El activismo que ya no es posible, por Rafael Uzcátegui
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El pasado 27 de febrero, en otro aniversario de los hechos inmortalizados como «El Caracazo«, volvió a aparecer la discusión de por qué en Venezuela, bajo una emergencia humanitaria compleja, no ocurrían situaciones similares. En el debate han aflorado argumentos interesantes, como el del investigador social Ángel González, que para Contrapunto afirmó que la existencia de mayor mediación política en el discurso y en la cultura hacía menos probable que «los cerros volvieran a bajar».
La posible repetición de los hechos de febrero de 1989, a pesar de la presencia de las «condiciones objetivas» que originaron los saqueos, es una variable que el chavismo ha tenido muy en cuenta. Así como aprendió del 11 de abril de 2002 y de las protestas del 2017, Miraflores ha cortado de cuajo el conjunto de vínculos asociativos que hicieron posible la expresión de la indignación de las multitudes.
Para el caso de «El Caracazo” repetiremos ideas del foro «Derechos ambientales ayer y hoy», del pasado 18 de noviembre en la Casa Disiente de Caracas, donde Claudia Rodríguez, Jorge Padrón y Liliana Buitrago realizaron un balance histórico del movimiento ecologista en Venezuela. Aunque hoy no lo parezca, en la década de los 90 el movimiento ambiental tenía presencia en casi todo el país, demostrando una importante capacidad de movilización e incidencia con las autoridades.
Como se recordó en el debate, en 1997 los ecologistas venezolanos lograron generar la masa crítica suficiente para revertir el llamado Decreto 1850, que permitía la actividad extractiva en la Reserva Forestal de Imataca, que abarca los estados Bolívar y Delta Amacuro. Un bolivarianismo emergente como movimiento político-electoral capitalizó a su favor las demandas ciudadanas, asimilando a buena parte de aquellos activistas verdes de los 90. Pero la cooptación estatal tenía como objetivo neutralizar la capacidad autónoma de movilización y lucha de la sociedad, incluyendo la ambientalista. El derrumbe de torres por parte de indígenas de un Tendido Eléctrico al Brasil en el año 2.000 fue el último viento de independencia del ecologismo venezolano.
En el año 2004 Hugo Chávez emitió el decreto presidencial 3.110 que permitía, de nuevo, la explotación minera y maderera en Imataca. Y la decisión, en la cúspide de popularidad del zurdo de Sabaneta, ocurrió sin ninguna contestación social. Los combativos verdes de antaño ya eran parte del nuevo stablishment.
Sin embargo, es insuficiente explicar este apaciguamiento por la transformación de los defensores de derechos ambientales en funcionarios. Aquello fue acompañado de una política deliberada para acabar con las condiciones materiales que sustentaban y hacían posible ese tipo de activismo.
La primera de estas decisiones fue doblegar a la red de universidades públicas del país. Los análisis de la confrontación del chavismo con las instituciones de educación superior se han inclinado a explicarlo por el acorralamiento de la libertad de cátedra y la generación de conocimiento, que es verdad. Sin embargo, una dimensión que se omite es que la UCV y similares fueron un territorio de operación clave no sólo para las organizaciones de izquierda, sino para todas las expresiones asociativas y gremiales que aparecieron en el país desde finales de los 70.
La infraestructura de la universidad, durante mucho tiempo, fue clave para la aparición y expansión de demandas de todo tipo. Sus aulas y auditorios cobijaron reuniones ordinarias y encuentros regionales y nacionales de diversa índole, con un costo cero para sus promotores; los comedores universitarios proveían el catering de antaño; sus autobuses garantizaban movilización, tanto en la ciudad como hacia diferentes puntos del país; las imprentas universitarias duplicaban proclamas y manifiestos, en offset o en los rudimentarios multígrafos; Profesores y estudiantes procesaban los datos que alimentaban la narrativa de las demandas.
Acabar con la universidad, también, era una manera de eliminar el sustrato material usado por las organizaciones sociales y populares del país. Si vale la metáfora, es como si a un partido político con amplio alcance le allanen y confisquen, al mismo tiempo, todas sus sedes a nivel nacional. Su capacidad operativa mermará considerablemente.
Una segunda dimensión del activismo característico de los 80 y los 90, que finalmente llevó al poder a Hugo Chávez, es que estaba basado mayoritariamente en el voluntariado. A diferencia del esquema posible por la cooperación internacional, que se desarrolló en todo el mundo a finales de la década de los 90, en esos años los diferentes y emergentes movimientos vecinales, estudiantiles, indígenas y contraculturales, se basaban en el esfuerzo voluntario y el apoyo mutuo altruista.
Las personas percibían un salario suficiente para sus necesidades básicas, por lo que tenían la posibilidad de dedicar su tiempo libre, e incluso financiar de sus propios bolsillos, las iniciativas ciudadanas en las que se involucraran. Dinamitada la capacidad adquisitiva del salario, y colocando a todas las personas en la lucha darwiniana por la supervivencia, no hay tiempo, ganas ni posibilidades económicas propias de transformar la realidad a partir de un esfuerzo asociativo.
Una tercera y última dimensión, que agrego de mi propia cosecha, es el quiebre de los lazos comunitarios horizontales en los sectores populares. Cuando en el año 2014 el gobierno sabía de la crisis económica que se avecinaba, luego de la importante caída de los precios internacionales de sus principales productos de exportación, ejecutó dos decisiones.
La primera fue crear la contra-narrativa de la «guerra económica», que explicara todos los males que iban a ser padecidos a continuación por las mayorías. Y de manera paralela, realizar el mayor operativo de intervención policiaco-militar en los barrios del país: El Operativo de Liberación del Pueblo (OLP), que con el tiempo sería sustituido por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Luego del golpe de Estado de 2002 el chavismo hizo las depuraciones y restructuraciones necesarias dentro de las Fuerzas Armadas para evitar que algo similar ocurriera en el futuro. Lo mismo puede decirse de las protestas del año 2017. Si El Caracazo no puede repetirse luego de 25 años de chavismo es porque el oficialismo ha tomado medidas para, independientemente del empobrecimiento y marginación de las mayorías, destrozar los vínculos sociales que lo hicieron posible.
Rafael Uzcátegui es Sociólogo y defensor de derechos humanos. Codirector de Laboratorio de Paz.
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