El «limbo» consular de los venezolanos en el extranjero
La crisis electoral de Venezuela condujo al rompimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares con 10 países de América Latina. Eso deja en una especie de limbo jurídico a millones de migrantes que viven en el extranjero sin acceso a trámites esenciales de su estatus civil, con todas las complicaciones que implica y nuevas limitaciones impuestas por el gobierno venezolano, entre ellas, las restricciones para ingresar al país vía aérea
Este texto se desarrolló en alianza con la plataforma periodística Connectas
Renovar el pasaporte, sacar la visa para el cónyuge extranjero, conseguir el certificado de defunción de los padres, inscribir los registros de nacimiento o matrimonio, otorgar poderes generales o especiales, autoriz00ar a los niños para viajar, obtener certificados de fe de vida para cobrar las pensiones, legalizar los certificados para el comercio internacional, como de uso, origen, de calidad, de sanidad animal. Esos son apenas algunos de los trámites que los migrantes venezolanos estarán impedidos de realizar, por la inexistencia de relaciones diplomáticas y consulares con sus países de residencia.
Hoy en día, esas preocupaciones se multiplican en países como Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, justo los que, con el posterior apoyo de Chile, exigieron la publicación de las actas electorales y se negaron a reconocer la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, según el anuncio hecho por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En respuesta, la cancillería venezolana decidió retirar el personal diplomático de las misiones en estos países, y exigió a esos gobiernos hacer lo mismo con sus representantes en territorio venezolano.
Aunque la medida solo significa una «interrupción temporal» de relaciones diplomáticas y consulares, este quiebre deja a miles de venezolanos migrantes en una situación de incertidumbre y total desprotección jurídica.
Este escenario adquiere relevancia de cara a la posibilidad de una nueva ola migratoria, que podría aumentar la cifra de desplazados en el mundo a 10 millones. Según reportes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), actualmente más de 7,7 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes se encuentran repartidas por todo el mundo, con más de 1,2 millones de ellas solicitando asilo y 347.000 reconocidas como refugiadas.
Además, tiene un gran impacto para quienes ya están en el exterior. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció el miércoles 25 de septiembre que los venezolanos residentes en países sin representación consular deberán viajar a Venezuela para retirar sus pasaportes directamente en las oficinas principales del organismo.
Dos días después, el Gobierno estableció nuevas medidas no oficiales para aquellos que viajen al país. Según la normativa, los ciudadanos venezolanos deben contar con pasaporte vigente para ingresar, y no podrán embarcarse solo con su cédula, aun si poseen doble nacionalidad. Esta decisión, además de ser contradictoria y deja en estado de vulnerabilidad a quienes requieran renovar sus documentos -y retirarlos en Caracas, según lo establecido por el Saime-, contraviene el artículo 50 de la Constitución venezolana, que garantiza el derecho de los ciudadanos a ingresar libremente al país sin necesidad de autorización.
En caso de que el ciudadano no tenga el pasaporte vigente, deberá solicitar un «Documento de viaje» en el consulado o embajada venezolana, y registrarlo con la aerolínea al menos 72 horas antes del vuelo.
La mayoría de los migrantes que llegan a los países vecinos integran familias vulnerables, con mujeres embarazadas, niños, personas mayores y personas con discapacidad, expuestos en su mayoría a la pobreza extrema o a dificultades para subsistir. Aunque los países de acogida en la región han mostrado una solidaridad notable al ofrecer acceso a servicios esenciales, la presión sobre estas naciones sigue creciendo.
Las trabas en la representación diplomática y consular pueden ocasionar problemas de legalidad en materia civil, penal y administrativa, lo que a su vez repercute en el acceso a servicios públicos, empleo y educación.
Algunos países han implementado procesos masivos de regularización para garantizar que los migrantes tengan los documentos necesarios y puedan ejercer sus derechos. Pero estos esfuerzos requieren un respaldo financiero sólido para asegurar su éxito, asegura Acnur.
Un licenciado en estudios liberales que prefirió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, –como varios de los expertos consultados en Venezuela luego de la ola represiva poselectoral–, explicó que la crisis migratoria ha llegado a un punto crítico, especialmente para aquellos que salen del país sin documentos. «Cualquier persona venezolana que salga de forma ilegal y tenga pasaporte, facilita algunas cosas, pero ahora va a haber una ola de migración sin pasaporte. No todo el mundo que migra puede pagar los 200 dólares que cuesta, lo que deja a muchos sin esta documentación básica», afirmó.
El experto señaló que todo venezolano que salga de esta manera se considera una persona con necesidad de protección internacional, ya que carece de documentos que demuestren su identidad. Además, muchos de los que salen lo hacen por razones que podrían justificar una condición de refugiado: miedo, desesperación o crisis climática.
