El aseo urbano se privatiza mientras empresas públicas recogen más dinero que basura (II)
Algunas comunidades denuncian que llevan 10 años sin la prestación del servicio de aseo urbano del sector público, y otras reclaman las excesivas tarifas que cobran las empresas privadas autorizadas por varios municipios, como Fospuca. En este segundo texto de la serie Servicios (ni tan) Públicos de TalCual, expertos sostienen que es necesario un nuevo marco jurídico y de políticas públicas que promuevan el reciclaje y el uso eficiente de recursos
Una mujer sale de su casa con dos bolsas en mano, están llenas con los desechos de su hogar depositados el día previo. Recorre durante 10 minutos cuatro calles hasta alcanzar la avenida principal donde, se supone, debe deshacerse de ellas. No encuentra ningún depósito para hacerlo. Arroja las bolsas en la acera y sigue su camino.
Una enorme hilera de casi tres kilómetros se forma con la basura arrojada en cada intersección de la avenida. Los desechos se acumulan a la espera de que los pocos camiones recolectores a disposición de Supra Caracas —empresa pública asignada por la Alcaldía del Municipio Libertador— recorran las calles y despejen las aceras.
Ese es el día a día de cualquier residente de Prado de María, comunidad ubicada en la parroquia Santa Rosalía del municipio Libertador, lugar desde el cual sus residentes denuncian que desde hace una década no se les presta el servicio de aseo urbano.
«Tenemos más de 10 años sin que un camión de basura pase por nuestras casas», denunció Milagros Escalona, una vecina de Prado de María que observa todos los días cómo la ineficiencia de las políticas públicas bajo la responsabilidad de la Alcaldía de Caracas afectan la calidad de vida de la comunidad.
La justificación que ofrece Supra Caracas es que no dispone de suficientes unidades. Por lo tanto, en lugar de recorrer todas las calles, solo se ocupan de despejar las avenidas principales. Los residentes de las comunidades adyacentes se ven en la obligación de trasladar sus desechos sólidos hasta los puntos que sí recorren los camiones del aseo.
Aunque no reciban visitas de los recolectores, lo que los vecinos sí reciben puntualmente cada mes son las facturas del cobro de aseo urbano y relleno sanitario, que además desde 2020 pasó a ser, por mucho, el concepto más costoso en la factura de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en la cual se incluye el pago del aseo urbano.
Alrededor de 90 bolívares suelen pagar los residentes de Prado de María por concepto de aseo urbano en la factura de electricidad, lo que representa más del salario mínimo de Bs. 171. Si tienen registrado algún negocio, sin importar las características de la empresa en cuestión, el pago acaba por desangrar financieramente a los emprendedores.
El caso de Prado de María es un simple ejemplo de una situación que se repite en todas las comunidades de Caracas y la gran mayoría del país. Donde quiera que el servicio del aseo urbano no sea prestado por una empresa privada, las fallas e ineficiencias salen a relucir.
«No es un secreto que las alcaldías están en uno de sus peores momentos. La mayoría de los gobiernos locales están sin presupuesto y así es muy difícil que tengan en la calle la cantidad de camiones y barredores necesarios para satisfacer la demanda de la ciudadanía», afirmó Zulma Bolívar, urbanista especializada en planificación estratégica urbana.
La otra cara moneda es el sector privado, una solución a la ineficiencia que termina por costar el peso de la basura en oro, pues las tarifas establecen costos muy superiores al sector público —del que ya se quejan los comercios— y en ocasiones incluso a las necesidades del local, puesto que hay establecimientos que ensucian muy poco para las tasas que les imponen las compañías privadas.
Desafortunadamente para los bolsillos de los ciudadanos, el panorama venidero no muestra una reducción en el gasto, sino más bien una ampliación en los pagos, pues las empresas privadas ganan un terreno cada vez más importante en el negocio del aseo urbano. El caso más evidente y a través del cual se ha empezado a experimentar la privatización de este servicio es el de Fospuca. Aunque es común ver camiones de la empresa en casi toda la capital venezolana, su característico verde empieza a dejar huella en otros estados.
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Fospuca monopolizando el aseo urbano
La deficiente prestación del servicio de aseo urbano bajo la gestión de entes públicos abrió la puerta a nuevos actores con capital privado. Según las leyes venezolanas, una empresa privada puede ser contratada por la alcaldía para prestar este servicio.
