autorizados para trabajar las semanas de flexibilización, tendrán que seguir pagando a los propietarios, si no serán desalojados, de acuerdo con lo establecido en el artículo cinco del decreto.
En Maracaibo, estado Zulia, muchos comerciantes están dejando los locales porque no pueden seguir en el negocio, asegura a TalCual el ingeniero Ezio Angelini, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. «Simplemente no están facturando y no pueden seguir en el negocio. La situación es muy compleja. Es muchísima la cantidad de locales vacíos, es increíble lo que se está viendo desocupado, porque están entregando porque no pueden pagar».
«Hay mucha devolución de locales, muchos locales que simplemente la gente, como no puede llegar a ningún entendimiento y no está vendiendo nada, despide el personal y entrega el local. Hay una cantidad de locales vacíos que impresiona».
En el Zulia, más de 90% de los establecimientos no está trabajando por la cuarentena, la escasez de combustible y el colapso de los servicios públicos. Dirigentes gremiales advierten que el sector no sobrevivirá si se continúa aplicando el esquema de flexibilización 7+7, que permite a las empresas operar dos semanas al mes y a un horario reducido.
De acuerdo con un estudio realizado por Consecomercio, 90% de las empresas se han declarado en estado de afectación, de las cuales 20% cataloga esa afectación como catastrófica, con pérdidas mayores al 60%. La encuesta del gremio revela que 96% de las empresas no ha recibido ningún tipo de apoyo, y 60% atribuyen el colapso al entorno político y económico, a la falta de apoyo de políticas públicas, a la falta de acceso a créditos, a la crisis económica y migratoria, a la escasez de gasolina, al rezago tecnológico, y a la cuarentena prolongada, que ha tenido efectos negativos en el aparato productivo. De continuar esta situación, 81% de las empresas se declararían en franco riesgo, advierte Consecomercio.
Angelini señala que otros comerciantes han logrado llegar a acuerdos con los arrendadores, permitiendo descuentos, el pago de una cantidad determinada y/o la exoneración de algunos meses. «También veo que en muchos casos están llegando a buenos acuerdos. Eso me parece muy positivo. Hay unas rebajas bastante sustanciales en algunos casos, de 50% incluso, y algunos meses exonerados».
En este sentido, el presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, llama a establecer acuerdos con características de ganar-ganar entre los arrendadores y los arrendatarios para que ambas partes deben salir beneficiadas.
«En Venezuela, el prototipo de inversionistas inmobiliarios es pequeño, y muchas veces viven precisamente de ese arrendamiento. Pero también el inmueble puede estar arrendado a una empresa o comercio pequeño que también vive del fruto de su trabajo y esfuerzo. Entonces, yo creo que en dos personas, en dos entes que tienen las mismas necesidades que estamos pasando todos los venezolanos, perfectamente cabe un acuerdo. Si a ese nivel empezamos a tener acuerdos, pues tendríamos optimismo para que a nivel más alto también llegáramos a acuerdos importantes e imprescindibles para mejorar la situación de la gente», dice Capozzolo.
Establecer acuerdos
Francisco López Domínguez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, celebra que el decreto permita el acuerdo entre las partes. «Entendemos que hay arrendatarios que no están produciendo, que la situación está mala, y hay arrendadores que necesitan imperiosamente el ingreso por el arrendamiento, pero si se ponen de acuerdo, entonces están por encima de cualquier disputa, de cualquier decreto», dice.
Indica que 95% de los arrendatarios y arrendadores han logrado acuerdos. «Es decir, hay arrendatarios que no están produciendo y hay arrendadores que entienden la situación y permiten que lo paguen después, que paguen la mitad o en partes; e igual al revés, hay arrendatarios que saben que hay arrendadores que no son los grandes latifundistas, centros comerciales. Lo importante es que si nos ponemos de acuerdo entre las partes, el objetivo final creo que es excelente.
«Los que no se hayan puesto de acuerdo, lo que dice el decreto claramente es que tienen que acudir al Sunavi, en el caso de vivienda, como al Sundde, en el caso de locales comerciales. Nosotros hemos ofrecido las cámaras como una especie de suerte de jueces de paz».
En efecto, el artículo tres del decreto establece: «Las partes de los respectivos contratos de arrendamiento podrán acordar, mediante consenso, términos especiales de la relación arrendaticia en el plazo a que refiere este Decreto, a los fines de adaptarla a la suspensión de pagos; para lo cual podrán fijar los parámetros de reestructuración de pagos o refinanciamiento que correspondan».
Los alquileres han crecido
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela afirma que ha habido un incremento en operaciones de alquileres. Señala que en 2019 hubo un repunte de entre cinco y diez por ciento en cuanto a alquileres, y este año ya se registra un aumento de 25 por ciento.
«Hay gente que quiere disminuir el tamaño de la vivienda, gente que necesita mayor tamaño, gente que quiere vivir en la ciudad, gente que se quiere mudar al interior, hay un poco de todo, ese mercado no se ha detenido, de hecho, se han celebrado muchos contratos privados, los cuales son legales, simplemente que el traspaso de la propiedad, lo dice claramente la norma, debe ser ante el registro subalterno. Hemos pedido que nos dieran algunas alternativas mientras los registros están cerrados, pero no hemos podido llegar a acuerdos».
La Cámara ha propuesto que se digitalicen todos los registros y notarías, de tal manera que todas las operaciones se pudiesen hacer vía digital. Sin embargo, están conscientes de que es una fase un poco más ambiciosa, por lo que no ven que se pueda llevar a cabo en el corto plazo. «Pero debemos enfrentar ese tema para poder avanzar. Mientras tanto, se han celebrado contratos privados, y en la medida en que han ido abriendo los registros algunas semanas, se han celebrado esas operaciones que ya privadamente se habían celebrado desde marzo».
