«Electores activos»: ¿una nueva fórmula de manipulación electoral?, por Jesús Elorza
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La afirmación de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela utiliza la categoría de «Electores activos» como un «nuevo maquillaje» para manipular los resultados electorales, sin soporte jurídico, es una crítica seria que ha cobrado fuerza en el panorama político venezolano, especialmente después de las controversias alrededor de las elecciones del 28 de julio de 2024.
Para entender esta crítica, es fundamental analizar qué implica el concepto de «electores activos» en este contexto y por qué se le atribuye un propósito manipulador.
Tradicionalmente, el universo de votantes se basa en el Registro Electoral (RE) completo, que incluye a todos los ciudadanos venezolanos mayores de 18 años, inscritos y no inhabilitados. La participación electoral se calcula como el porcentaje de votantes sobre ese total del RE. En el último RE, aparecen 21.507.163 electores.
La crítica surge cuando se sugiere que el CNE estaría utilizando una cifra de «Electores activos» que es menor que el total del Registro Electoral oficial. Esta cifra reducida de «electores activos» implicaría:
- Exclusión o no consideración de ciertos segmentos del RE: Por ejemplo, venezolanos en el extranjero que no pudieron o no fueron habilitados para votar, o incluso electores dentro del país que el CNE podría considerar «inactivos» por diversas razones (no han votado en varias elecciones, han cambiado de dirección, etc.), sin un proceso transparente y legal para su depuración o exclusión.
- Una base de cálculo diferente para la participación:Al calcular el porcentaje de participación sobre una base más pequeña de «electores activos» en lugar del RE total, el CNE podría presentar una cifra de participación electoral más alta de la que realmente fue, o justificar un porcentaje menor de votos recibidos por los candidatos sobre el RE total.
¿Por qué se considera una «forma de manipulación» y sin «soporte jurídico»?
Las razones detrás de esta crítica son contundentes:
– Alteración de la tasa de participación: Si el CNE presenta la participación como un porcentaje de «electores activos» (una base más pequeña), puede inflar artificialmente la cifra de participación. Por ejemplo, de acuerdo con el primer boletín anunciado por Elvis Amoroso, presidente del CNE, la participación electoral, en las elecciones municipales, fue de más de 44 % de los electores activos (6.273.531). Esto se debería traducir en 9.453.694 votantes y no en 6.273.531 como él lo anunció. De un solo plumazo «evaporó» a 15.233.632 ciudadanos del registro electoral. Al usar «electores activos», se puede simular un mayor respaldo del electorado o minimizar la abstención que en el caso señalado superó el 70%.
– Falta de transparencia y auditoría: La crítica principal es que esta categoría de «electores activos» no está claramente definida ni justificada legalmente en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) o en las normativas del CNE de una manera que permita su auditoría independiente.
Si el CNE no explica cómo se determina esta cifra, ni cuáles son los criterios para considerar a un elector como «activo» o «inactivo», se convierte en una variable opaca que puede ajustarse arbitrariamente.
– Afectación de la legitimidad del ganador: Al manipular la base de cálculo, se puede intentar dar una apariencia de mayor respaldo al ganador, incluso si su porcentaje de votos sobre el Registro Electoral completo es bajo. En contextos de baja participación o desconfianza, presentar una participación más alta (calculada sobre «electores activos») es una estrategia para legitimar el resultado.
– Precedente y opacidad: Históricamente, las mediciones de partic ipación y resultados se han basado en el Registro Electoral completo. La introducción de una nueva categoría sin un proceso transparente y base legal genera desconfianza y la percepción de que es una herramienta para ajustar los números a conveniencia. No hay un artículo en la Lopre que defina esta categoría de «electores activos» como la base para el cálculo de la participación electoral de manera exclusiva.
La supuesta utilización de la categoría «Electores Activos» tiene varias consecuencias negativas:
– Erosión de la confianza electoral:Contribuye a la percepción generalizada de que el CNE no es un árbitro imparcial, sino un actor político que utiliza mecanismos para favorecer al partido en el poder.
– Deslegitimación de los resultados: Refuerza la narrativa de fraude y manipulación, llevando a que amplios sectores de la población y la comunidad internacional no reconozcan la legitimidad de los resultados anunciados.
– Obstáculo para la transparencia:Al introducir una variable no auditada ni legalmente sustentada, se dificulta la verificación independiente de los resultados, un pilar fundamental de cualquier proceso democrático. No es de extrañar que este concepto de «elector activo» sea utilizado para restringir el derecho al voto en futuros procesos, como el referendo para la reforma constitucional, limitándolo solo a quienes votaron recientemente.
En el complejo panorama electoral venezolano, la acusación sobre el uso de «Electores Activos» como una fórmula sin soporte jurídico para manipular los resultados se suma a una larga lista de denuncias sobre el manejo fraudulento de los procesos electorales por parte del CNE.
La demanda de transparencia total, incluyendo la publicación del Registro Electoral auditado y el cálculo de la participación sobre bases claras y legalmente establecidas, sigue siendo un punto crítico para la resolución de la crisis política en el país.
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