El «gobierno feminista» de Maduro se derrumba en su último informe ante la Cedaw
La delegación venezolana en la Cedaw se vio obligada a reconocer las continuas fallas para disminuir la violencia de género, proveer de un sistema de salud efectivo, atender a víctimas de trata de personas, así como a pueblos indígenas afectados por la actividad minera al sur del país
La administración de Nicolás Maduro presentó este jueves 18 de mayo su noveno informe periódico ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), donde se rindieron cuentas de los avances sobre las mejoras en los derechos de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela desde 2014 hasta la fecha.
A pesar de que la ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Diva Guzmán, defendió al «gobierno feminista» de Nicolás Maduro y condenó el impacto de las sanciones de forma diferenciada contra las mujeres; tanto la funcionaria como la delegación venezolana se vieron obligados a reconocer las continuas fallas para disminuir la violencia de género, proveer de un sistema de salud efectivo, atender a víctimas de trata de personas, así como a pueblos indígenas afectados por la actividad minera al sur del país.
Durante su intervención inicial, de poco más de 25 minutos, la ministra Guzmán aseguró que las sanciones, por ejemplo, han impedido la compra de piezas para equipos médicos, así como la procura de reactivos para laboratorios, material médico quirúrgico y vacunas.
Denunció además que nueve millones de dólares, destinados para la compra de materiales de diálisis para 15 mil pacientes de hemodiálisis, fueron bloqueados; así como los retrasos y bloqueos de bancos internacionales como JP Morgan para cancelar a empresas del ramo de salud, al Fondo Rotatorio de la OPS y el sistema Covax de vacunas.
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La ministra también afirmó que se han promulgado o reformado seis leyes y decretos, entre ellos la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Sistema de Cuidados y la Ley de Promoción para el uso de Lenguaje con Enfoque de Género, sobre las cuales todavía no existen reglamentos.
Dijo que actualmente se trabaja para elaborar una ley de parto humanizado y lactancia materna, una ley de prevención del embarazo a temprana edad y una ley de atención a infecciones de transmisión sexual.
Destacó además el Sistema Patria, del cual dijo están «registrados voluntariamente y sin discriminación», al menos 21 millones de venezolanos, «donde las principales beneficiadas son las mujeres».
Otro dato que aportó la ministra es que 50,40% de la población económicamente activa son mujeres, «que además, liderizan el sector de emprendedoras con más del 60%».
Mujeres, salud desatendida
La ministra Diva Guzmán señaló que la esperanza de vida para las mujeres el año pasado alcanzó los 79,23 de años de vida, «superando seis puntos a los hombres». Además, dijo que de 333.526 personas con discapacidad en el país, 47.46% son mujeres que están siendo atendidas con insumos médicos.
«Estamos desarrollando el Plan Parto Humanizado y Lactancia Materna, el cual cuenta con 10.300 promotoras, en lo que va del 2023 se realizó la formación y acompañamiento de 24.070 gestantes en periodo de lactancia», destacó la funcionaria.
Durante el diálogo interactivo, donde la delegación venezolana fue cuestionada por distintas expertas de la Cedaw, la viceministra de Redes de Atención Ambulatoria, Joicymar Rivas, aseguró que el país «ha tenido avances significativos en materia de salud (…) las mujeres definitivamente estamos cubiertas en el acceso a la salud, somos prioridad para el gobierno venezolano».
Respecto a los avances en derechos sexuales y reproductivos, disminución de la mortalidad materna y embarazo en adolescentes, la viceministra Rivas refirió mayormente una atención enfocada en charlas a algunas comunidades, entrega de algunos métodos anticonceptivos, capacitación y actualización para personal médico y arreglos en 467 salas de parto de bajo riesgo.
Según Rivas, a través del sistema de educación universitaria se hicieron 648 jornadas preventivas de salud sexual y reproductiva, aunque no precisó si solo abarcan a actividades del año pasado. También afirmó que se entregaron 401.624 métodos anticonceptivos el año pasado, sin precisar cuales.
373.262 de esos métodos anticonceptivos fueron entregados a mujeres, lo que evidencia la concepción del Estado de que la responsabilidad tanto sexual como reproductiva recae en este sector de la población. También precisó que 28.662 anticonceptivos fueron entregados a adolescentes.
La viceministra resaltó además que el año pasado se salvaron 58.192 mujeres en estado crítico durante su embarazo, se registraron 404.054 nacimientos vivos y se realizaron 807.673 consultas prenatales. Sobre el Plan parto humanizado, refirió un incremento de 75% de partos vaginales en centros públicos acompañados por promotoras de esta misión.
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Sobre las denuncias de esterilizaciones forzadas, realizadas por ONG y repreguntadas por una experta de la Cedaw, la viceministra solo remitió que la ley sanciona este tipo de violencia contra la mujer y señaló que cualquiera que se somete a este tipo de operaciones debe firmar un consentimiento informado.
La funcionaria omitió durante sus intervenciones referirse a la situación del aborto en el país, que tiene una de las leyes más restrictivas de la región y criminaliza esta práctica médica en casi todas las causales.
Respecto a la atención de mujeres con VIH / Sida o enfermedades crónicas, Joicymar Rivas dijo que la terapia antirretroviral «está garantizada 100% a todos los usuarios incritos», que existe «100% de cobertura de exámenes en mujeres gestantes» y que el año pasado realizaron 1.215 pruebas rápidas a mujeres embarazadas para descartar VIH.
La viceministra también culpó a las sanciones de impedir a empresas internacionales que realicen el mantenimiento de equipos médicos para mejorar la atención de personas con cáncer, especialmente mujeres, en el país. Reconoció que de 23 equipos de radioterapia, solo cinco están operativos, mientras que 17 equipos de braquiterapia están inoperativos.
