El otro clóset: la comunidad LGBTI invisibilizada en cargos públicos (VI)
La cronología de reformas en la estructura jurídica del país evidencia que el avance para la participación política de la comunidad LGBTI no se ha estancado, sino que ha sido bloqueado a través de decisiones o interpretaciones que buscan mantener la invisibilidad de esta población. Entretanto, solo dos funcionarios electos son abiertamente integrantes de ese colectivo, dejando las instituciones con las puertas cerradas a cambios de arriba hacia abajo
Este trabajo forma parte de la serie Orgullo 2020 de TalCual
Autores: Gabriela Rojas y Carlos Seijas Meneses
Cuando Tamara Adrián y Rosmit Mantilla fueron electos diputados a la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre de 2015, no solamente celebraban formar parte de los 113 parlamentarios que lograban cambiar la correlación de fuerzas políticas en el Poder Legislativo, sino que se convertían en los primeros en romper la heteronormatividad que rige la vida política venezolana, y específicamente, la representación de cargos por elección popular.
Este hito logrado por Adrián y Mantilla ocurrió apenas hace cinco años, y desde entonces no solo son los primeros sino los únicos funcionarios electos para un cargo público que representan abiertamente a la población LGBTI; ambos en la misma instancia de toma de decisiones que corresponde a uno de los cinco Poderes Públicos, solo una parte de la estructura de Estado que tiene 23 gobernaciones, 335 alcaldías, 167 diputados nacionales y un centenar de concejales y legisladores regionales.
La endodiscriminación que mantiene en el clóset político a funcionarios que prefieren pasar por debajo de cuerda ante el escrutinio de los votantes, más el peso de la homofobia y la transfobia institucional han llenado de obstáculos el camino hacia la representación en los cargos públicos.
Al revisar la cronología de reformas y modificaciones en la estructura jurídica del país -que inició desde el mismo momento de la redacción de la Constitución de 1999- se evidencia que los cambios para avanzar en los derechos que garantizan la participación política de la comunidad LGBTI no se han estancado, sino que por el contrario han sido bloqueados a través de decisiones o interpretaciones que buscan mantener la invisibilidad de esta población.
Tamara Adrián, abogada y diputada de la AN, explica que si no hay igualdad ante la Ley menos habrá respeto por los derechos que amparan la participación política. “La gente dice ‘a mí no me importa lo que hagan, siempre que lo hagan en privado’ ¿Eso qué significa? Que no tienes derecho a ocupar el espacio público. Es un derecho solo en la medida en la que lo puedes ejercer y allí se entiende el verdadero simbolismo de la palabra orgullo: es dejar de tener vergüenza. El sistema pretende hacerte sentir avergonzado de lo que eres y por lo tanto tienes que esconderte, eso te quita el derecho de ser visible”.
El estudio que publicó en diciembre de 2019 titulado Para dejar de ser fantasma muestra que en Venezuela, la mayoría de los episodios de discriminación o agresión verbal ocurren en el espacio público. En primer lugar lo sufren los hombres trans (86%), luego las mujeres trans (83%), 70% las lesbianas, 69% los gays y por último 52% los bisexuales. No hay ningún agresor sancionado. Cuando se comparan estos resultados con los que reportan los venezolanos que viven en el extranjero aparece una reducción significativa de casos, lo que indica que como el entorno venezolano no sanciona estas situaciones se convierte en algo socialmente tolerado.
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Uno de los problemas para Adrián es que como sociedad no hemos podido sentarnos a hablar de los temas del siglo XXI. «El chavismo nos tiene hablando de una discusión que se quedó en el siglo XX, que si el capitalismo o el socialismo, que si la izquierda y la derecha, temas que han sido totalmente superados en el resto del mundo».
Los estándares internacionales avanzaron hacia conceptos de desarrollo con inclusión porque en las estructuras de naciones donde se evidencian exclusiones se produce un impacto en el PIB: está medido que la homofobia y la transfobia, según parámetros del Banco Mundial, le hace perder entre 3 y 4% del PIB anual a los países.
Este debate en Latinoamérica ha pasado a un siguiente nivel, incluso en sociedades cercanas que son percibidas como más conservadoras, como el caso de Colombia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, celebró su triunfo en octubre de 2019 con un beso que sellaba el compromiso con su novia la senadora Angélica Lozano, con quien se casó dos meses después. La alcaldesa López es la primera mujer abiertamente lesbiana que obtuvo más de un millón de votos de ciudadanos que la eligieron como autoridad en una capital de Estado.
Votos cuesta arriba
La hazaña realizada hace 47 años por el político y activista gay estadounidense Harvey Milk, cuando se presentó como candidato independiente para miembro de la junta de supervisores de la ciudad de San Francisco encontró un ambiente de resistencia en la opinión pública, incluso en la misma comunidad LGBTI de la época, pero contó con la posibilidad de que en 1977 la ciudad reorganizara su sistema electoral para que se pudieran elegir representantes por localidades, en lugar de que se hiciera una única votación general, por lo cual Milk tuvo la oportunidad real de competir y ser electo.
