El policía de Pdvsa, por Javier Ignacio Mayorca
Hace dos meses, el gobierno estadounidense dio a conocer el contenido de una acusación presentada en agosto de 2017 ante un Gran Jurado constituido en el Distrito Sur del estado de Texas, en contra de cinco venezolanos que hasta hace muy poco tiempo fueron importantes operadores de la industria petrolera venezolana.
Se trata del ex viceministro de Energía Nervis Villalobos; el ex director de Finanzas de la Electricidad de Caracas Luis de León Pérez; César David Rincón Godoy, ex gerente general de Bariven; Alejandro Iztúriz Chiesa, ex asistente de la presidencia de la misma filial, y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, alias Nadal, quien llegó a ser gerente de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal petrolera durante la gestión del ex ministro de Energía y ex embajador ante la ONU Rafael Ramírez.
Este grupo fue solicitado en extradición a España, país donde disfrutaban de las fortunas que supuestamente fueron amasadas gracias a un sistema de sobornos para el otorgamiento de contratos a terceros, así como de tráfico de influencias.
Villalobos y sus presuntos cómplices fueron detenidos por autoridades españolas en octubre de 2017. Ya para ese momento, habían transcurrido por lo menos cinco años de investigaciones a sus actividades y las de otros integrantes del entorno de Ramírez, como su primo Diego Salazar.
El primer indicio fueron las irregularidades detectadas en 2011 en la Banca Privada de Andorra. Estas operaciones de presunto lavado de más de dos millardos de dólares llevaron al gobierno estadounidense a emitir una alerta internacional, que en mayo de 2015 desencadenó la intervención de esa entidad, filial del Banco Madrid. Villalobos también aparece ligado directamente al expediente del principado europeo.
Pero los estadounidenses acumularon tal cantidad de información sobre este grupo que la acusación presentada ante el juzgado de Texas solo toca algunas transacciones que fueron conducidas a través de un entramado de empresas y cuentas afiliadas en Curazao y Suiza. Estas corporaciones pertenecen a dos empresarios, juzgados y sentenciados en ese estado por delitos similares: Roberto Rincón y Abraham Shiera.
El documento de acusación deja en claro que Rincón, Shiera, Villalobos y los otros cuatro forman parte de un esquema que involucra a muchas más personas, perseguibles de acuerdo con lo dispuesto en el Acta de Prácticas Corruptas en el Exterior. De allí que algunos sean caracterizados, para los efectos del proceso penal, como individuos de “interés doméstico” (caso de Luis de León) y otros como “oficiales foráneos”. En esta última categoría entran Alejandro Istúriz y Rafael Reiter.
Nadal tenía a su cargo la dependencia conocida comúnmente como la “policía interna” en la estatal petrolera. Su función principal era impedir la ocurrencia de hechos que atentaran contra la integridad del patrimonio de la institución. Por ende, contar con su complicidad era vital para la permanencia del esquema corrupto. Hay testimonios que ligan a Reiter con el grupo de Shiera desde hace por lo menos cuatro años, cuando estaba en marcha un proceso para negociar la refinería de Pdvsa en Aruba.
Pero Reiter se cuidaba. Solía actuar a través de terceros. Las pesquisas detectaron, por ejemplo, que “ordenaba que parte del dinero que le debían en conexión con el esquema fuese usado para comprar un condominio a nombre de una compañía controlada por un familiar”. Esta transacción implicó transferencias por más de 860 mil dólares. El inmueble está en el Four Seasons de Miami. Otro millón y medio de dólares supuestamente fue solicitado por Reiter para financiar la filmación de una película, a través de una productora cuyo nombre no ha sido divulgado por los acusadores.
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Otras formas de pago incluían fines de semana a todo dar en hoteles de Aruba, la adquisición de vehículos blindados en una fábrica de Texas, compras de bolsos de marca por 10 mil dólares e, incluso, el pago de cursos de inglés para allegados. Todo a expensas de Rincón y Shiera.
Sin embargo, una comparación con los señalamientos que se hacen a Reiter y los formulados a los otros integrantes del mismo grupo de acusados permite concluir que estaría abierta la posibilidad de una negociación entre Nadal y las autoridades estadounidenses.
Pdvsa, donde Reiter trabajó por años, fue vital para la conformación de grupos armados (los “colectivos de La Campiña”) y el financiamiento de actividades políticas en Venezuela y otros países, como por ejemplo la Argentina de los Kirchner
El caso de Reiter, por lo tanto, podría tener un curso distinto al del resto de los acusados por el esquema de sobornos de Pdvsa.
Breves
*El director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, notificó en una circular distribuida en todas las unidades que la caja de ahorros “temporalmente se encuentra inactiva” en lo relativo a suscripción de documentos y a transacciones financieras. Esto ocurre en días inmediatamente posteriores a la elección de una nueva junta directiva entidad. El comisario general jubilado Vicente Márquez, que participó en una de las planchas durante este reciente proceso, afirmó que existen indicios sobre presuntas irregularidades en la administración saliente. “El dinero que entraba no se revertía debidamente a los funcionarios, y la caja ya no prestaba fondos como antes lo hacía”, recordó. Añadió que se retardó la construcción de un complejo turístico con fondos de la entidad en el estado Falcón, pues solo se ha concluido una de las dos torres del proyecto original. En la referida circular, el director de Cicpc ofreció que el supermercado de la caja retomaría sus actividades, lo que confirma además que este comercio estaba en plan de cierre. Según Márquez, la caja recibe aportes de hasta 10% del salario de unos 25.000 miembros (funcionarios de policía judicial, activos y jubilados) e igual cantidad por aporte del patrono, lo que sumaría unos Bs. 25 millardos mensuales. En la actualidad, la directiva entrante lleva a cabo las gestiones de protocolización de firmas, pero aún no se ha presentado formalmente el informe de gestión de la directiva saliente.
*El ministerio de Relaciones Interiores evalúa un plan integral de seguridad para el parque nacional El Ávila, también llamado Waraira Repano. La iniciativa fue planteada por la Guardia Nacional en atención a las quejas cada vez más frecuentes sobre la actividad de delincuentes en distintas áreas de este pulmón vegetal. Esencialmente, se pretende trasladar el sistema de los cuadrantes de patrullaje a las trochas y veredas del cerro, en sus costados sur y norte. Tres cuadrantes serían atendidos por 186 militares y los restantes quedarían bajo la responsabilidad de 120 oficiales de la Policía Nacional. Serían en total 306 uniformados para cubrir unas 85.000 hectáreas. En el caso de la PNB, las áreas que deberán vigilar son Humboldt, Mecedores y Lagunazo (cuadrante 3) y San Francisco, El Guamito y Manzanares (cuadrante 2). La coordinación de la vigilancia correría por cuenta del Escuadrón Montado de la GN.
*La Fuerza Armada y la policía judicial ordenaron en forma simultánea una revisión detallada de todos los parques de armas y de las armas consignadas en las salas de evidencia, como consecuencia de procedimientos penales. En menos de dos semanas, fueron reportados casos en Carabobo y Falcón en los que estallaron granadas mientras eran manipuladas de manera inadecuada por civiles. En el último episodio, reportado en una vivienda frente a la plaza Libertad de Coro, un hombre murió y otras tres personas fueron heridas por las esquirlas. Tal parece que luego de una etapa de relativo control, han resurgido con fuerza las transferencias ilegales de armas y municiones a bandas criminales.