Fospuca es una empresa privada con más de 40 años de operatividad que se encuentra en el ojo del huracán, ya que las comunidades no están del todo conformes con sus prácticas o con las tarifas que cobran.
Ya una investigación de TalCual denominada Cuando el camión de basura pulveriza ingresos y sentencia el cierre de comercios alertaba sobre las voraces prácticas empresariales de Fospuca y las exageradas tarifas que cobra a los establecimientos comerciales, que promedian algunos cientos de dólares mensuales para comercios pequeños.
Para aquel entonces, las denuncias se procesaron en los municipios El Hatillo, Chacao y Baruta. Año y medio más tarde, las polémicas se han extendido hacia otras zonas del país, al mismo ritmo que la empresa extiende su negocio.
Durante los últimos años, Fospuca ha conseguido licitaciones con otros municipios importantes. Actualmente, opera en seis estados y hay al menos dos alcaldías en distintas entidades negociando contratos con empresas privadas, con lo que se especula que podría tratarse de esta compañía. De otorgarse estos contratos, operaría en ocho estados. Es decir, tendría presencia en una tercera parte del país.
La rápida expansión de Fospuca resulta inesperada al tener en cuenta la posición del gobierno frente al sector privado, pues el chavismo ha obstaculizado la actividad privada durante 20 años.
El auge de una empresa con tarifas sumamente elevadas ofreciendo un servicio público gestionado por el Estado contradice los pilares fundamentales del proceso político liderado en su momento por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro. Este caso evidencia el cambio de políticas aplicado por el Gobierno desde 2019, mediante el cual ha abierto sus brazos progresivamente a las empresas privadas y muestra intenciones de privatizar tantos servicios públicos como pueda.
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La apertura del Gobierno hacia el sector privado es positiva. Expertos coinciden en que la prestación de servicios por parte de los privados implica un incremento en la calidad del mismo que acaba beneficiando a las comunidades.
«Es indudable que hay municipios donde los costos del servicio son altos, pero el servicio es muy bueno. Ahí entramos en la discusión de si se paga una tasa o un servicio. Sin duda, cuando el municipio asume la responsabilidad de la recolección de los desechos, la calidad es bastante deficiente. La experiencia y los hechos demuestran que cuando se privatiza o se entrega el servicio para que sea efectuado por compañías privadas, la calidad del servicio es mayor», opina Orochena.
No obstante, abrir las puertas al sector privado no quiere decir que el Estado abandone sus responsabilidades y haga la vista gorda ante las irregularidades. Por ejemplo, el contrato que firmó Fospuca con la alcaldía de Simón Rodríguez, en Anzoátegui, estableció una concesión de al menos 10 años con una posible renovación para trabajar 20 años en la entidad, según indican documentos revelados por El Vistazo.
Otro foco de polémica es la relación que se le atribuye a la empresa con el partido político Fuerza Vecinal. De los 10 municipios en los que opera Fospuca, siete son gestionados actualmente por alcaldes militantes del partido:
- San Diego (Carabobo): León Jurado
- Simón Rodríguez (Anzoátegui): Ernesto Paraqueima
- Baruta (Miranda): Darwin González
- Chacao (Miranda): Gustavo Duque
- El Hatillo (Miranda): Elías Sayegh
- Los Salias (Miranda): José Fernández
- Maneiro (Nueva Esparta): Morel Rodríguez
Los tres municipios restantes pertenecen a los alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): Rafael Paredes (municipio Barinas de Barinas), Luis Jonas Reyes (municipio Iribarren de Lara) y Carmen Silva (municipio Jiménez de Lara).
Por otra parte, el proceso licitatorio más avanzado hasta la fecha para privatizar el servicio de aseo urbano ocurre en el municipio Silva, de Falcón, liderado por Osnel Arnias, alcalde también militante de Fuerza Vecinal.
En Barinas, el diputado regional Pedro Luis Castillo (Primero Justicia), reclamó a mediados de septiembre explicaciones al alcalde Paredes y denunció poca transparencia en el proceso licitatorio a favor de Fospuca.
