Edison Lanza asegura que norma contra el Odio fue hecha para inhibir a los ciudadanos
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, dijo que por medios directos establecidos por el propio Estado o indirectos como la compra de medios de personas afines al Gobierno, ha mermado la libertad de expresión en el país con el cierre de medios.
Durante su participación en un foro sobre la normativa contra el odio propuesta por la Asamblea Constituyente, Lanza refirió que en esta norma se mezclan cuestiones de categoría de derechos humanos con el debate político.
Además, señaló que no es un tipo penal ajustado a los delitos de odio, sino que simplemente habla de discriminación sin algún otro basamento. “Es una puerta que se abre a la discrecionalidad de fiscales y jueces en un país donde se reconoce que no hay independencia judicial para penalizar expresiones que en cualquier momento un fiscal pueda entender que incitan al odio o la violencia”.
Lanza indicó que esta normativa pareció preocupante a la Relatoría, pues:
-Se recurrió al mecanismo de la ANC que no ha sido reconocido por la comunidad internacional, y no se cumple con los estándares internacionales sobre la libertad de expresión. Además, esta “ley” contiene términos precisos e inequívocos.
-Las motivaciones de la ley están viciadas. Si bien en su exposición de motivos se dice que se dicta la ley para prevenir delitos de odio, “en realidad, y fue ratificado por el propio Nicolás Maduro antes de que se emanara, tiene motivos diferentes para tener una herramienta de persecución política o a los medios de comunicación por presuntamente generar contenidos o llamados a la violencia y el odio”.
-La ley establece una serie de figuras penales, lo cual siempre es problemático para la libertad de expresión. “Hay vías menos restrictivas para regular esto, pero aquí se utiliza el derecho penal con sanciones graves”.
En este punto, el relator de las CIDH mencionó que no hay en el hemisferio ninguna ley que imponga penas tan graves para regular expresiones. «Fue hecho a propósito de este modo para generar un efecto sistémico de inhibición a la hora de difundir una información o realizar un post en cualquier red social».
-Las obligaciones que se colocan a los intermediarios (redes sociales y medios de comunicación) no son adecuadas, pues se impone sanciones, bloqueos y cierres de medios de comunicación por un mensaje que haya sido replicado. Tampoco corresponde al tipo penal internacional avalado para los delitos de odio.
-También preocupa a la Relatoría que se impusiera dentro de la ley la posibilidad de intervenir en los medios por medio de campañas que se crean convenientes. «Se le da un arsenal de herramientas al Gobierno para intervenir contenidos, censurar a los medios y establecer sanciones a los medios».
Ámbito internacional
El relator de la CIDH mencionó que actualmente está en discusión en el ámbito internacional como regular las expresiones de odio, aunque comentó que en el hemisferio se han adoptado convenios, a través del Sistema Interamericano, más protectores de la libertad de expresión.
«Lo interesante en América Latina sería ver que el Estado promueva mecanismos para la libertad de expresión, igualdad».
Lanza explicó que muchos códigos penales de América incluyen lo que establece la Convención Interamericano de Derechos Humanos sobre expresiones o incitaciones al odio y la violencia. «Lo primero es establecer quién promueve el mensaje de odio, el contexto donde fue dicho. También tiene que ver la virtualidad de si se produce violencia contra algún grupo al que fue dirigido el mensaje. No solo nos debemos quedar en el derecho penal, también se pueden establecer sanciones administrativas a los medios de comunicación si se ha comprobado que han incurrido en este tipo de mensajes».
Sobre otras acciones que puede realizar la Relatoría, mencionó que han llevado casos donde se vulnera la libertad de expresión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos «Estamos preparando un informe que publicara la CIDH con un foto de los derechos en Venezuela, incluyendo libertad de expresión y derecho a la protesta, sin haber estado en el país porque no han permitido que lo visitemos».
También están en contacto con el relator de la ONU y se espera que pueda realizar un informe detallado sobre la normativa. «Este no es un problema de Edison Lanza con el Estado de Venezuela sino sobre los derechos que ha sido vulnerados en el país».
Además, Lanza aseveró que en Venezuela los periodistas trabajan en un campo minado donde tienen restricciones de tipo penal. «Eso está latente con esta ley, y hay hostigamientos bárbaros por parte de funcionarios (…) Muchos de los problemas que vemos por separado en otros países, excluyendo el asesinato de periodistas, lo podemos ver trabajando en conjunto en Venezuela».
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