El rezago para medir el impacto de políticas públicas, por Marino J. González R.
En 2019, con el propósito de mejorar las capacidades de los gobiernos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), propuso la denominada Recomendación sobre la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible.
La Recomendación de la OECD incluye ocho principios para aumentar la coherencia de políticas, a saber: (1) proveer información para la toma de decisiones y ajustar las políticas en función de los potenciales efectos negativos, (2) considerar los efectos de las políticas sobre el bienestar de las personas, (3) incorporar todos los actores relevantes, (4) alinear prioridades y promover la acción coordinada en todos los niveles de gobierno, (5) movilizar la acción integral de los gobiernos hacia el desarrollo sostenible, (6) satisfacer de manera equilibrada las necesidades presentes y las de las futuras generaciones, (7) sacar provecho de las sinergias y beneficios compartidos entre las políticas económicas, sociales y ambientales, y (8) resolver las divergencias entre las políticas, incluyendo aquellas entre las políticas internas y externas de los países. Hasta la fecha, la Recomendación es el único estándar internacional para guiar a los países en la formulación de estrategias y planes de Políticas Coherentes para el Desarrollo Sostenible.
La semana pasada la OECD publicó un documento que revisa la evolución en la implementación de la Recomendación. El propósito del documento es identificar los avances y restricciones en el objetivo de mejorar la coherencia de políticas. La información se obtuvo a través de un cuestionario respondido por los encargados en los países.
Se reconoce en el documento los avances promovidos por la Recomendación para apoyar el compromiso político, la visión estratégica, y la participación de múltiples actores. Se hace especial mención a la relevancia de los efectos de las políticas en ámbitos externos, y a las mejoras en las capacidades de coordinación de los gobiernos.
También el documento indica notables restricciones en la implementación de la Recomendación. La primera de estas restricciones es el limitado desarrollo de métodos para estimar e identificar los impactos de las políticas públicas. Se señala en el documento que esta restricción es más significativa cuando se refiere a los impactos externos de las políticas, es decir, cuando intervienen en otras áreas de políticas. También se destaca en este aspecto las brechas para la planificación de políticas, y la integración entre políticas y presupuesto.
La segunda gran restricción mencionada corresponde a las dificultades para definir marcos amplios para la definición de políticas que tomen en cuenta las distintas manifestaciones fuera de su ámbito. Un ejemplo puede estar relacionado con las políticas que afectan la producción en sectores manufactureros con sus implicaciones en ámbitos de salud o ambientales, entre otros. Se destaca en el reporte las dificultades para contar con el apoyo político que subsane esta restricción.
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Aunque los hallazgos mencionados se refieren a los países vinculados con la OECD, estas restricciones también son muy frecuentes en América Latina y denotan las brechas que tiene la región para el diseño y seguimiento de políticas públicas, y especialmente, para identificar riesgos en tiempo y espacio, con sus consiguientes exigencias para la calidad de las decisiones. Medir el impacto de políticas públicas parece seguir siendo un área de especial rezago en el contexto global.
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
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