¡Elijan el árbitro!, por Teodoro Petkoff
En la Asamblea Nacional la correlación de fuerzas entre el gobierno y la oposición es de 86 a 79. Para casi todo efecto práctico ambos sectores están virtualmente empatados porque hay varios temas importantes que requieren la votación de dos tercios de la Cámara para su aprobación. Ninguno de los dos sectores tiene dos tercios, de modo que los temas que requieren esa suma de votos sólo se pueden aprobar si ambos se ponen de acuerdo. En la práctica, cada lado, en algunos temas, tiene poder de veto sobre el otro. Por ejemplo, eso explica que haya muerto de inanición la «investigación» sobre los magistrados del Tribunal Supremo. Porque para destituir a un miembro del TSJ se necesitan dos tercios de los votos de la Asamblea Nacional. El MVR y sus aliados no los tienen. No hay modo, pues, de destituir a nadie, así que el asunto, después de todos los aguajes de ley, dio la media vuelta y desapareció cantando por lo bajito.
Sin embargo, extrañamente, los incrementos del IVA y del IDB fueron aprobados por una votación de 73 a 40. La oposición permitió que el país tuviera la percepción de que el gobierno pudo aprobar esos aumentos con toda comodidad. La reforma de la Ley del FIEM, que permite ahora al gobierno anular el sentido profundo de tal caja de ahorros de la nación y meterle mano a su dinero de modo totalmente discrecional, fue aprobada con veinte votos en contra (recordemos que son 79 los parlamentarios de oposición). Esta no se ocupó del asunto. El caso de las leyes de la Habilitante es de ponerse a llorar. La revisión de esas leyes, exigida hasta con un paro nacional, el del 10D del año pasado, la adelanta el MVR solo. La oposición no asiste a las comisiones parlamentarias que están en ese trabajo. El argumento insólito que se escucha a algunos para justificar tamaña negligencia es que no vale la pena porque están en minoría. ¿Y cómo queda el compromiso con sus electores de defender los intereses nacionales?
Aquí entra lo de la Ley del Poder Electoral. Ahora que se habla de elecciones, ya sea vía enmienda constitucional o vía referendo consultivo, la designación del nuevo CNE es prioritaria. Para la oposición, que ha presentado esta solución a la crisis política (y también para el gobierno) la preocupación mayor tendría que ser la de tratar de lograr rápidamente la aprobación de esa ley y la elección del nuevo CNE, porque sin un árbitro electoral confiable no hay elección que valga. Pues bien, la ley, a la cual le faltan sólo dos o tres artículos para completar su discusión, tendría que ser absolutamente prioritaria ante cualquier otro debate, al igual que la conformación misma del nuevo CNE, que dada la integración de la Asamblea Nacional, debe necesariamente reflejar el equilibrio de fuerzas allí existente, porque sólo habrá CNE si los dos bloques se ponen de acuerdo para hacer los dos tercios necesarios. Ninguno puede imponer al otro un CNE desbalanceado, sobre todo si se aplica el pocedimiento de elección pautado por las Constitución. Creemos expresar la opinión ciudadana si exigimos a gobierno y oposición en el Parlamento una rápida decisión en esta materia y no más demoras.