De esta forma se convierten en un problema inmediato para los países de acogida. «Ahí entran mecanismos, ya sea a través de las agencias de Naciones Unidas o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y muchas otras, para tratar de regularizar a los migrantes a través del Estado. Pero esa es la verdadera crisis migratoria que tienen los países con Venezuela desde hace tantos años. El sistema no da abasto para la cantidad de solicitudes de apoyo consular o migratorio que reciben. Estos apoyos pueden ir desde ser reconocidos como ciudadanos hasta simplemente entender que no tienen pasaporte, pero sí su cédula y otros papeles. Cada caso es tan particular que el Estado receptor muchas veces no tiene la capacidad de apoyarlos adecuadamente», comentó.
¿Cuál es el impacto para los venezolanos?
Un internacionalista y experto en migración y refugiados, que prefirió resguardar su identidad, le indicó a TalCual que, a largo plazo, «las relaciones consulares nunca son lineales y están sujetas a cambios constantes según los condicionantes sociopolíticos del momento. Para los ciudadanos puede ser engorroso, pero estas fluctuaciones generan movimientos constantes en el estatus de las relaciones», declaró.
En cuanto a los trámites de ciudadanía, residencia o asistencia legal, señaló que, si bien es posible que persistan dificultades administrativas, existe un marco internacional, tanto a nivel de Naciones Unidas como de otros actores no gubernamentales, que puede servir como puente para facilitar ciertos trámites y evitar que los venezolanos queden en un limbo absoluto.
Si bien podrían mantenerse algunos obstáculos en términos de eficiencia administrativa, es probable que, en paralelo con las tensiones políticas y diplomáticas, se desarrollen mecanismos de flexibilización que permitan a los ciudadanos acceder a trámites consulares aún en contextos adversos, concluyó el internacionalista.
Sin embargo, desde Venezuela, los trámites en lugar de simplificarse se hacen más complejos. El miércoles 25 de septiembre, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que aquellos venezolanos que viven en el exterior en países donde no hay representación consular deben regresar a Venezuela y retirar sus pasaportes en las oficinas principales de la institución.
La información publicada por el Saime en redes sociales señala que «los venezolanos que se encuentran fuera del país y hayan tramitado el pasaporte a través de los consulados que están cerrados, podrán dirigirse a nuestra sede principal en Caracas para retirar el documento de viaje».
Pero dos días después, el Gobierno venezolano envió una notificación oficial a las aerolíneas que aún tienen vuelos hacia Venezuela en la que especifica que «los pasajeros venezolanos deben tener su pasaporte venezolano vigente al momento del viaje, y en caso contrario deberán solicitar un “Documento de Viaje” ante el Consulado o la Embajada venezolana acreditada en el exterior y registrarlo con la aerolínea con al menos 72 horas antes del embarque».
La medida implica que no se permitirá el embarque a venezolanos con cédula de identidad venezolana, aún estando vigente y que aquellos pasajeros venezolanos que tengan doble nacionalidad, deben presentar de igual manera el pasaporte venezolano vigente. Si el pasaporte venezolano está vencido, no podrá ser embarcado aun teniendo el pasaporte de su otra nacionalidad vigente, a pesar de que se trata de una decisión contraria a lo que establece el artículo 50 de la Constitución: «(…) Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas».
¿Qué se puede hacer?
Una cosa es la ruptura diplomática entre los países, que tiene consecuencias de carácter general, y otra la consular, que afecta directamente a la vida de las personas que viven en el extranjero. El internacionalista explicó que «cuando se produce una ruptura de relaciones diplomáticas, hablamos de un cese en los vínculos políticos entre dos Estados. Pero dado que, generalmente, las oficinas consulares operan dentro de las sedes diplomáticas o en coordinación con ellas, una ruptura de relaciones diplomáticas puede dejar a los connacionales sin un marco de protección adecuado», explicó.
Sin embargo, la situación de Venezuela con los países que no reconocen la victoria de Maduro ha llegado a un nivel sin precedentes. De hecho, la ruptura consular sólo suele ocurrir en situaciones extremas, como un conflicto bélico entre los países. De acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, no toda ruptura de relaciones diplomáticas implica automáticamente lo mismo en las consulares. Al no haber una comunicación oficial que la indique, se presume que, en términos técnicos, «sólo han sido modificadas en el contexto de las tensiones poselectorales», detalló el experto.
Existen también mecanismos internacionales e instituciones que pueden intervenir para ofrecer protección a los ciudadanos. Se trata de fórmulas en las que terceros Estados asumen la responsabilidad de proteger locales diplomáticos, facilitar trámites consulares y garantizar el mecanismo de «concurrencia», al asegurar que los ciudadanos venezolanos puedan realizar sus gestiones en consulados de terceros países.
«La concurrencia significa que, aunque no exista un consulado venezolano en el país donde se reside, los venezolanos pueden acudir a un consulado en un país vecino que asuma esas funciones. Esto asegura que puedan seguir ejerciendo sus derechos como ciudadanos», comentó el internacionalista. Pero aclaró que los extranjeros podrían enfrentar desafíos adicionales para realizar trámites que requieran presencialidad o un contacto directo.
