El objetivo de algunos diputados ahora es defenderse de ser llamado corrupto
Ni Conrado Pérez, José Brito o Luis Parra, todos de Primero Justicia, declararon de manera formal a los medios presentes en la Asamblea Nacional. Los tres fueron señalados de formar parte de una trama para favorecer a empresarios vinculados a casos de corrupción
Nadie tiene que ver o los mayores implicados se mantuvieron en silencio. Así fue el transcurrir del 3 de diciembre en la Asamblea Nacional, antes de la sesión ordinaria donde se ordenó una comisión especial para investigar e intervenir la Comisión permanente de Contraloría luego de las denuncias del portal de periodismo de investigación Armando.Info.
La investigación de Armando.Info revela una trama que involucra a parlamentarios, mayoritariamnete de la Comisión de Contraloría, para «lavar la cara» a empresarios involucrados en corrupción con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como Álex Saab.
Muchos de los diputados implicados habían adelantado sus posiciones en redes sociales, e incluso dos (José Brito y Conrado Pérez) dieron ruedas de prensa para desmentir su vinculación en actos de corrupción, y aprovecharon de denunciar al presidente de la AN, Juan Guaidó, en otros hechos.
El primero en aparecer fue William Barrientos (Un Nuevo Tiempo – Zulia), quien con pasaporte en mano y algunas cartas donde solicita investigar a los CLAP, se desligó de estar en esa trama de diputados y dijo que el vicepresidente de Contraloría, Conrado Pérez le pidió que firmara la carta que eximía a Álex Saab de investigaciones, a la cual se negó.
Además, dijo que para verificar esto pueden ir “a la notaría de Chacao donde se registró este documento”. Justamente la comisión especial que investigará este caso (compuesta por Edgar Zambrano, Stalin González y Marialbert Barrios), anunció que una de las citaciones es para el notario quinto de esa jurisdicción del estado Miranda.
El siguiente en aparecer fue José Luis Pirela (Vente Venezuela – Zulia), de la fracción 16 de julio. Si bien su nombre no aparece como uno de los involucrados directos en la trama, si es mencionado como parte de una comisión parlamentaria que viajó a Europa para denunciar varios casos de corrupción.
A esta versión se atuvo el diputado Pirela, que “tragó grueso” a la hora de justificar el dinero con el cual se financió su viaje. Visiblemente contrariado, el parlamentario dijo que ese viaje fue costeado por un “empresario amigo”, del cual no estaba autorizado para decir el nombre y señaló además que no era necesario notificar a la junta directiva o la comisión a la que pertenece sobre ese viaje.
#3Dic Dip. @joseluispirelar: “No tenemos nada que esconder. En relación a quien pagó los viajes, daremos el nombre del empresario que los apoyó a pesar que no tenga relación con los hechos, no queremos un escándalo tape otro”. Más en #TVVNoticias, por https://t.co/fZBaNRH55V pic.twitter.com/das76ql76i
— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) December 3, 2019
Y le llegó el turno a Adolfo Superlano (Independientes por el Cambio – Barinas), que contradijo en sus declaraciones a lo que han dicho otros diputados como José Brito (Primero Justicia – Anzoátegui) sobre su visita a la Fiscalía de Colombia, que según la investigación de Armando.Info fue para entregar una carta de buena conducta a favor de Álex Saab.
Según Brito, esa visita a Bogotá se trató de una solicitud de información sobre supuestas irregularidades en la empresa Monómeros Colombo – Venezolana, una filial de la estatal Pequiven, pero Superlano insistió en que él solicitó datos sobre el exministro de Salud y expresidente del IVSS Carlos Rotondaro.
Conrado Pérez (Primero Justicia – Trujillo) y José Brito llegaron casi al mismo tiempo y no ofrecieron declaraciones más allá de lo que han comentado en días pasados a los medios para exculparse de los señalamientos de esa investigación.
#3Dic Dip. Conrado Pérez: “No conozco a Álex Saab, la única vinculación que tuve con él fue cuando lo citamos a la Comisión y no asistió porque lo representaron sus abogados. Investiguen todo lo que quieran, hasta les doy mis cuentas”. Más en #TVVNoticias https://t.co/fZBaNRYFXt pic.twitter.com/AgsrFx6OoD
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Corruptos hablando de ladrones
La sesión ordinaria del 3 de diciembre sirvió para acusarse entre bancadas. Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gritaron en más de un oportunidad de “corrupto” y “ladrón” a Guaidó y compañía, mientras los parlamentarios opositores les recordaban hechos sobre supuesto mal manejo de dineros públicos en los cuales estarían vinculados, como el caso de Francisco Torrealba durante su paso por el Ministerio del Trabajo.
Luego de aprobarse la comisión especial que investigará a Contraloría, en la cual ni Brito o Conrado Pérez levantaron la mano, se dio paso a la segunda discusión de un proyecto de ley especial para la protección del salario.
