El daño al patrimonio cultural en Las Mercedes que el Estado deja hacer y pasar
Las Mercedes alberga 25 obras y edificaciones que cuentan con la declaratoria de patrimonio cultural (aunque el Monumento a San Francisco de Asís ahora ya no esté en su lugar de origen y se desconozca el paradero del Busto de Alfredo Sadel), y existen muchos más que ostentan la condición de bienes de interés cultural municipal. Según expertos consultados para este reportaje, la cualidad de patrimonio cultural se ve afectada por la irrupción de grandes edificaciones modernas que se construyen en esta urbanización
La urbanización Las Mercedes fue, desde sus comienzos en los años 40 del siglo pasado, una zona exclusivamente residencial y una joya arquitectónica que reflejó las tendencias de la época en materiales y técnicas de construcción. Todo ello le otorgó años después la declaratoria como Patrimonio Cultural.
Con el tiempo se convirtió en la preferida de personas de altos ingresos al proliferar los restaurantes y discotecas exclusivas para este tipo de público. Hoy, las construcciones de varios edificios modernos con innovaciones tecnológicas y grandes torres de oficinas, contrastan con el conjunto urbano. Pero preocupa cómo se atenta su legado de patrimonio cultural, mientras las autoridades gubernamentales voltean la mirada.
Desde hace varios años, Las Mercedes sufre una nueva transformación. En ella se observa la invasión de maquinaria, obreros y equipos de construcción que alteran la esencia de la localidad. Expertos consultados para este reportaje explicaron la necesidad de hacer cumplir la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, ya que sus leves sanciones han dado pie a los cambios que se están dando en esta urbanización. Advirtieron —además— que se hacen modificaciones en lo interno de las estructuras protegidas, al dejar intactas las fachadas, pero que igual se comete una violación a las normativas.
La declaratoria de Patrimonio Cultural de Las Mercedes está confirmada en el Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano 2004-2005, donde se detalla que surgió a finales de la década de 1940 «como respuesta a la expansión demográfica en el Valle de Caracas»; y se convirtió en una de las primeras urbanizaciones planificadas y desarrolladas de la capital.
La mayoría de las edificaciones declaradas patrimonio cultural son residencias de propiedad privada, pero con el añadido de tener un valor excepcional; por lo que todas quedan sometidas y protegidas por las disposiciones contempladas en la Constitución, en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y su Reglamento, así como otras normas que rigen esta materia.
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Foto: Ronald Peña
Las Mercedes alberga 25 obras y edificaciones que cuentan con la declaratoria de patrimonio cultural (aunque se desconoce el paradero de dos de estas: el Monumento a San Francisco de Asís y el Busto de Alfredo Sadel), y existen muchos otros bienes que ostentan la condición de bienes de interés cultural municipal.
Es por ello que esta irrupción de grandes edificaciones modernas afecta, según expertos consultados para este reportaje, la cualidad de patrimonio cultural.
La arquitecta Hannia Gómez indicó que esta condición de patrimonio cultural impide que la urbanización como tal o sus edificaciones emblemáticas se puedan alterar, «ya que están protegidas por sus valores culturales».
Advirtió sobre la inexperiencia de las personas encargadas de decidir sobre el valor histórico de las edificaciones. «No son ni expertos en la Alcaldía (la de Baruta en este caso) ni expertos del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), sino que lo están haciendo los propietarios o nuevos dueños, los promotores o arquitectos que están trabajando los edificios; a quienes no les interesa preservar nada sino sus propios intereses».
En el Catálogo del Patrimonio Cultural ya se decía que el equipamiento urbano de la urbanización le confería cierta complejidad con la incorporación de colegios, una iglesia, estaciones de servicios y centros comerciales. «Ha experimentado un proceso de integración parcelaria, el cual ha generado la inserción de nuevos inmuebles de gran altura; y en consecuencia un cambio en el tejido original, y una heterogeneidad en el perfil de la urbanización».
«Las nuevas y grandes construcciones en Las Mercedes están dañando el patrimonio cultural», afirmó la arquitecta Gómez, quien además reiteró que uno de los valores es el ambiente urbano. «Estas torres no tienen nada que ver con el ambiente urbano que existía».
No obstante, aclaró que no es que no pueda haber desarrollo, pero sostuvo que no hay un criterio para examinar el máximo de altura de las nuevas construcciones para mantener una armonía entre lo viejo y lo nuevo.
