El gobierno necesita un milagro para eludir un default de deuda

Analistas esperan que China “perdone” como mucho 5.000 millones de dólares de los pagos previstos para este año, que pueden llegar a más de 20.000 millones de dólares

Autor: Armando J. Pernía

El consenso de los principales bancos de inversión internacionales es que Venezuela no podrá cumplir sus compromisos de deuda durante 2018, a menos que ocurran dos cosas casi milagrosas: aumente la producción petrolera y la administración de Nicolás Maduro logre una reestructuración seria de los pasivos de la República.

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntó que la caída de la economía venezolana en 2018 alcanzará -15% del PIB, con un escenario declinante de la producción petrolera, lo que traería como consecuencia una altamente probable situación de default.

Hasta ahora, el gobierno ha cumplido los compromisos pendientes mediante una combinación peligrosa de medidas que afectan la base productiva del país y la calidad de vida de la población, como la liquidación de activos estratégicos, oro monetario y una disminución agresiva de las importaciones.

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Según la firma de análisis financiero Ecoanalítica, el servicio de deuda pública puede oscilar entre 13.504 millones y 21.351 millones, en función de si el gobierno puede alcanzar algún tipo de reestructuración.

El economista Luis Oliveros señala que a Venezuela ya le pasó el tiempo de renegociar deuda. Lo que cabe es reestructurar. “Cuando se habla de renegociar, nos referimos a la evaluación de los mecánicos y plazos de pago, así como también de las condiciones; sin embargo, reestructurar es el mensaje claro de ‘no puedo pagar. Vamos a evaluar qué puedo pagar y qué no’. Venezuela ha entrado en el segundo escenario”, explica.

Los números

La firma de análisis financiero Torino Capital, cuyo economista-jefe es el economista Francisco Rodríguez, estima que la deuda total de la República cerró 2017 en 155.600 millones de dólares. De hecho, los pasivos han venido aumentando cada año, a pesar de que el país ha hecho amortizaciones sustanciales.

Durante el año pasado la República pagó 10.900 millones de dólares, una cifra, por cierto, apenas inferior al total de importaciones de bienes de consumo que alcanzó 12.300 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de eso el país acumuló más de 3.000 millones en retrasos.

En 2018 el panorama con el pago de la deuda es malo o muy malo. Los analistas señalan que el cambio positivo de los escenarios pasa por China. Si el gobierno asiático prorroga el período de gracia de dos años que concedió a la administración Maduro en su más reciente acuerdo de endeudamiento, el país solo deberá desembolsar 1.169 millones de dólares, pero si no hay prórroga el servicio con los chinos se elevaría a 6.403 millones de dólares.

Este punto es crítico, porque en medio de la estrechez fiscal que vive Venezuela, este “ahorro” de más de 5.000 millones de dólares tendría un peso importante en la estructura menguante de la finanzas públicas.

En cuanto a los pasivos pendientes con Rusia, el otro probable financista preferente del gobierno madurista, Venezuela debe entregar a Rosneft unos 250.000 barriles diarios de petróleo prepagados, lo que representa una cifra aproximada de 3.200 millones de dólares en 2018.

Asdrúbal Oliveros, socio director de Ecoanalítica, escribió en un informe reciente de proyecciones que no se descarta un “aligeramiento” de estos compromisos, pero eso no es garantía de que Venezuela pueda liberar más de 100.000 barriles de producción no sujeta a endeudamiento, pues Cuba, por ejemplo, es un socio demandante.

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El problema es que un escenario contractivo de ingresos petroleros y, además, en un año electoral, el gobierno no tiene mucho margen para seguir “quemando” activos líquidos al ritmo en que lo ha hecho para pagar deuda. En este sentido, Torino Capital calcula que las posiciones de efectivo del sector público cayeron en 4.500 millones de dólares en 2017.

Al cierre del año pasado, el país recibió 21.900 millones de dólares en ingresos petroleros. Para este año, la cifra podría ubicarse en alrededor de 26.000 millones por una mejora de precios, pero no hay mucho espacio para esperar un incremento mayor por la declinación de la producción.

El asunto es que pagar la deuda demanda cada vez mayores sacrificios fiscales y en un entorno dominado por la falta de respaldo financiero de los principales mercados, detonado por las sanciones financieras impuestas al gobierno madurista, este sacrificio se puede hacer crítico.

Las alternativas son escasas y, de hecho, algunos analistas políticos señalan que la tentativa fallida de diálogo en República Dominicana tenía la única ventaja de permitir al gobierno tratar de conseguir un espacio para renegociar su deuda de corto y mediano plazo.

Sin embargo, el diálogo fracasó y frente a la realidad el gobierno parece apostar solo por su supervivencia sin detenerse en el costo económico y social que esa sobrevivencia demande.

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