Sin embargo, el especialista consultado explicó que cuando otro país asume funciones consulares en representación de Venezuela, lo hace mediante un acuerdo entre ambos Estados. Por ejemplo, si el consulado de Colombia en República Dominicana asume funciones en nombre de Venezuela, los venezolanos deberán dirigirse a esa oficina para realizar trámites. Pero esos acuerdos por ahora no han terminado de establecerse.
Además, resaltó que el Estado venezolano sigue siendo el encargado de definir qué servicios se ofrecerán y dónde. De hecho, puede ampliar las competencias o el rango jurisdiccional de otros consulados y debe indicar qué país asumirá algunas de las funciones y protecciones. Esta decisión debería ser comunicada por la Cancillería al Estado receptor y a la comunidad venezolana. Pero en la mayoría de los casos, nada de eso ha sucedido.
Un ejemplo de cómo se estaba manejando la situación es el caso de Argentina. El 1 de agosto, la Cancillería de ese país anunció que Brasil asumiría la protección de los locales de la embajada argentina en Caracas, así como la custodia de sus bienes, archivos e intereses, en concordancia con las normas internacionales vigentes. De esa manera, Brasil también se encargaría de proteger a los asilados en la Embajada, incluyendo a seis miembros de la campaña de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, resguardados desde el 20 de marzo.
Pero el 7 de septiembre, el gobierno de Caracas revocó ese reconocimiento a Brasil, incluida la administración de la embajada y la residencia. Argumentó que las personas refugiadas estaban involucradas en actos de terrorismo e intento de magnicidio contra Maduro. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil respondió que Venezuela debe autorizar un país de reemplazo para revocar la autorización, y que mientras tanto, seguirán asumiendo esa responsabilidad. Pero ese impasse sigue sin ser resuelto.
De igual manera, un abogado experto en migración que prefirió mantenerse en el anonimato advirtió que el «limbo consular» que enfrentan los venezolanos en varios países ya ocurrió por ejemplo durante la ruptura de relaciones entre Venezuela y Colombia durante el gobierno de Iván Duque. En ese entonces Colombia tuvo que encontrar soluciones para regularizar el estatus migratorio de los venezolanos.
«Ese caso es un ejemplo claro, ya que Bogotá adoptó una forma de protección temporal para los migrantes venezolanos. Es probable que países con relaciones diplomáticas rotas con Venezuela adopten soluciones similares», explicó el abogado. Añadió que Chile, por ejemplo, ha delegado su representación diplomática a otro país, lo que puede servir como modelo para otras naciones. En República Dominicana, España ha asumido la representación venezolana, lo que ha permitido la continuidad de ciertos trámites consulares, aunque a un ritmo más lento.
Sin embargo, el abogado alertó que, ante la falta de renovación de documentos venezolanos, los migrantes pueden verse expuestos a ser deportados cuando deban renovar sus visas en los países de destino. «Las organizaciones de venezolanos allá deberían abogar ante los congresos locales por medidas especiales que protejan a los migrantes que no pueden renovar sus documentos debido a la crisis consular», concluyó.
Más restricciones, más desamparo
La politóloga Miroslava Colán añadió que de aquí al 10 de enero (fecha de la toma de posesión del presidente) «la ruptura consular entre naciones podría robustecerse», ya que a su parecer, «la presión diplomática está presente, pero no está siendo tan contundente» como para que Maduro modifique su postura. A pesar de que algunos países han adoptado medidas flexibles para regularizar la situación de los venezolanos con pasaportes vencidos, este proceso no es uniforme y afecta a su vez el acceso a servicios esenciales como traductores y representación oficial en caso de ser detenidos o enfrentarse a problemas legales.
Entonces, la responsabilidad de garantizar los derechos humanos queda en manos del Estado receptor, pero estos países también deben atender a sus propios ciudadanos, lo que incrementa la carga y dificulta la atención adecuada a los venezolanos. Al no contar con representación diplomática, los migrantes quedan expuestos a violaciones de sus derechos, incluyendo xenofobia y malinterpretaciones legales, sin la posibilidad de recurrir a su embajada en busca de protección.
Muchos funcionarios de migración y policías nacionales no están completamente informados sobre la validez extendida de los pasaportes venezolanos, lo que lleva a situaciones de discriminación y detenciones arbitrarias. Colán afirma que «volveremos a una situación como la de 2019-2020, donde las personas no tendrán acceso a la identidad y quedarán expuestos a la ilegalidad».
Según análisis de la politóloga, la relación del régimen venezolano con países como China, Rusia, Irán y Cuba se mantendrá, ya que son sus principales aliados internacionales. Sin embargo, Colán señala que ninguno de esos países es un destino para los migrantes venezolanos. En este sentido, el futuro para ellos sigue siendo incierto, porque finalmente dependen de la voluntad de los países receptores. Lo cual quiere decir que, aunque suene absurdo decirlo, los migrantes venezolanos tendrán que revestirse de paciencia mientras las aguas de la política internacional del país siguen atravesando tempestades.
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