Diputados califican de violencia estatal asesinato de comerciante en Anzoátegui
El parlamentario José Prat aseveró que las «mafias del combustible» están cobrando la vida de venezolanos, pues «hubo una repartición mafiosa de las estaciones de servicio a grupos de enchufados e incluso cuerpos de seguridad»
Los diputados de la Asamblea Nacional calificaron de violencia estatal el asesinato de un comerciante por parte de funcionarios de la Guardia Nacional en Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, el fin de semana.
Durante un debate sobre los abusos cometidos por los cuerpos de seguridad, la diputada Tatiana Montiel aseveró que el asesinato de Carlos Enrique Chaparro, comerciante de quesos de Aragua de Barcelona, no ocurrió «como una consecuencia de una situación de tensión, este crimen ocurrió por el terror que se impone con el control de las armas y por la imposición de un esquema mafioso en la venta y distribución de combustible».
La tarde del 25 de julio, se suscitó una protesta en la estación de servicio Buenos Aires, de esa localidad, pues conductores y ciudadanos que llevaban más de 10 días en cola para surtir gasolina reclamaron a funcionarios de la Guardia Nacional, quienes permitieron el ingreso de personas a la bomba.
Durante el reclamo, los funcionarios dispararon contra los ciudadanos, resultando heridos Chaparro (quien falleció camino al hospital) y Cristóbal Ruiz, quien fue operado de urgencia y se mantiene en cuidados intensivos tras haber perdido un riñón por las balas.
La diputada Montiel señaló que «ante el reclamo y legítima protesta lo que recibieron fue tiros, el uso de armas del Estado contra ciudadanos que estaban haciendo un reclamo legítimo. Eso es violencia estatal, uso indebido de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, es un vulgar asesinato«.
Además, indicó que entre 2016 y 2019 se reportaron de forma oficial más de 16 mil muertes en presuntos enfrentamientos contra cuerpos de seguridad, «pero sabemos que muchos de ellos no fueron tales».
Por su parte, el diputado Juan Carlos Bolívar dijo que este tipo de situaciones se producen por la «anarquía y el estado fallido en el que se encuentra Venezuela, cuando este régimen pisotea los derechos humanos y viola la Constitución». Solicitó que la Comisión permanente de Defensa de la AN investigue estas actuaciones de la Guardia Nacional.
El parlamentario José Prat aseveró en su intervención que las «mafias del combustible» están cobrando la vida de venezolanos, pues «hubo una repartición mafiosa de las estaciones de servicio a grupos de enchufados e incluso cuerpos de seguridad, y el afectado es el pueblo venezolano, que además debe pagar la gasolina en dólares. Desde la Asamblea Nacional nos solidarizamos con los familiares y con el pueblo de Aragua de Barcelona, así como con el resto del país».
Por último, Héctor Cordero dijo que las dos muertes ocurridas en julio por reclamos de gasolina en Zulia y Anzoátegui, «son consecuencia del fracaso de las políticas del régimen de Maduro. No se puede justificar que en un país que tuvo una de las empresas petroleras más importantes del mundo, los ciudadanos tengan que pasar más de cinco días en cola. Esta destrucción de la industria ha generado el bachaqueo y el contrabando de gasolina».
Resaltó que situaciones como las ocurridas en Aragua de Barcelona e Isla de Toas pueden replicarse en cualquier lugar de Venezuela donde haya colas por gas o gasolina, «porque la gente está cansada, está asqueada y reclama por sus derechos«.
Ayuda humanitaria y covid-19
Durante la sesión virtual del 28 de julio, el presidente de la comisión especial para ayuda humanitaria, Miguel Pizarro, ofreció un informe sobre los avances que se han realizado para atender la emergencia debido a la covid-19 por parte de la Asamblea Nacional y el gobierno interino, presidido por Juan Guaidó.
El diputado, quien se encuentra en el exilio y además es comisionado para el Sistema de Naciones Unidas, señaló que están en una etapa de financiamiento a la respuesta humanitaria a través de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Cruz Roja Internacional para la importación de material de protección que será distribuido al personal sanitario venezolano.