Sean municipios bajo la influencia del PSUV o de Fuerza Vecinal, la expansión de Fospuca no parece incomodar mucho a otros factores políticos. La imposibilidad para mantener el servicio con empresas del Estado y la capacidad operativa de Fospuca parecen ser los factores claves en la relación. En el medio quedan los ciudadanos afectados por las altas tarifas del servicio privado en un país con el ingreso promedio más bajo de la región.
A inicios de año, Crónica Uno publicó un trabajo periodístico en el que difundía la intención de diversos comerciantes del municipio Iribarren de Lara (Barquisimeto) de mudarse a otras localidades, debido a que no resistían los costos que implicaba pagar el aseo urbano. Una situación similar ocurría en El Tigre (municipio Simón Rodríguez, en Anzoátegui), donde el gobierno local empezó a multar y cerrar comercios que no estuvieran al día con Fospuca, restándole importancia a los demás compromisos tributarios.
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El éxito de Fospuca deja en evidencia que el negocio de la recolección de residuos sólidos puede proporcionar generosos dividendos. Por esta razón, nombres diferentes empiezan a surgir como alternativas privadas.
¿Quién recoge la basura?
Si bien Fospuca es un ejemplo emblemático, durante muchos años Sabenpe C.A. también ofreció el servicio en Miranda. La lista de empresas no es diminuta, pero la información con respecto a ellas sí lo es.
Hay municipios en los que las labores de recolección se reparten entre dos o tres compañías. Este es el caso del municipio San Cristóbal, en Táchira, donde operan 22 camiones pertenecientes a las empresas Constructora Piazza, Inversiones Pear y Transporte Virgen de La Paz.
El problema es que se sabe poco o nada sobre las empresas más pequeñas. En algunos casos, las comunidades no tienen idea de adónde van sus impuestos, como es el de todo el estado Vargas, donde las competencias del aseo urbano fueron tomadas por la gobernación, aún bajo el mandato del difunto exgobernador Luis García Carneiro.
En Vargas fue la gobernación la que habilitó unidades para recolectar desechos sólidos y contrató a cuadrillas de limpieza. Como resultado de esta política centralizada, los habitantes no saben realmente quién se encarga de ofrecer este servicio público en la entidad.
«Tenemos años que no sabemos cuáles empresas se encargan de la basura. Solo vienen los camiones de volteo y sus trabajadores están encima de la basura, sin tapabocas, guantes y hasta harapientos, para medio cumplir», advertía un vecino de la comunidad de Macuto cuestionado por Crónica Uno.
Camiones destartalados y obreros sin protección, en esas condiciones Supra Caracas presta el servicio de recolección de desechos FOTO: Supra Caracas
El problema viene de raíz, ya que el sector del aseo urbano se rige por las disposiciones del Ministerio de Ecosocialismo (Minec), entidad que no ofrece ningún tipo de data pública sobre la gestión integral de desechos sólidos.
Para llevar un control, el Minec creó el Registro Nacional de Prestadores de Servicio y Manejadores Habituales de Residuos y Desechos Sólidos (Renapres), sistema en el cual todas las empresas contratadas por el Estado para cumplir con estas labores deben registrarse.
El equipo de TalCual se comunicó con Marlyn Jiménez Reina, directora de Minec en Distrito Capital —donde se encuentra la sede principal del Ministerio— para solicitar datos sobre la cantidad de empresas que forman parte de dicho registro. La funcionaria afirmó que el Ministerio no tenía esos datos.
Hace apenas un mes, el viceministro de Gestión Integral de la Basura, Dennys Guédez, sostuvo una reunión con representantes de empresas prestadoras del servicio en Táchira, Mérida, Trujillo, Anzoátegui y Miranda. En este encuentro resaltó la importancia del uso del sistema de registro para llevar un control de los privados que trabajan en el área, dejando ver las intenciones de agregar a más compañías en el mercado.
Los nombres de empresas privadas que surgieron en esa reunión fueron Tachitec C.A, Sotam C.A y EMAO, según una nota de prensa publicada por el Minec, pero de este grupo solo Tachitec posee datos en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Otra empresa que empezó a operar sin figurar en el RNC es Restservice C.A. en el municipio Libertador. En las últimas semanas han circulado camiones con esta identificación impresa en un papel blanco pegado en la puerta del vehículo, sin ningún rotulado ni identificación adicional.