#3Dic Pdte. (E) @JGuaido: “Defiendan ustedes a Ramírez o a Maduro. Hoy vamos investigar de cara al pueblo de Venezuela. Tenemos que decir ya basta”. Más en #TVVNoticias, por https://t.co/fZBaNRYFXt pic.twitter.com/04ylCUq6FM
— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) December 3, 2019
Este proyecto de ley establece en su artículo 4 un ajuste trimestral del salario mínimo para trabajadores del sector público y privado, calculado en base al tipo de cambio oficial en dólares al momento del ajuste.
El diputado Jorge Millán (PJ – Miranda) señaló que esta ley es necesaria debido a “lo duro de la situación debido al saqueo de los dineros públicos del venezolano, y algo impensable, la destrucción de la industria petrolera. Se les ocurrió expropiar ingresos y ahorros con una brutal hiperinflación, dejando el salario mínimo en 3,75 dólares”.
Mientras que Loengri Matheus (PSUV – Trujillo) señaló que esa ley será “írrita y nula debido al desacato de este poder Legislativo con el Tribunal Supremo de Jsuticia”.
Según el oficialista, a los parlamentarios de oposición se les veía “la hipocresía por encima. Son ustedes los que atacan el bolívar, hacen tramas con empresarios socavando la estabilidad económica y deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores”.
Matheus aprovechó para reiterar una solicitud del PSUV desde que se reincorporaron a las sesiones de la AN: Que Juan Guaidó se separe del cargo y sea investigado por el supuesto manejo de 1.500 millones de dólares que le habría entregado Estados Unidos para la ayuda humanitaria.
Juan Guaidó respondió a las declaraciones del diputado chavista con lo dicho por la Usaid este martes, mientras que la discusión se pospuso a solicitud del diputado Luis Silva (Acción Democrática – Bolívar), quien pidió se incluyera a más trabajadores dentro de la consulta de este proyecto de ley.
Consensos para el Zulia
Para la sesión del 3 de diciembre también se tenía prevista la primera discusión de un proyecto de ley aprobatoria del mecanismo de asistencia financiera debido a la asistencia humanitaria del sector eléctrico, pero fue diferida en busca de consensos.
El diputado Enrique Márquez (UNT –Zulia) señaló que la situación del occidente del país en materia eléctrica no es una exageración de sus habitantes, por lo que este proyecto de ley se hace imprescindible para aliviar su situación.
Este proyecto que prevé la recuperación de 1200 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional para beneficiar a cinco estados del país, solicita un préstamo al Banco de Desarrollo Interamericano (antigua CAF) de 350 millones de dólares, que serán manejados y empleados por el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, por sus siglas en inglés).
Por ello, Márquez consideró necesario que se pospusiera su discusión para la próxima sesión para obtener el consenso necesario y que esta ley sea aprobada por unanimidad.
Según fuentes cercanas al proyecto, las bancadas de Primero Justicia y Voluntad Popular estarían reticentes para su aprobación, mientras que una fuente del PSUV comentó a TalCual que están dispuestos a votar por esta ley “pues se trata de aliviar a la población”.
El plus del día
El diputado suplente por el estado Carabobo Leandro Domínguez también acaparó la atención de los medios de comunicación, luego de que se conociera a través de las redes sociales que había sido víctima de un robo en la ciudad de Caracas por parte de un taxista de confianza.
El Diputado independiente de la Asamblea Nacional por el edo Carabobo, Leandro José Domínguez Báez, fue víctima de su taxista de confianza, que le hurtó un maletín con € 20.000 (euros) en efectivo y documentos varios. Hecho ocurrido en el Paseo Los Símbolos, Rest. Lido #Caracas
— Eleazar Urbaez (@FEDGLOCK) December 3, 2019
En la denuncia, se aseguraba que al diputado le sustrajeron un maletín con 20.000 euros en efectivo, cuestión que desmintió. Domínguez dijo que en realidad tenía 200 dólares en efectivo “para medio comer y estar una semana aquí en Caracas” en un portafolio que además contenía “pruebas” para denunciar la explotación ilegal y desfalco del oro en Carabobo.
#3Dic El diputado @LDominguezBaez aseguró que en su portafolio estana las pruebas para denunciar el desfalco del oro en el estado Carabobo y negó que contaba con 20mil euros en el. Más en #TVVNoticias, por https://t.co/fZBaNRYFXt pic.twitter.com/FVIOG0ZK88
— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) December 3, 2019
“Yo como diputado pido prestado, a veces paso hambre o como decía otro diputado que me quedo en cuchitriles o hoteles” para realizar su labor parlamentaria, dijo Domínguez, al tiempo que señaló que no hizo ninguna denuncia sobre un robo de 20.000 euros.
“Ahora hay quienes quieren vincularme a este bochorno nacional e internacional” con respecto a las denuncias sobre supuesta corrupción en la Comisión de Contraloría, de la cual forma parte.
La Asamblea Nacional también aprobó, a solicitud de la diputada Bolivia Suárez, el nombramiento de los representantes del parlamento venezolano al Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Los profesores universitarios Manuel Rachadell y Miguel Albujas fueron los escogidos por el parlamento para ocupar estos puestos, que según la diputada, contribuirán a elevar la voz en el CNE contra la pretensión de unas nuevas elecciones de autoridades rectorales en las principales universidades del país, bajo las condiciones estipuladas por el TSJ y no la Ley de Universidades.