El 25 de julio, Juan Guaidó informó sobre la aprobación de una orden de pago por 17 millones de dólares a la OPS y Cruz Roja Internacional, dinero que proviene de cuentas venezolanas bloqueadas en el extranjero.
Además de la compra de material de protección, Pizarro dijo que parte de ese monto se utilizará para aumentar la capacidad de detección del virus en el país y descentralizar las pruebas PCR. La tarea quedará en manos de la OPS, quien ya ha identificado algunos laboratorios en todo el país, debido a los acuerdos suscritos con el Ministerio de Salud, y será el organismo quien equipe y dote a estos laboratorios en primera instancia.
Detalló que la priorización de la ayuda será en base a los estados donde hay mayor cantidad de casos de coronavirus o que estén más afectados por la pandemia, como se hizo con una reciente entrega de material de protección, que fue entregada a hospitales de seis estados.
El también presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, destacó que «lo que podemos hacer dede el parlamento nacional es ejercer el mandato del pueblo venezolano y es buscar un cambio urgente y la instalación de un gobierno de emergencia nacional que se aboque a atender a los venezolanos y no tildarlos de bioterroristas o asesinarlos».
Recordó los recientes aportes a dos organismos multilaterales para poder atender la emergencia, y reiteró sus condolencias a los familiares de los médicos fallecidos por la covid-19. «Hay que apoyar y fortalecer a los que están haciendo el trabajo para proteger al pueblo de Venezuela, es el mejor tributo que podemos darles».
Observatorio de seguridad alimentaria
El segundo vicepresidente Carlos Berrizbeitia propuso la creación de un Observatorio de seguridad alimentaria y nutricional de la Asamblea Nacional, con el objetivo de trabajar junto a científicos sociales para hacer un diagnóstico y recomendar políticas públicas para las familias venezolanas con respecto a este tema.
Citó la Encuesta de Condiciones de Vida 2019-2020 (Encovi) que refiere que más del 90% de los venezolanos no cumple con los requirimientos alimentarios diarios y además se encuentran en inseguridad alimentaria. «Sabemos que durante estos 20 años las políticas alimentarias han sido el génesis de la corrupción, no pensando en la alimentación de los ciudadanos».
El acuerdo, aprobado por los diputados presentes, establece la realización de encuestas y recepción de denuncias con respecto a la violación de derechos alimentarios, es especial sobre la situación de inseguridad alimentaria de los hogares venezolanos.
Además, el observatorio tendrá como misión concientizar sobre el derecho a la alimentación en el país y difundar la violación de los mismos.
Diputados presos
En un punto de información, la diputada Adriana Pichardo denunció la grave violación de los derechos humanos de los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, quienes se encuentran detenidos por razones políticas.
Sobre la situación de Gilber Caro, la parlamentaria detalló que se encuentra detenido en la sede de las FAES en Caricuao, una sede policial que no tiene instalaciones para mantener a personas detenidas. Al diputado lo mantienen durmiendo bajo una escalera, solo con un colchón para dormir y está aislado.
La hermana del parlamentario, Yeidi Caro, denunció que está en un espacio pequeño donde está solo, se le niega el acceso al agua o alimentos. Además, señaló que ella misma ha sido víctima de tratos degradantes, pues el pasado 26 de julio la obligaron a desnudarse y la tocaron de forma inapropiada.
Además, indicó que este 28 de julio, a través de otros familiares, fue informada que no podría visitar más a su hermano: «Que me dijeran que no me iban a dejar ver más a Gilber, que no lo iba a ver más porque no quieren que diga las condiciones en las que está él».
Con respecto a la situación del diputado por Táchira Renzo Prieto, la parlamentaria destacó que se encuentra incomunicado en la sede de las FAES ubicada en La Quebradita, «en condiciones infrahumanas, desprovisto de alimentos, agua y sin recibir luz solar. Además padece de problemas de la columna». En ambos casos, no se les ha permitido el derecho a la defensa, pues la abogada de ambos parlamentarios no ha podido juramentarse para llevar su causa judicial.