Atención insuficiente
La experta israelí Dafna Hacker –quien tuvo información reciente en reportes de la región– cuestionó los esfuerzos y políticas implementadas por Venezuela para frenar la trata, la prostitución y explotación sexual de niñas y mujeres, especialmente migrantes.
«Aplaudo las medidas tomadas por el Estado parte para combatir la trata con fines sexuales en su territorio, pero no obstante, me preocupa la falta de atención a lo que se considera la prostitución y la explotación de la prostitución. Además, me rompe el corazón escuchar informes alarmantes de mujeres venezolanas que son explotadas y que han sido víctimas de trata sexual en su tránsito hacia otro país, teniendo en cuenta a las millones de mujeres que han abandonado Venezuela en los últimos años en circunstancias complicadísimas», dijo.
Entre las interrogantes formuladas por Hacker, señaló el desfase entre las estadísticas oficiales y el de las organizaciones no gubernamentales, lo que «nos hace preocupar que exista una falta de denuncia, además tampoco hay estimaciones sobre la cantidad de mujeres que se prostituyen o que son explotadas sexualmente».
Por otra parte, recordó que se desconocen los alcances del Pan Nacional contra la Trata de Personas 2021-2025, así como tampoco «se centra en sancionar a los autores de ese delito y tampoco se aborda la protección a las víctimas menores (…) Creo que la información sobre trata no incluye lo que sucede en el Arco Minero del Orinoco siendo parte de esas víctimas niñas y adolescentes indígenas de la zona (…) ¿Qué prevé hacer el Estado parte para que este Plan Nacional se adecúe a las normas internacionales de las cuatro P: prevención, enjuiciamiento, protección y asociación? ¿Planea crear casas de abrigo para las víctimas de trata? Las venezolanas en su camino hacia Colombia son víctimas de trata, ¿qué hace el Estado parte para combatir a los grupos delictivos, qué hace para bloquear las oferta de empleo virtuales y falsas que son usadas para prostituir a las mujeres?».
Al respecto, la viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica, Alana Zuloaga, solo refirió que las víctimas son atendidas en una unidad especializada del Ministerio Público, dojo que «nos enfrentamos al gran reto y el desafío de ser migración de origen, con una migración inducida que ha expuesto a nuestros hombres y mujeres a las redes de trata sometiéndolas a grandes torturas, no solo sexuales sino laboral», dijo Alana Zuloaga, quien además reconoció que el Plan Nacional contra la Trata no es público.
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«Es un delito que hoy nos sorprende como patria», aseguró la viceministra, quien también explicó que existe coordinación con la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, cuerpos de seguridad nacionales, como el Cicpc, e internacionales como Interpol, además del Ministerio Público para brindar apoyo a víctimas de trata.
Además indicó que 190 funcionarios han sido procesados por omisión o revictimización contra víctimas de violencia de género. «Sabemos que hay funcionarios que no cumplen».
Mujeres vulnerables
Las amenazas e intimidaciones por parte de actores gubernamentales contra defensoras de derechos humanos también fueron desestimadas por la delegación venezolana durante el diálogo interactivo en la sesión 85 de la Cedaw. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de DDHH, Larry Devoe, dijo que se reconoce su labor y se brinda apoyo a las organizaciones para ello.
«Las defensoras pueden ejercer libremente su labor» sin actos de acoso, intimidación o amenazas, aseguró Devoe, que no se refirió a casos particulares o la pregunta directa sobre las afectaciones a la labor de organizaciones no gubernamentales a través de un proyecto de ley que adelanta la Asamblea Nacional.
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Además, afirmó que en todos los casos donde se registran actos de acoso o intimidación son investigados debidamente por el Ministerio Público a través de su Dirección de Derechos Fundamentales.
Respecto a la llamada Ley contra las ONG, la delegación venezolana dijo que está en periodo de consultas y «solo viene a acompañar el trabajo que vienen realizando las organizaciones no gubernamentales y descartar, un elemento importante, que estas plataformas sean utilizadas para otros fines que no sean los que deben ser prescritos, por lo tanto, trae consigo la elaboración de un gran registro nacional y todo lo vinculante a esta materia».
En cuanto a la situación de mujeres privadas de libertad, la viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica, Alana Zuloaga, dijo que desde 2011 mantienen una política de reinserción a la sociedad de los detenidos por diversos delitos. Afirmó que existen 4.554 mujeres presas, lo que representa «solo 8% del total» de la población penal, en 17 centros penitenciarios.
Esta cifra es un poco superior a lo reportado (4.117 detenidas) por ONG como el Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad en sus informes sobre 2022.
Mientras que la magistrada Lourdes Suárez Anderson defendió que los tribunales especiales de atención a víctimas de violencia de género son suficientes, a pesar de que reconoció que no están creados en todo el país y, en algunos casos, los casos son trasladados a tribunales municipales, de los cuales no dijo cuál es su eficacia para atender este tipo de delitos.
Además, la magistrada de la Sala Constitucional dijo que el TSJ ha avanzado en el reconocimiento de la familia homoparental, a través de una sentencia, y el reconocimiento de identidad a niños y niñas de estas parejas, y evitó responder cuáles son las políticas que pretende implementar el Estado venezolano para reconocer de forma total a este tipo de familias, así como la identidad de personas trans.
El embajador Héctor Constant reconoció que Venezuela firmó pero está pendiente de ratificar la Convención de Minamata, referente al impacto del uso de mercurio en la salud. Además, aseguró que existe una Dirección de Salud Indígena, «que garantiza que haya un equilibrio entre la medicina comercial y tradicional (…) El Estado está pendiente de atender alguna afectación a pueblos indígenas, para ser tratados en específico».