El personal de Restservice circula en algunas calles del oeste de Caracas, mientras que Supra Caracas se mantiene operando en otras, sin información pública, cronogramas de recorridos ni mayores detalles sobre el trabajo que ejecutan
Estos camiones ofrecen el servicio con mayor regularidad que Supra Caracas, que debería cubrir los recorridos del municipio Libertador. En este sentido, los caraqueños pueden sentir cierto alivio por la multiplicación de esfuerzos para recoger la basura de las calles, pero realmente no saben cuáles son las empresas que prestan el servicio que pagan con sus impuestos.
Aunque en el escenario aparezcan más empresas, el problema estructural no depende de los privados. El aseo urbano es un servicio que proporciona el Estado, son sus instituciones las encargadas de desarrollar las políticas y normas que rigen el sector.
Al igual que ocurre con otros servicios en manos del gobernante Nicolás Maduro, en la última década ha desmejorado sustancialmente su prestación. Hasta 2021 solo el 63% de los venezolanos aseguraba que en sus comunidades se prestaba el servicio del aseo urbano, según una encuesta aplicada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) en julio de ese año. En otras palabras, cuatro de cada 10 familias no tenían acceso al servicio de recolección y disposición de desechos sólidos.
La razón de esta precariedad no solo tiene que ver con la escasez de camiones y contenedores en las calles sino con toda la política que enmarca la prestación del servicio en el país. Las normativas, la infraestructura, las iniciativas y proyectos son ineficientes o de plano, inexistentes.
Aseo Urbano: asunto de Estado
Los problemas estructurales de las instituciones públicas han creado un entorno poco propicio para que los servicios se presten de manera adecuada. Concretamente en el caso del aseo urbano, el común denominador es el desorden.
No es de extrañar el descontrol en el que se ha convertido la gestión del aseo urbano en el país, considerando que nunca se creó el Consejo Nacional para la Gestión de los Residuos y Desechos, que de acuerdo con la Ley de Gestión Integral de la Basura sancionada en 2010, debía regir todo lo relativo a este servicio.
Han pasado 12 años desde la publicación de la ley en Gaceta Oficial y el gobierno nunca se encargó de crear esta instancia, sin la cual todos los demás actores involucrados en el proceso de la recolección y disposición de residuos participan discrecionalmente, generando caos, inexistencia de estadísticas actualizadas y problemas estructurales.
El primer elemento que llama la atención en medio del descontrol es la infraestructura. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) —que se actualizaron por última vez en 2007—, hace 15 años existían 311 sitios de disposición final de desechos sólidos en todo el país.
Los pocos rellenos sanitarios, vertederos y botaderos utilizados para arrojar la basura que recolectan los camiones son más bien terrenos baldíos en los que predomina la descomposición de productos y la contaminación de los aires.
El experto en gestión de residuos sólidos urbanos y expresidente del Instituto Autónomo de Saneamiento y Protección Ambiental del Municipio Sucre, Iván León García, añade además que en el país no hay una suficiente planificación sobre qué hacer con la basura tras depositarla. La infraestructura también falla en este sentido.
«No hay plantas de transferencia. Hay una en Las Mayas, que es a cielo abierto y muy contaminante; otra en Sucre, pero no dan la talla y no alcanzan para transformar todos los desechos que terminan yendo hacia La Bonanza, el único relleno sanitario cercano a Caracas que ya está colapsado», destacó en el programa radial de Caracas Ciudad Plural.
Tan solo en Zulia, debido a la ausencia de lugares de disposición final de desechos, existen alrededor de 90 botaderos de basura improvisados en los cuales se arrojan residuos sin un plan estratégico para determinar qué hacer con ellos después, según denuncia la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codehz).
Estos desechos pasan a contribuir con la contaminación de las ciudades de esta entidad. No en vano, Maracaibo es uno de los lugares del país con mayor nivel de contaminación del aire.
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Esto ocurre en todo el país, pues se estima que más del 80% de la basura que se genera en Venezuela se mantiene a cielo abierto, no solo contaminando el aire sino violando la normativa explícita en la Ley de Gestión Integral de la Basura.
«Queda prohibida la disposición de residuos y desechos sólidos en vertederos a cielo abierto o en vertederos furtivos», establecen las disposiciones transitorias de la ley que solo debían aplicarse hasta la creación del consejo que nunca vio luz.
