El cambio climático: prevención y educación, por Lidis Méndez
El cambio climático es uno de los desafíos más críticos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, y Venezuela debido a su inestabilidad política y mala administración económica, transita penosamente en materia de prevención y educación. Esta situación obstaculiza significativamente el progreso hacia los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente aquellos relacionados con el clima, la vida en la tierra, la desforestación indiscriminada y la vida submarina.
Históricamente, Venezuela ha mostrado un compromiso fluctuante con la protección ambiental, pero desde la época de Chávez, la politización en esta materia al promulgar leyes, planes, ministerios y proyectos (que funcionaron solo en el papel), la preservación ambiental y la prevención ante el cambio climático, se puede calificar hasta el actual gobierno de inconsistente e insuficiente. Aunque la Constitución de 1999 establece el derecho a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, la realidad que experimentamos en la última década muestra un panorama de desafíos y contradicciones.
Desde el socialismo se han promulgado una serie de políticas ambientales que, si bien son ambiciosas en papel, han enfrentado grandes obstáculos en su ejecución. El gobierno ha implementado programas como el «Plan de la Patria 2013-2019» y el «Plan de la Patria 2019-2025», que incluyen objetivos específicos para la protección ambiental y la mitigación del cambio climático, pero la corrupción y la falta de recursos han dificultado significativamente el cumplimiento de estos objetivos.
Un área clave de análisis, es la educación ambiental, donde se han realizado esfuerzos para integrarla en el currículo escolar, pero los programas no han logrado ser efectivos debido a la falta de recursos y a un enfoque centralizado que no considera las necesidades locales y regionales. Según el «Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2024», Venezuela ha mostrado un progreso mínimo en programas educativos que aborden el cambio climático de manera eficiente y sostenida.
La implementación de políticas ambientales ha estado marcada por la centralización del poder y la falta de transparencia. La corrupción endémica ha desviado fondos destinados a proyectos ambientales, lo que ha resultado en una ejecución deficiente. Además, la falta de participación comunitaria en la toma de decisiones ha generado desconfianza y resistencia entre las poblaciones locales afectadas por las directrices gubernamentales, como en el caso de la minería.
Especialmente el Arco Minero del Orinoco, es un ejemplo que demuestra la gravedad de la crisis ambiental en Venezuela, donde la explotación descontrolada e ilegal ha provocado una deforestación masiva, contaminación de ríos con mercurio y otros químicos tóxicos, además de la degradación de vastas áreas de bosques tropicales. Esta actividad no solo destruye hábitats cruciales para la biodiversidad, sino que también desplaza a comunidades indígenas, afectando su modo de vida y derechos territoriales.
La minería contribuye además a las emisiones de gases de efecto invernadero, exacerbando el cambio climático y sus impactos adversos en el medio ambiente y la salud pública.
Recientemente, el huracán Beryl, un evento climático extremo -como muchos otros que están sucediendo a lo largo y ancho del planeta-, proporciona un ejemplo tangible de los desafíos que enfrenta Venezuela en términos de preparación y respuesta a desastres naturales. Beryl, un huracán de categoría 4, provocó el desbordamiento del río Manzanares en el estado Sucre, –que al momento de escribir este artículo– ha causado la muerte de 3 personas, 6 desaparecidos y afectó unas 8.000 viviendas –según fuentes gubernamentales–.
Este desastre expuso la vulnerabilidad de las comunidades y la insuficiencia de las políticas de mitigación y respuesta a emergencias que pudieron haber sido prevenidas antes del paso del huracán.
Este tipo de eventos, subraya la necesidad urgente de fortalecer la infraestructura y la capacidad de respuesta ante desastres, como la inundación debido al desbordamiento del río Manzanares, donde se evidenció que las comunidades, a pesar de su vulnerabilidad, no estaban contenidas dentro de planes de reubicación de vivienda (como tampoco lo están las de las costas), que carecen de sistemas de alerta temprana -tanto sísmicas como torrenciales-, carecen de preparación oportuna y por supuesto de planes de evacuación efectivos. Todo esto a pesar de conocerse su vulnerabilidad en el contexto de la crisis climática y el pronóstico del clima para la zona.
El análisis de las políticas ambientales de Venezuela en la última década, revela una mezcla de buenas intenciones y fracasos significativos en su implementación. La crisis económica y la corrupción han jugado roles determinantes, que se evidencia en la incapacidad de la administración para cumplir con sus objetivos ambientales. La educación ambiental sigue siendo una asignatura pendiente, y la respuesta a eventos climáticos extremos, como el huracán Beryl, demuestra la necesidad de una mejor preparación y respuesta.
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Para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en materia climática, Venezuela debe abordar de manera integral sus desafíos económicos y políticos, priorizando la transparencia y la participación de las comunidades en la formulación y ejecución de las políticas ambientales. En conclusión, para enfrentar el cambio climático de manera preventiva y colectiva, es fundamental educar y preparar a la población para enfrentar de forma menos lamentable las catástrofes ambientales, que estarán a la orden del día a lo largo del siglo XXI.
Lidis Méndez es politóloga.
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