El Caracazo: «Sé que están muertos y enterrados, pero no sabemos dónde»
Familiares de las víctimas del Caracazo realizarán una misa este martes en la iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria para honrar la memoria de todas las personas que fallecieron en el estallido social. Rechazaron el uso de la fecha como una bandera política
Han pasado 35 años del Caracazo y los familiares de las víctimas de la masacre ocurrida en 1989 siguen exigiendo justicia. No pierden la fe y esperan que en algún momento sus reclamos sean escuchados.
«Tengo fe y esperanza que vengan expertos internacionales. En 2009 hicieron una apertura, sacaron los restos y los dispersaron. No sabemos a dónde los llevaron (…) No sabemos dónde están los restos», dice Aura Liscano, miembro de Cofavic.
El estallido social conocido como el Caracazo empezó en Guarenas y según las cifras oficiales hubo 276 fallecidos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, tras el hallazgo de las fosas comunes conocidas como La Peste I y La Peste II, en el Cementerio General del Sur, la cifra quedó desvirtuada.
Los disturbios se extendieron a otras zonas del país, entre ellas La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Guayana, Mérida y Maracaibo.
Aura Liscano perdió a uno de sus hermanos en la revuelta. A José Miguel lo vio por última vez el 28 de febrero a las 5:30 de la tarde.
José Miguel Liscano tenía 21 años y trabajaba como archivista en una empresa de sistemas. Ese día en la tarde salió a jugar baloncesto con unos amigos.
«Desde esa hora no lo volvimos a ver más. Estuvo con un grupo en la cancha, todos llegaron a sus casas, pero él no llegó», relata Liscano.
En la Cota 905 –donde vivían– la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional patrullaban y hacían cumplir el toque de queda decretado por el presidente Carlos Andrés Pérez a partir de las 6:00 p.m. Aura y su mamá esperaron hasta el día siguiente para buscar a José Miguel.
Recorrieron los destacamentos policiales, los hospitales y la morgue. No lo encontraron. Su denuncia tampoco halló respuesta. «Sé que están muertos y enterrados, pero no sabemos dónde».
35 años después, Aura sigue esperando justicia. Su mamá murió sin saber de su hijo. Hoy, Aura pide fortaleza para seguir luchando en favor de los derechos humanos.
«Hay que retomar las investigaciones. No solo es mi hermano, son los cuerpos de muchas personas. Queremos darle cristiana sepultura y cerrar este duelo».
«La esperanza de que aparezca creo que la perdí…»
Maritza Romero también perdió a su hermano en el estallido social del Caracazo. «La esperanza de que aparezca creo que la perdí, pero no pierdo la fuerza de seguir trabajando para que se sepa que en Venezuela se violan los derechos humanos».
Espera conseguir justicia. «Tenemos 35 años y seguiremos denunciando (…) Quiero saber qué pasó con mi hermano, por qué lo desaparecieron».
Su hermano, Fidel Orlando, tenía 24 años. El 27 de febrero estaba –junto a toda su familia– en su casa, en el barrio Ojo de Agua, en el municipio Baruta, tratando de entender lo qué ocurría. «Desde temprano decían que no podíamos salir», recuerda Maritza.
Entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m. Fidel Orlando salió a hacer una llamada y unos minutos más tarde cayó en plena calle con una herida de bala en el estómago. Con ayuda de un amigo, su familia lo llevó al hospital Pérez de León, en Petare, y tras una operación de nueve horas logró sobrevivir.
Sin embargo, falleció en la mañana del siguiente día. Ahí comenzó otro calvario para la familia.
En el hospital les informaron que sería traslado a la morgue, pero al llegar allá les dijeron que el cuerpo de Fidel Orlando nunca llegó.
Lo sacó de una pila de muertos
Tras un día de espera, uno de los hermanos de Fidel logró colarse y entrar a la morgue.
«Mi hermano mayor entró y vio pilas de muertos, encontró el cuerpo de mi hermano, lo sacó y lo puso en una mesa para que le hicieran la autopsia, pero le dijeron que se tenía que ir a la casa porque no podía estar ahí».
Siguió las indicaciones y cuando regresó –al día siguiente– ya no había cuerpos. «Dijeron que los habían enterrado a todos por temor a una contaminación».
Los fallecidos en el Caracazo fueron inhumados en un terreno conocido como La Peste I y La Peste II, en el Cementerio General del Sur.
El 26 de noviembre de 1990 comenzaron las exhumaciones en La Peste con apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Martiza Romero recuerda que entre los 44 cuerpos exhumados no estaba Fidel Orlando.
«No hemos recibido información de nuestros casos, ni nos dejan ver nuestros expedientes. Todavía asistimos al tribunal, pero siempre nos suspenden la audiencia porque siempre falta alguien», señala Romero.
Actualmente, Maritza se dedica a formar a la gente en derechos humanos, les pide que denuncien y que no apaguen su voz para que en Venezuela no vuelva a ocurrir otro 27 de febrero y nunca más haya otra «peste».
En Venezuela se mantiene una deuda histórica
El 27 de febrero es una deuda pendiente para el Estado venezolano. La abogada Liliana Ortega, cofundadora de Cofavic (Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo), recuerda que la investigación para determinar «los posibles máximos responsables del Estado» no ha tenido respuesta.
«En Venezuela los casos no han prosperado. A los familiares no se les ha cumplido. Esa sigue siendo una deuda. Es una deuda histórica. No ha sido afrontada», precisa la defensora de los derechos humanos.
El único tribunal que ha fallado en el caso fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa sentencia, explica Ortega, convergen la visión de los familiares de las víctimas y del Estado.
El tribunal pidió al Estado venezolano adecuar los sistemas de orden público a los parámetros establecidos en el ordenamiento internacional en materia de derechos humanos. La ruta trazada por la Corte y su mandato no se ha cumplido, señala Ortega.
Para la abogada, las víctimas del Caracazo son un testimonio de esperanza para continuar con la búsqueda de justicia. «Son víctimas que se han mantenido unidas a pesar de la impunidad. Frente a esa muestra de esperanza seguirá la lucha. Es una lucha de derechos humanos que no se debe dejar de lado», dice Ortega.
Este martes se realizará una misa a las 11 de la mañana en la iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria en memoria de las víctimas. Los familiares rechazan que la fecha se tome como bandera política y aclaran que la homilía es el único acto para conmemorar la fecha y recordar a todos sus seres queridos.
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Teodoro Petkoff y el Caracazo Liliana Ortega recordó el apoyo de Teodoro Petkoff, fundador de TalCual, en la defensa de las víctimas del Caracazo. «Yo me incorporé al voluntariado que se constituyó en el Congreso para apoyar a los familiares de las víctimas de los desaparecidos porque me llamaron de la oficina de Teodoro Petkoff, a quien yo conocía, y su respaldo fue fundamental para el nacimiento de Cofavic», señaló Ortega. Petkoff, para ese entonces diputado al Congreso de la República, conformó un equipo de 10 personas para procesar las denuncias de los familiares de las víctimas del Caracazo. «En la oficina de Teodoro se organizó la reunión de víctimas con Enrique Ochoa Antich», recordó la abogada. La defensora de los derechos humanos se refirió a la importancia de mantener la memoria histórica del Caracazo para situar a los jóvenes que no tienen este episodio en su mente. En este sentido, destacó el papel de los medios de comunicación. |
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