En la práctica, se acumulan 12 años de inaplicación de la ley con pleno conocimiento y capacidad de ejecución por parte del Gobierno, ya que el instrumento legal fue aprobado por la Asamblea Nacional (AN) administrada por el chavismo y durante gran parte de la última década han tenido el control de todos los poderes públicos.
La aplicación parcial de la ley ha dado origen también a la discrecionalidad en torno a las tarifas a cobrar. El experto tributario Héctor Orochena explica que, aunque la norma establece parámetros generales, cada municipio define el mecanismo mediante el cual calculará los impuestos que deben pagar los contribuyentes residentes de la localidad.
«Cada alcaldía define cuánto cobra, porque dependerá de la metodología. Cobran distintos montos por la metodología utilizada para el cálculo de la tarifa. No hay una estandarización», sostuvo.
El exfuncionario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) explicó que algunos municipios, al momento de separar las direcciones residenciales de las comerciales, toman como referencia el tonelaje métrico de los desechos calculando por metros cuadrados, otros el tamaño del establecimiento comercial y en otros casos se toma en cuenta el consumo eléctrico.
En el caso de Supra Caracas, la medición se hace a partir del tamaño del establecimiento comercial e ignora la cantidad de residuos que puede llegar a generar. Vecinos de Prado de María con pequeños comercios en sus comunidades se quejan de lo elevadas que pueden llegar a ser las tarifas.
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Sacando la basura
Tanto el Estado como sus empresas y las iniciativas privadas comparten la responsabilidad en la ineficiencia con la que se presta el servicio del aseo urbano, pero hay otro actor con una cuota alta de culpa que se suele ignorar: el ciudadano.
«No podemos dejar de lado el comportamiento ciudadano. Si no se ensucia, no hay que limpiar. También hay mucho de la colaboración que el ciudadano puede dar con la limpieza de los espacios públicos», acotaba Zulma Bolívar.
El irrespeto hacia las normas, la escasa cultura de reciclaje y en ocasiones carencia de sentido común dan origen a un problema casi tan grande como el originado por las instituciones públicas.
Trabajadores de Supra Caracas que hacían un recorrido de recolección de basura en las aceras de la avenida Roosevelt confesaron a TalCual que uno de los principales obstáculos que enfrentan es la escasa colaboración de los residentes de la zona.
La norma, establecida a través de mensajes de WhatsApp difundidos por representantes de los consejos comunales, establece que los vecinos pueden arrojar su basura solo entre 7:00 am y 9:00 am en las mañanas y en las tardes entre 6:00 pm y 8:00pm.
Las autoridades advierten que el «bote de basura fuera de horario establecido acarrea una multa y un mes de servicio comunitario», según establece la ordenanza del municipio Libertador. No obstante, no todos cumplen con la regla y ningún ente vela por su cumplimiento.
A falta de formación ciudadana y campañas de concientización, la ciudadanía desarrolla vicios que acaban por perjudicarla sin que siquiera lo noten. En el sector Puente Baloa, en Petare, las vías atraviesan el río Guaire. Aunque hay varios contenedores, muchos ciudadanos simplemente se acercan a las defensas y arrojan sus desperdicios hacia el ya contaminado río.
Pilas de bolsas con desperdicios se acumulan en las laderas del cauce, perjudicando a las viviendas que se encuentran en las cercanías del Guaire. Cuando la lluvia es constante y el cuerpo de agua crece, toda esta basura en descomposición vuelve a la superficie, afectando hogares, comercios y calles, y atrayendo enfermedades de todo tipo.
Bolívar insiste en que estas situaciones deberían ser evitables con la suficiente conciencia ciudadana, pues trasciende a lo que pueda hacer el Gobierno para asegurarse de disponer de todos los elementos necesarios para lidiar con los desperdicios de manera adecuada.
«Puedo tener 100.000 pipotes de basura, pero si la gente no tiene conciencia ciudadana va a tirar la basura por la ventana, al barranco, en una quebrada. El Guaire podría ser un río limpio si no lo tuviéramos nosotros mismos convertido en una cloaca», razonó.
