Ejecutar fondo especial para «liberar a Venezuela» debe pasar por varios filtros

El mandatario interino Juan Guaidó señaló que se está «iniciando el proceso de discriminación» para el fondo especial y en las «próximas semanas» se presentará el plan de ejecución de esos $80 millones

La Asamblea Nacional (AN) aprobó el 4 de marzo el consejo de administración del gasto, una instancia contemplada en la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital como órgano de control y ejecución de los recursos autorizados por dicho instrumento legal.

Los parlamentarios aprobaron por unanimidad la escogencia de Alejandro Plaz Castillo (actual comisionado presidencial para el desarrollo económico), Yon Goicoechea, el exalcalde Gustavo Marcano, Eva Hurtado y Fernando Javier Blasi como parte de este consejo de administración del gasto.

El artículo 4 de la Ley Especial dice que le corresponde al presidente interino, cargo que ostenta Juan Guaidó, «a través de un consejo de administración del gasto, la implementación de los mecanismos administrativos y los trámites necesarios, dentro o fuera del país, que permitan disponer de los recursos cuya utilización le ha sido autorizada».

A este consejo le corresponde designar a su coordinador y tiene como atribuciones «revisar los requerimientos de las instituciones legítimas que conforman el poder público nacional, los reunirá y decidirá lo que procede de acuerdo a esta ley».

Y es que la Ley Especial contempla un monto de 80 millones de dólares destinados a la financiación del gasto social, fortalecimiento del servicio exterior, defensa y fortalecimiento del poder Legislativo; gastos para Fiscalía y Contraloría en el exterior así como el poder Judicial; gastos «para la defensa de la democracia»; gastos de la presidencia de la República y el fortalecimiento de comunicaciones.

El mandatario interino Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países en el cargo desde el 23 de enero de 2019, señaló que se está «iniciando el proceso de discriminación de cada uno de los fondos» y en las «próximas semanas» se presentará el plan de ejecución de esos $80 millones.

«Esperemos darle celeridad para poder invertir en atender a nuestra gente y por supuesto en defender la democracia», reiteró Guaidó a los medios, luego de la sesión ordinaria del miércoles 4 de marzo.

Contraloría al fondo especial

Una de las tareas inmediatas que tiene la presidencia interina es la elaboración de un Reglamento para dicha Ley, para normar el papel de cada uno de los actores, un Presupuesto Especial, de qué cuenta saldrá el dinero para «la liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital», entre otros asuntos.

Ya la Ley prevé que, además de la tarea del consejo de administración del gasto, le corresponde al Contralor Especial, Juan Pablo Soteldo, y al consejo de contraloría (compuesto por Jaqueline Chiquinquirá Sierra Páez, María Pérez, Denis Cedeño y Andrés Arrieta), el «ejercicio centralizado de las funciones de control fiscal posterior a la ejecución» de los $80 millones.

Las comisiones permanentes de Finanzas y Contraloría del parlamento venezolano también han expresado que ejercerán funciones de supervisión y control de estos recursos.

Además, también estipula que debido a la dificultad de implementar mecanismos de ejecución previstos en las leyes venezolanas, «debido a la situación de usurpación», las labores de tesorería podrían ser administradas o supervisadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de convensios de asistencia técnica que se suscriban a tal fin.

«En todo caso, en ese Convenio se preservará la condición de Administrador de la Hacienda Pública Nacional del Presidente Encargado de la República», dice el artículo 8. 

La Asamblea Nacional también buscará por medio de un convenio para que la OEA realice auditorías de estos 80 millones de dólares, que tendrán una fecha máxima de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta que sea derogada por una Ley de Presupuesto 2020.