El patrón del olvido: 70% de los casos de ejecuciones extrajudiciales se ha retrasado
Desde el Ministerio Público y los tribunales se gesta una estrategia de dilación de los procesos judiciales contra policías y militares que cometieron ejecuciones extrajudiciales durante las protestas antigobierno entre 2014 y 2019. Esta se vale del cambio de fiscales, obstrucción de la información, diferimientos constantes de audiencias y ausencia de investigación sobre las cadenas de mando, además de maltratos, coacciones y amenazas a los familiares de los asesinados
Por: Equipo de investigación Runrun.es
El 24 de mayo de 2017, dos días antes de que se cumpliera un mes del asesinato de Juan Pablo Pernalete, la entonces fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, confirmó en una rueda de prensa la razón de la muerte del joven estudiante de 20 años: el impacto en el pecho de una bomba lacrimógena que disparó la Guardia Nacional Bolivariana en una protesta. Esa fue la primera vez que una autoridad del Estado explicó públicamente cómo las fuerzas de seguridad mataron a un ciudadano en el contexto de manifestaciones antigobierno de ese año. Sin embargo, el caso sigue impune después de ocho años.
La hoy exfiscal General de la República se esmeró en detallar en aquella alocución cómo todas las experticias, inspecciones, análisis técnicos y de laboratorio y declaraciones de testigos que recogió su equipo demostraban la culpabilidad de la GNB y así desmontó la tesis promovida por el gobierno: que a Pernalete lo asesinaron sus propios compañeros de marcha con una pistola de perno cautivo, un arma usada para sacrificar ganado.
El retraso de la justicia en el caso de Pernalete no es el único. Desde el Ministerio Público y los tribunales del país se ha dilatado, una y otra vez, la resolución de al menos 70% de las ejecuciones extrajudiciales que cometieron las fuerzas policiales y militares venezolanas en medio de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2014, 2015, 2017 y 2019. Así lo revela esta investigación de Runrun.es que entrevistó a los parientes y abogados de 27 de las 104 víctimas que murieron en estos años, además de una serie de expertos en derechos humanos, leyes y derecho internacional.
Más allá del retardo procesal generalizado en el país, este especial llamado El patrón del olvido muestra una estrategia de dilación que se vale del cambio de fiscales, obstrucción de la información sobre los presuntos implicados, construcción de expedientes débiles, diferimientos constantes de audiencias y ausencia de investigación sobre las cadenas de mando, sin contar los maltratos, coacciones y amenazas a las que someten a los familiares de los asesinados.
Esta táctica busca, por un lado, cansar a los dolientes de las víctimas, hacer que desistan y olviden el caso, y, por otra, proteger a los funcionarios culpables de los asesinatos, sobre todo aquellos que pertenecen a la Guardia Nacional Bolivariana.
Ante este panorama, los familiares fijan su mirada en la CPI, el tribunal internacional que podría abrir causas específicas a altos funcionarios del gobierno chavista que hoy es investigado por la comisión de crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con los expertos, la Corte todavía no ha incluido las ejecuciones extrajudiciales de disidentes entre los delitos que indaga. ¿La extensa duración de estos procesos ahuyentará, con el paso de los días, esa esperanza de justicia?
Este trabajo fue realizado por Runrun.es con el apoyo de la Vrije Universiteit Amsterdam y el Dutch Research Council.
Haz clic en esta imagen para ver el El patrón del olvido.