Esto ni siquiera sería posible en la Venezuela de hoy. Lanzarse como candidato independiente es prácticamente imposible por el entramado que se ha ido desarrollando en torno al sistema electoral. La participación política de la comunidad LGBTI se ha encontrado con el mismo problema de las mujeres, agravado por la ausencia de derechos iguales. Aún peor: el argumento de evitar la discriminación ha sido usado en su contra.
Ocurrió después de la desaplicación del artículo 144 de la Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política en 1999 que obligaba a los partidos a presentar listas de candidatos con un mínimo de 30% de mujeres en casos de elecciones plurinominales. La llamada cuota también permitía que grupos considerados minoritarios pudieran tener representatividad.
«La representatividad de minorías existía en Venezuela. Así fue como el MIR, el MAS y el PCV, por ejemplo, pudieron presentar candidatos a procesos electorales. Pero con la llegada del chavismo el sistema se fue haciendo a la medida de un todo o nada y fue lo que llevó a la hiperrepresentación del chavismo que logró 99% de las curules con apenas 36% de los votos. En otros países se presentan partidos pequeños y sus candidatos entran por cociente», explica la parlamentaria.
Es lo que ha ocurrido en Colombia con el Partido Verde que obliga a partir de las elecciones internas a una conformación bajo el principio de paridad 50-50 pero también hay que cumplir cuotas de representatividad para personas con discapacidad, comunidad LGBTI y minorías raciales.
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El artículo 144 de la Ley Orgánica de Sufragio fue declarado inconstitucional y desaplicado por el directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo la lógica de que la cuota en sí misma era discriminatoria porque ante la Ley toda la población es igual.
En la práctica se demostró, según un análisis del Observatorio Electoral Venezolano, que nada obligaba a los partidos a crear una conformación interna más diversa. El resultado fue que en el caso de las mujeres para las elecciones regionales de 2004, apenas fueron electas dos mujeres de 24 gobernaciones y de las 335 alcaldías solo se eligió 9% de alcaldesas. «La ausencia de sanciones por incumplimiento permitió que los partidos cumplieran la normativa garantizando la representación de candidatos principales hombres y mujeres suplentes», señala la OEV.
«Aunque tengas mucha voluntad y mucho dinero para lanzarte como independiente tus posibilidades reales serian cercanas a cero», sentencia Adrián. Entonces la jugada tiene que hacerse desde la estrategia de los partidos grandes. Por ejemplo, el obstáculo legal que el CNE quiso utilizar con la exigencia a última hora de la paridad para las elecciones de 2015 se convirtió en una estrategia aplicada por Voluntad Popular «vamos a poner en el tapete a Tamara Adrián en la lista a ver qué hacen. Pero es un reto que deben asumir los partidos», dice la diputada, quien entró como suplente de Tomás Guanipa.
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De la boca para afuera
Ni hace 21 años, ni ahora. En la Revolución Bolivariana no ha habido tiempo para el debate ni para la puesta en práctica de políticas públicas concretas que no necesitan del espíritu legislador. Desde la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de 1999 hasta la conformación de otro grupo de constituyentes en 2017 plenamente identificados como revolucionarios todavía no se logra dejar por escrito ni grandes ni pequeños cambios para asentar los fundamentos que permitirían el reconocimiento de la comunidad LGBTI.
En el proyecto de redacción de la Constitución del 99 se había logrado establecer el concepto de uniones civiles igualitarias (no matrimonio) una idea que ya se había incluido en la legislación de Ecuador en 1998. Pero luego esto se eliminó y se sustituyó por el articulo 77 que habla específicamente de proteger el matrimonio entre hombre y mujer.
En la redacción final de la Carta Magna también se intentó que se reconociera la identidad de género, un término que fue suprimido por completo y quedó solo el artículo 56 que determina el derecho a ser inscrito gratuitamente en el registro civil y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica.
Aunque no quedó garantizado como un derecho constitucional, diez años después, en 2009 cuando se hizo la Reforma de la Ley orgánica de registro civil se propuso de nuevo el reconocimiento de las personas trans según su identidad de género, pero fue bloqueado en lo que entonces era la Comisión de Familia, mujer y juventud de la AN controlada totalmente por el chavismo. Con ello se eliminó toda la protección de parejas del mismo género y solo se aprobó el derecho al cambio de nombre.
«Pero el CNE, el ente rector en la materia, que en ese entonces estaba presidido por Sandra Oblitas giró instrucciones verbales so pena de destitución a los funcionarios para que no recibieran ninguna solicitud de tramitación, algo que fue denunciado por mí e incluso por activistas trans identificados con el chavismo a quienes ni siquiera les permitieron iniciar la solicitud», afirma Adrián quien tuvo que presentarse como candidata a diputada con un documento de identidad que aún mantiene un nombre masculino.