Víctor Aboulafia es un extrabajador de Siderúrgica del Orinoco (Sidor) que elaboró programas de reciclaje de hojalata para aplicar con la población estudiantil de Guayana a mediados de los años 90. Ahora es un vecino de Prado de María y lamenta cómo, 20 años después de haber salido de la empresa, el país afronta un panorama peor en materia de la gestión de los desechos sólidos. Pide políticas públicas al respecto.
«Aquí lo que hacen falta son campañas de concientización, enseñarle a la gente sobre reciclaje y qué hacer con la basura. Tienen que trabajar en campañas informativas, el problema es que no hay políticas públicas para hacerlo», resaltó.
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En busca de soluciones
Encontrar soluciones a un problema tan multifactorial resulta complejo. Hay aspectos fundamentales que corregir en materia jurídica, administrativa, regulatoria, fiscal, ciudadana y urbanística.
Estado, empresas privadas y ciudadanos tienen que trabajar de la mano para hallar y aplicar soluciones conjuntas, pues por separado cualquier propuesta caerá por su eslabón más débil.
A pesar de las carencias, empiezan a producirse cambios que podrían solventar algunas falencias. El país parece enfrentar un proceso de privatización de servicios públicos en general y el avance de Fospuca es solo una evidencia de esta etapa.
El economista Raúl Córdoba, coordinador del Monitor de Servicios Públicos de Cedice Libertad, argumentó durante un foro denominado Calidad de Vida en Venezuela, Servicios Básicos y Poder Adquisitivo que es indispensable rediseñar el marco jurídico en aras de abrir las puertas a la privatización, de lo contrario, se mantendrán las irregularidades y los problemas con la administración de recursos.
«El rediseño del marco jurídico debe implicar la combinación de privados y públicos. La junta comunal administra el cobro y podría haber problemas con la administración de los recursos. Es por eso que se requieren adecuaciones desde el punto de vista legal», puntualizó.
Este proceso incluye el recientemente presentado Proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, que podría ayudar a estandarizar las tarifas o los métodos empleados para calcular las tasas. Orochena presume, sin embargo, que en este proceso podría verse afectada la calidad del servicio en aquellos casos donde el pago sea elevado, pero el servicio se cumpla de manera expedita.
«Sin duda la ley podría ayudar. El tope máximo (de las tasas) va a ser altamente discutido. Desafortunadamente, para algunos municipios el hecho de que se establezca un tope podría conllevar a un deterioro de la calidad del servicio», subrayó.
Mientras las leyes son discutidas, comunidades que lidian con la ineficiencia en la prestación de servicios públicos por parte de empresas estatales, intentan lidiar con sus propios problemas. En el caso de las denuncias hechas por los vecinos de Prado de María, surgió durante los últimos meses una alternativa que alivia las necesidades de los vecinos que no pueden trasladarse hacia las avenidas principales para arrojar sus desechos.
Un hombre sordomudo empezó a recorrer todas las calles de la comunidad con una carretilla, pasando casa por casa para recoger la basura de cada residencia y trasladarla hacia la avenida Roosevelt. A cambio, los residentes lo «ayudan con lo que pueden». Recibe productos de la canasta básica o algunos pocos bolívares. No todos recurren a sus servicios, pues muchos siguen a la espera de que el camión pase por sus hogares.
Por iniciativa propia, esta persona aparece todos los días a recoger desechos de los vecinos, sin exigir un cobro específico, pero sí una «ayuda». Foto: Bertha Mirabal, vecina de Prado de María
Las iniciativas ciudadanas pueden ayudar a mitigar algunas deficiencias, pero deben estar enmarcadas en un plan de mayor escala que permita crear un sistema entero adaptado a prácticas más ecológicas y sostenibles.
Para Zulma Bolívar, es importante que este redireccionamiento económico que vive Venezuela esté acompañado con políticas públicas articuladas por el Estado, privados que apoyen en su ejecución y la ciudadanía que se comprometa en su aplicación.
«Definitivamente hay que involucrar a la tecnología, porque si no nos quedamos atrás. Pero lo más importante es involucrar a la política pública. El ministerio de Ambiente (Ecosocialismo) debe transformar ciertos espacios en plantas de tratamiento o lugares de disposición bien elaborados. Se tiene que contar con los privados para apoyar en inversiones y se tiene que contar con la ciudadanía», enfatizó.
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