Este jueves, la ANC aprobó el decreto constituyente derogatorio de la Ley de Ilícitos Cambiarios propuesto por Nicolás el pasado 25 de julio. Tareck El Aissami propuso además eliminar un artículo de la Ley del Banco Central que impedía transar divisas libremente. Según El Aissami, el decreto aprobado por unanimidad permite a los actores económicos la facultad “para dirigirse a las casas de cambio que serán debidamente autorizadas por el Ejecutivo y hacer cualquier operación cambiaria de manera transparente legal y segura”, un segmento que deja bastante claro que el control de cambio sigue vigente. El único órgano con competencia para derogar una ley es la Asamblea Nacional, por lo que expertos calificaron este decreto presidencial como ilegal. Al margen, faltan muchas precisiones (desde el precio del dólar que regirá en las casas de cambio, pasando por los límites de transacción, hasta la vigencia del Dicom) que el Banco Central de Venezuela tendrá que realizar. A criterio del diputado de la Comisión de Finanzas, José Guerra, la medida no eliminará el control cambiario sino que creará un mercado dual. Dato: el curso del impulverizable ni se inmutó con esta noticia.
Mucho más importante
El total de dinero desfalcado de Venezuela como consecuencia de hechos de corrupción se cifraría entre 350 y 400 millardos de dólares, de acuerdo con los cálculos de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Llegaron a esta cifra con las investigaciones de casos como el de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Odebrecht, el sistema eléctrico y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), entre otros. Freddy Superlano, presidente de la comisión, precisó que iniciaron una averiguación sobre líneas de créditos y divisas que se otorgaron a empresas venezolanas con directivos fallecidos, entre ellas Eaton Global, Comercializadora Servivens, Inversiones Integrales Total Group y Multiserv Trade. Estas empresas recibieron dólares preferenciales y los convirtieron en bolívares a través del mercado paralelo; solo por este caso, la comisión prevé una pérdida de 10 millardos de dólares. Superlano dijo que “la tarea sería más fácil” si tuvieran acceso a información pública como la de los registros mercantiles, el Seniat y el Saime. En todo caso, toda la información que recuperen (incluyendo los potenciales testimonios de antiguas autoridades del chavismo) será entregada a organismos internacionales para que abran procesos de investigación que conduzcan a la captura de los responsables.
Campesinos en Miraflores
La Guardia Nacional impidió ayer que una marcha campesina pacífica llegara a Miraflores, pero Nicolás recibió hoy a algunos de ellos con una gigantografía al fondo que rezaba: “Juntos sembramos más”. El detalle es que hubo muchos más reclamos que reconocimientos, incluyendo los 19 campesinos presos, por los que Nicolás, como si tuviera alguna facultad para ello, afirmó que si es necesario él decretará el sobreseimiento de esas causas; y tras la denuncia de que “jueces agrarios echan para atrás el proceso de entrega de tierras otorgadas por Chávez y se las devuelven a los latifundistas”, Nicolás ordenó revisar “la conducta de todos los jueces agrarios del país”. Los campesinos denunciaron sus retrocesos en pleno proceso “socialista”, denunciaron el control del campo por «agro-narcos», el amedrentamiento que sufren por los militares, e hicieron lo propio por la instauración del latifundio de Estado que convirtió tierras productivas en cementerios. Pidieron la intervención de Pequivén y Agropatria (así como Nicolás pidió una lista de todos los funcionarios corruptos para botarlos), pero sin dejar de reconocerse chavistas. El mismo Nicolás que dijo el lunes que la oposición no existe, hoy la criticó por “no aceptar la mesa de diálogo” que propuso, por no lavar ni prestar la batea. Pidió comprensión para el lento ritmo que decidió para el alcance de las medidas económicas.
Breves y graves
– Indígenas de Tascabaña II (Anzoátegui) hallaron un derrame petrolero de más de tres kilómetros en el río Macarapana. El origen del derrame es la planta de almacenamiento de Pdvsa Caico Seco 6 y a pesar de que afecta a más de diez mil personas y podría afectar también al río Guanipa, aún no ha habido un pronunciamiento oficial.
– El diputado Ismael León denunció que la policía regional del estado Guárico, por órdenes del gobernador José Vásquez, arremetió contra una marcha pacífica coordinada por el sacerdote Lenin Bastidas, quien resultó detenido (junto a otras personas) y al parecer ya fue puesto a la orden de la Fiscalía.
– El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, Víctor Márquez, informó que el Frente Amplio Venezuela Libre creará un comité para respaldar las protestas pacíficas en todo el país y para promover una huelga nacional «en defensa de las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos».
– El fiscal general impuesto, Tarek William Saab, brindó una suerte de saldo a un año de su gestión, convencido de ser un adalid de la lucha contra la corrupción. Lástima que olvidó explicar cuántos de los centenares de procesados y acusados son militantes del Psuv, cuántos ejercieron cargos de libre nombramiento y remoción, cuántos cometieron actos de corrupción por la acción u omisión de sus superiores ni cuántos de esos actos pudieron evitarse con manejos transparentes de los fondos públicos.
– Hoy comenzó en Bogotá el juicio contra Nicolás convocado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que busca determinar si cometió actos de corrupción vinculados con al caso Odebrecht. Luisa Ortega Díaz, encargada de exponer la acusación y presentar los testigos, habló hoy de los más de 35.000 millones de dólares y más de 2.300 millones de euros que Venezuela pagó a Odebrecht por obras inconclusas y explicó cómo Nicolás burló la legislación para adjudicar de manera directa a Odebrecht obras de enorme envergadura, sin que mediara licitación alguna.
Nosotros los migrantes
Durante la presentación de un decreto que beneficia a personas inscritas en el registro administrativo de migrantes (más de 442.000 personas), el presidente Juan Manuel Santos insistió en la necesidad de abrir un corredor humanitario para atender a la población, enfatizando la «condena a las acciones del régimen venezolano que ha generado esta crisis humanitaria». Para Santos, los problemas generados por nuestra diáspora los siente América Latina, por un “un régimen que no escucha y que parece que está en un estado de negación total porque no solamente no escucha sino que no actúa»; por eso añadió: «el mundo entero está cada vez más aterrado» con lo que sucede en Venezuela porque su población «está muriendo de hambre y muriendo de enfermedades por falta de medicamentos». El permiso especial por dos años decretado hoy, permitirá a los migrantes estudiar, trabajar y recibir atención médica. Por su parte, Chile manifestó su preocupación por los 50 dólares que está cobrando el Gobierno venezolano para legalizar (poner un sello) el certificado de antecedentes penales. A criterio del canciller Roberto Ampuero, esta medida impacta negativamente en la política migratoria de Chile, y en el presupuesto de los venezolanos que allí residen.
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