La ANC instalada desde 2017 tampoco lo ha considerado un tema de interés, a pesar de lo que aspira el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Sexodiversidad. Ingrid Barón, coordinadora nacional de esta organización, dijo en diciembre de 2019 que en el marco de la realización del IV Encuentro Nacional de la sexodiversidad el principal propósito era materializar las metas relacionadas con los temas legislativos.
“Debemos avanzar en temas como el matrimonio civil igualitario, la identidad de nuestra comunidad transexual. Como buenos revolucionarios queremos avanzar a una institución dirigida al tema de la diversidad en Venezuela”, dijo Barón en entrevista a Venezolana de Televisión.
Pero desde el Poder Ejecutivo le lanzaron la pelota a los constituyentes que no han legislado sobre ese ni ningún otro tema en sus tres años de funcionamiento. Y de ese lado de la cancha durmieron la pelota.
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Activismo disminuido
A pesar de la ausencia de una representatividad de la comunidad LGBTI en la esfera política, las posibilidades de que se presente un candidato que provenga de organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles son prácticamente nulas, pues se añade que casi no quedan activistas en el país.
Hacer activismo en un país donde los ingresos no alcanzan siquiera para comer, no hay posibilidad de acceder a financiamiento internacional y mucho menos nacional por la eliminación por parte del Ejecutivo de los créditos bancarios, y donde se corre el riesgo de ser perseguido y detenido por protestar, se ha vuelto insostenible.
La severa crisis económica que atraviesa Venezuela desde 2013 y la persecución y reiteradas amenazas por parte del chavismo contra las organizaciones, asociaciones civiles y activistas que han denunciado las violaciones a derechos humanos han hecho desaparecer los movimientos sociales a favor de las poblaciones minoritarias del país pese al aumento de su vulnerabilidad.
En cinco años 66% de las organizaciones y grupos LGBTI que había en el país dejaron de existir. Un ejemplo es que de las 47 organizaciones y agrupaciones estudiantiles que firmaron en apoyo al proyecto de Matrimonio Igualitario en Venezuela en 2014, 31 de ellas no estaban funcionando en enero de 2019.
De acuerdo con la educadora Quiteria Franco, asesora en Derechos Humanos, Género y Diversidad y coordinadora general de Unión Afirmativa, las organizaciones han desaparecido debido a que muchos activistas se han ido del país. «Aun cuando las veas activas por las redes sociales, ya no tienen presencia en Venezuela».
«Prácticamente solo quedan Unión Afirmativa y Fundación Reflejos en Caracas. Las de Valencia y Maracaibo desaparecieron».
Franco señala que las divisiones políticas de Un Nuevo Tiempo (UNT), Voluntad Popular (VP) y Acción Democrática (AD) también dejaron de existir.
De las que quedan, en Maracay, estado Aragua, funciona una organización que se llama Venezuela Igualitaria, que lleva a cabo movimientos y campañas, además de ser muy visibles en las redes. «También está Somos, que hacen activismo en Mérida, y hay otra llamada Azul Positivo, que es de VIH, pero hace algunas cosas con personas LGBTI». Franco agrega que recientemente surgió una en Táchira que se llama ProDiversxs.
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La diputada Tamara Adrián afirma que hay varios obstáculos que dificultan el ejercicio del activismo en Venezuela, entre ellos que las organizaciones aún están lidiando con las dificultades de no poder recibir financiamiento nacional ni internacional.
«Cuando se comienza a estructurar un movimiento LGBTI en Argentina y México entre los años 80 y 90, en Venezuela ni siquiera se hablaba de eso, lo que significó que las demás organizaciones de la región se iban consolidando. La razón principal es que la economía petrolera venezolana nos ubicaba en un país de renta media alta, y por tanto las ONG venezolanas no podían recibir apoyo internacional. A eso se le sumó que la sociedad civil organizada no se concibió como coadyuvante, como un brazo ejecutor de la política pública y por tanto tampoco recibían financiamiento nacional».
Sin embargo, aun cuando en el siglo XXI se han fundado varias organizaciones y asociaciones proLGBTI sigue siendo muy complicado el acceso a financiamiento internacional debido a que el país no reúne las condiciones establecidas por el Banco Mundial. La organización multinacional aún considera a Venezuela como un país de renta media-alta por la producción de crudo, a pesar del descalabro de la industria petrolera nacional que ha llevado al país a producir apenas 570.000 barriles por día, su nivel más bajo desde 1943.
«Luego comenzó a enfocarse desde el gobierno que había que considerar a la sociedad civil como enemigo, entonces no solo no recibe financiamiento sino que las ONG son atacadas. Muchos tuvieron que irse porque los iban a meter presos. Eso obligó a muchos activistas a irse al exilio y si a eso le sumas ONG sin dinero, que dependen de una actividad 100% voluntaria, cuando llega la crisis, se acaban porque la gente debe buscar la posibilidad de dedicarse a otra cosa para rebuscarse», agrega la parlamentaria.
El remate fue la prohibición absoluta emitida a través de una resolución del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), que no permite la constitución de nuevas ONG ni tampoco registrar cualquier tipo de documentos legales lo que ha eliminado de facto el derecho de asociación legal en Venezuela.