«Eso no lo está regulando nadie; por lo tanto, ahí hay una violación de la Ley de Protección de la Urbanización por el lado urbanístico. Todo el mundo dice que acabaron con Las Mercedes, que fue destruida», sentenció la experta que tiene un máster en Diseño Urbano en la Universidad de Columbia, Nueva York, y también es la presidenta de la Fundación Docomomo Venezuela.
Por su parte, el abogado Octavio Sisco, quien tiene un doctorado en Patrimonio Cultural en la Universidad Latinoamericana del Caribe, enfatizó que la protección del patrimonio cultural recae en el Estado, que debe «cuidar que no se deteriore, que no se destruya y, si se va a hacer una intervención por refacciones o remodelaciones, velar que no se desnaturalice la integridad de la obra».
La transformación del edificio Aralar
Octavio Sisco y Hannia Gómez ejemplifican lo que ocurre en la zona con el edificio Aralar, ubicado en la avenida Orinoco de Las Mercedes y construido en 1950 por arquitectos vascos que llegaron como inmigrantes al país. En abril de 2022 se ejecutaron unas demoliciones para dar paso a un restaurante. El mismo alcalde de Baruta, Darwin González informó por medio de Twitter que «se hará una refacción de la edificación, previamente aprobada por el Instituto de Patrimonio Cultural».
¡Atención, baruteños!
Les informo que es falso el rumor sobre la demolición del edificio patrimonial Aralar, ubicado en la Av. Orinoco de #LasMercedes.
Lo que se hará es una refacción de la edificación, previamente aprobada por el Instituto de Patrimonio Cultural. pic.twitter.com/9FGKvF71e2
— Darwin González (@darwingonzalezp) May 10, 2022
TalCual se acercó al lugar y conversó con un parquero de la zona, quien aseguró que en el edificio Aralar se construye el restaurante que se espera sea inaugurado a finales de este año o a inicios de 2023. También se intentó conversar con el arquitecto encargado de la obra o algún trabajador; pero no se logró la comunicación.
La arquitecta Gómez explicó que lo que sucede con el Aralar es que se le dio «vara alta y carta blanca a los arquitectos y nadie está interpretando lo que significa que ese edificio sea declarado bien de interés cultural».
Edificio Aralar. Foto: Ronald Peña
Edificio Aralar antes de su deterioro y transformación. Foto de la Fundación Arquitectura y Ciudad
Recordó que por ley existe la obligación de presentar el proyecto al IPC para que dé su opinión sobre modificaciones en las rejas y el diseño urbano, alterar el perímetro de la cornisa de la fachada o destruir el interior. «Todo eso lo tenía que dictaminar el IPC, no el arquitecto», reafirmó Gómez, para recordar que el hecho de que eso no se haga y que la alcaldía no lo exija, es un incumplimiento de la ley y «por eso están destruyendo el patrimonio».
Para corroborar si el Instituto de Patrimonio Cultural aprobó obras en el Aralar y modificaciones en otras obras que son patrimonio cultural en Las Mercedes se le enviaron mensajes a la directora de la institución, Dinorah Cruz, pero no se obtuvo respuesta.
También se intentó establecer comunicación con la Alcaldía del municipio Baruta y tampoco respondieron a las solicitudes.
Ley vs realidad
De acuerdo a las normativas actuales, los bienes declarados patrimonio cultural pueden ser vendidos y también pueden tener un uso distinto al originalmente dado, sin embargo, no se pueden demoler ni modificar.
Al respecto, el artículo 21 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural establece que ninguna autoridad puede emprender o autorizar actos de demoliciones, reformas, reparaciones, restauraciones o cambios de cualquier otro tipo sobre los monumentos nacionales propiedad de particulares, sin que medie la correspondiente aprobación del Instituto del Patrimonio Cultural.
También señala que cualquier persona natural o jurídica de carácter público y en caso de que la obra se haya comenzado o concluido, puede ordenar que se repare el monumento a su estado anterior; y si se trata de un monumento de propiedad particular, los trabajos de reposición se harán a expensas del propietario.
