EEUU acusa a Alex Saab de ocho delitos relacionados con lavado de dinero
Por otro lado, Cabo Verde abrió un procedimiento contra los dos supuestos «emisarios» que habrían viajado a Caracas para hablar sobre Saab
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló cuál es el motivo de la solicitud de extradición del empresario colombiano Alex Saab, preso en Cabo Verde desde mediados de junio. El barranquillero de 48 años está siendo solicitado por Washington debido a una acusación en su contra por presunto blanqueo de capitales por un valor de 350 millones de dólares.
La imputación contra Saab se registró el 25 de julio de 2019 que incluye ocho delitos, siete de los cuales son por lavado de dinero y uno por conspiración para realizar esta actividad ilícita.
“La denuncia también alega y busca el decomiso de más de US $ 350 millones, que representan el monto de los fondos relacionados con la infracción”, reseñó el portal Expreso das Illhas el 24 de agosto.
Alex Saab y su socio Álvaro Pulido habrían realizado varias operaciones de lavado de dinero desde 2001 hasta 2015 que involucra el producto de un esquema de soborno ilegal provenientes de cuentas bancarias en Venezuela y pasarlas por cuentas en Estados Unidos para hacer las transacciones.
*Lea también: Aeropuerto en Maiquetía es acondicionado con medidas de bioseguridad
EEUU, en el documento revelado por su embajada en Cabo Verde, recordó que Saab obtuvo un contrato para construir viviendas de interés social en 2011 y que desde entonces se aprovecharon del control cambiario que regía en Venezuela para el momento, «bajo el cual se podrían obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca han sido importados a Venezuela» y donde en el proceso se habría sobornado a ministerios en nuestro país para que los documentos fueran aprobados.
Estas reuniones para realizar los pagos a funcionarios se realizaron en Miami y Alex Saab aprovechó para transferir los dineros en bancos de la ciudad.
Cabo Verde pone «orden» tras escándalo de emisarios en el caso de Saab
Este martes 25 de agosto, la Fiscalía de Cabo Verde ordenó abrir un proceso contra el empresario Fernando Gil Évora y Carlos Dos Anjos, exdirector de Turismo y Transporte de la nación africana, luego de haber sido señalados como supuestos «emisarios» que viajaron a Caracas para supuestamente tratar el tema de Alex Saab con el mandatario Nicolás Maduro.
La Procuraduría General de ese país determinó que el expediente debe ser abierto por la “existencia de hechos susceptibles de integrar la práctica de un delito de usurpación de autoridad”. Por ello, Gil Évora y Dos Anjos deberán responder ante tribunales y hasta podrían enfrentar la cárcel, indicó el Universal de Colombia.
Tras salir a la luz el polémico viaje, Gil Évora fue destituido como presidente del consejo de administración de Emprofac, compañía estatal de distribución de medicamentos Cabo Verde.
En su defensa, el funcionario destituido negó haber viajado a Venezuela en representación de la nación africana y dijo que era falso el señalamiento en su contra. Sin embargo, detalló que el único objetivo de este viaje era responder a una invitación hecha desde el equipo de abogados del empresario colombiano Alex Saab, en el que se hablaría sobre la «planificación y programación de vuelos y visados previstos para los meses de septiembre y octubre para la isla de Sal», al norte de la isla africana.
*Lea también: MAS llamó a conformar planchas a la AN “en unidad y la mejor oferta electoral posible”
El viaje desató una tormenta política en Cabo Verde, donde Janira Hopffer Almada, líder del Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV), primera fuerza de la oposición, acusó al Gobierno de “violar el principio de la neutralidad que siempre ha guiado la política exterior caboverdiana”.
Alex Saab fue detenido en el país insular africano el pasado 12 de junio por una orden de detención de Interpol en su contra, luego de una solicitud de Estados Unidos que lo acusa de presunto blanqueo de dinero, con empresas domiciliadas en varios países, vinculadas con el régimen de Maduro.
La mayoría de estas compañías han sido utilizadas para la importación de alimentos de dudosa calidad para abastecer los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa gubernamental venezolano para entregar comida a un sector de la población.
