El Estado venezolano atacó al pueblo, concluyó la Misión de la ONU tras el 28J
El último informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela expone un panorama de represión política y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Óscar Murillo, coordinador de Provea, advierte que «el pueblo venezolano atraviesa la etapa más difícil de persecución política en la historia contemporánea»
El más reciente informe de la Misión Internacional de Determinación de Hechos de Naciones Unidas vuelve a colocar a Venezuela en el centro del debate sobre derechos humanos. La investigación, presentada en Ginebra, detalla un patrón de persecución política y documenta desapariciones forzadas, torturas y abusos sexuales contra detenidos. Óscar Murillo, coordinador general de Provea, advierte que el reporte refleja no solo un deterioro institucional sin precedentes, sino también «un saldo de dolor y sufrimiento en las familias venezolanas».
Murillo subraya que el documento llega en un contexto marcado por la crisis de legitimidad tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. «El bloqueo de la salida electoral ha llevado al grupo en el poder hacia un proceso cada vez más autoritario, que termina restringiendo libertades y profundizando la crisis de derechos humanos», explica. El informe confirma lo que las ONG nacionales han denunciado: que en Venezuela existe un patrón de crímenes de lesa humanidad, en particular de persecución política.
El giro tras el 28 de julio
El especialista rememora que en ciclos de protestas anteriores, como en 2014 o 2017, pese a las detenciones arbitrarias aún era posible que defensores ejercieran alguna forma de representación legal. Ahora, en cambio, la justicia aparece como engranaje activo de la represión. «El poder judicial, que debería proteger al ciudadano, se activó para atacarlo», dice Murillo. Esa instrumentalización, añade, llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a afirmar que en Venezuela ocurre un «terrorismo de Estado».
El informe de la misión de la ONU documenta 25 muertes en el contexto pos-electoral de 2024, cinco de ellas bajo custodia estatal. También denuncia 22 casos de violencia sexual en centros de detención y al menos 30 posibles desapariciones forzadas. Para Murillo, el registro más estremecedor es la constatación de que dos de los fallecimientos en prisión se debieron a falta de atención médica. «El Estado es el único responsable de quienes están bajo su custodia. Que una persona muera por negligencia revela el nivel de degradación institucional», afirma.
El coordinador de Provea, entrevistado en Noche D de TalCual, insiste en que estas prácticas no solo buscan castigar al disidente, sino sembrar miedo colectivo. «El pueblo venezolano buscó una salida pacífica, votó, y la respuesta fue represión. Lo que se ha querido es aplastar la esperanza», sostiene.
Extranjeros como rehenes políticos
Uno de los aspectos más llamativos del informe es el número de extranjeros detenidos en Venezuela. La misión documenta más de 80 casos, y el propio gobierno ha admitido entre 120 y 150 arrestos de personas con distintas nacionalidades, bajo acusaciones de conspiración. Para Murillo, esto confirma un patrón: «Hay una utilización de estas detenciones como fichas de negociación, una suerte de rehenes políticos».
Critica, en ese sentido, el silencio de algunos países. «Colombia tiene el mayor número de ciudadanos presos en Venezuela y sin embargo guardó silencio en el Consejo de Derechos Humanos. Eso no puede ocurrir cuando está en juego la dignidad de las personas», comenta.
Y advierte que varios de los detenidos ni siquiera han tenido acceso a atención consular, lo cual constituye una violación flagrante del derecho internacional.
Un diálogo más claro en Ginebra
La presentación del informe en el Consejo de Derechos Humanos estuvo seguida por un debate en el que varios países expresaron preocupación. Murillo destaca el cambio de tono: «Esta vez hubo más claridad y un lenguaje más directo. Noruega denunció la complicidad del sistema judicial y de la Defensoría del Pueblo en las violaciones, algo que rara vez se decía en voz alta«. También menciona a Brasil, que adoptó una postura más crítica que en ocasiones anteriores, y a España, que reclamó por sus ciudadanos detenidos.
En contraste, la delegación venezolana se limitó a descalificar el trabajo de la misión, acusándola de usar «testimonios inventados» y «fuentes dudosas». Para Murillo, esa reacción era previsible. «Condenan al mensajero porque no pueden rebatir los hechos. Y si la misión no ha entrado al país es porque el propio gobierno lo impide», explica.
Memoria y justicia pendiente
Más allá de la denuncia, el coordinador de Provea subraya la importancia de estos informes para construir memoria. «Las víctimas lo dicen con claridad: no queremos que esto vuelva a ocurrir. Para eso hay que narrar lo que pasó y dejarlo registrado. La memoria es la base de la justicia«, afirma.
Reconoce, sin embargo, que la comunidad internacional todavía no ha logrado articular una estrategia eficaz para frenar la regresión autoritaria en Venezuela. «Es la crisis democrática más grave que ha visto Sudamérica en 50 años. Si no se atiende, puede sentar un precedente muy peligroso para la región», advierte.
En un país donde los contrapesos institucionales se han desmoronado, la voz de las víctimas y el eco de organismos internacionales aparecen como los pocos recursos para mantener viva la exigencia de justicia. Y en ese terreno, recuerda Murillo, «el pueblo venezolano no está claudicando ni resignado: sigue levantando su voz en la etapa más difícil de persecución política que ha vivido la Venezuela contemporánea».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