Por su parte, el artículo 15 de la Ordenanza sobre Patrimonio Histórico de Baruta expresa que «los bienes declarados patrimonio histórico municipal no podrán ser demolidos o destruidos, solo podrán realizarse las reparaciones y fracciones necesarias que no modifiquen su estructura original».
Octavio Sisco explicó que, para hacer cualquier cambio en estas edificaciones, el dueño debe pedir una autorización al IPC y presentar el proyecto para que se le autorice qué puede hacer y qué no. «Puedes hacer modificaciones, siempre y cuando, preserven las características propias de la edificación; que son las que llevaron justamente a su declaratoria», añadió.
La arquitecta Hannia Gómez dijo que las autoridades consideran que una arquitectura se preserva con el mantenimiento de la fachada «eso no es así; la arquitectura es todo: los espacios internos, las escaleras, los detalles arquitectónicos internos y externos, y eso no lo está haciendo nadie».
Agregó que esta situación se le puede aplicar a todos los edificios de Las Mercedes y hasta de Caracas, donde afirmó hay «negligencia administrativa» por parte del Instituto de Patrimonio Cultural y de las alcaldías. «No están haciendo su gestión profesionalmente, y, por tanto, el patrimonio se está perdiendo todo».
A su juicio, el IPC no «respeta la ley; depende de los intereses que están en juego». Sin embargo, aclaró que desde el organismo se ejecutan buenas acciones cuando no hay intereses comprometidos. «Otras veces se abstiene por los intereses; eso se ha visto en Las Mercedes en muchos casos».
Afirmó Gómez que la situación es la misma con la Alcaldía de Baruta, la cual se abstiene de emitir pronunciamiento alguno. «No paraliza las obras que estén alterado el patrimonio cultural y, entonces, dicen que eso está bien; pero nadie está haciendo experticia patrimonial».
¿Y el daño al patrimonio cultural?
La Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural establece sanciones para quienes destruyan las obras declaradas como tal; bien sea con intención o por impericia. En el título VI, específicamente en el artículo 44, dice que todos los ciudadanos están obligados a una participación activa en pro de la defensa, rescate y conservación del patrimonio cultural.
También agrega que «será penado con dos (2) a cuatro (4) años de prisión quien destruya, deteriore o dañe cualesquiera de los bienes establecidos en los artículos 2° y 6° de esta Ley».
De la misma manera, el artículo 47 de esta ley agrega que otras infracciones a esta ley que no constituyan delito, «serán sancionadas con multa de cinco mil (5.000) a diez mil (10.000) días de salario mínimo urbano. La sanción será impuesta por el Ministerio de Hacienda, a solicitud del Instituto de Patrimonio Cultural».
Sin embargo, esta ley, que data del año 1993, tuvo algunas modificaciones en 1997. El abogado Octavio Sisco explicó que uno de los cambios fue que las multas se les hizo una conversión a unidades tributarias (UT).
A su juicio, «las multas son risibles» porque varían de 500 a 1.000 UT para quien cause daños al patrimonio cultural, por lo que la máxima multa a cancelar sería de 400 bolívares, de acuerdo al valor de la unidad tributaria de 0,40 bolívares.
«Eso debería modificarse porque eso estimula (la destrucción del patrimonio cultural) porque la sanción es poca», afirmó el abogado.
Para la arquitecta Hannia Gómez, las autoridades están en deuda en materia de patrimonio cultural con los ciudadanos «con la ausencia de oficinas que atiendan este punto». Reveló que ninguna alcaldía del país tiene un departamento o división de patrimonio en sus oficinas; salvo la de Libertador (Caracas) que tiene Fundapatrimonio.
Otro déficit que Gómez condenó es que las declaratorias de patrimonio cultural lleven 17 años congeladas. «Es absurdo y debería ser ilegal porque es retardo administrativo e irresponsabilidad». Añadió que, en la mayoría de los países, todos los años hay declaratorias nuevas.
Recordó que en Venezuela existe desde el 2006 un inventario de obras con valor para ser declaradas patrimonio cultural, que se supone el Instituto de Patrimonio Cultural debería ir sumando cada año.
No obstante, pasaron los años y muchas infraestructuras antiguas y de valor arquitectónico, no solo en Las Mercedes sino en todo el país, pudieron protegerse y salvarse de ser modificadas o demolidas, para luego imponer una caótica transformación urbanística sin que nadie pudiera defender su legado como patrimonio cultural.
