En 2022 se registraron 824 ejecuciones extrajudiciales, asegura Lupa por la Vida
Según el monitoreo hecho por Lupa por la Vida, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lideró las ejecuciones extrajudiciales el año pasado, al contabilizar un total de 196 víctimas. En 30 municipios del país se concentró la mayor cantidad de víctimas (520 personas) el año pasado. Las poblaciones de los municipios Sucre (Petare) y Lander (Ocumare del Tuy) del estado Miranda son las que sufrieron en mayor medida el uso abusivo de la fuerza letal
El monitoreo Lupa por la Vida, elaborado por el Centro Gumilla y la ONG Provea, destacó en su informe anual que durante 2022 se registraron 824 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de cuerpos de seguridad civiles y militares en el país.
A pesar de la disminución de ejecuciones (58,2%) respecto a 2021, Lupa por la Vida señaló que «no hay razones sólidas para afirmar la existencia de una política de reducción significativa de la violencia policial y militar». A juicio de ambas ONG, estas privaciones arbitrarias de la vida «pueden constituir crímenes de lesa humanidad de asesinato».
De las 824 personas ejecutadas por fuerzas de seguridad, apenas 61% (501 personas) pudieron ser identificadas por Lupa por la Vida, mientras que 39% (323) no fue posible identificar.
806 víctimas eran hombres y 18 mujeres. «Cabe destacar un incremento porcentual de víctimas mujeres al pasar del 1,04% en 2021 al 2,18% en 2022. La mayoría de estas víctimas eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad (66%), que viven en zonas populares».
En 30 municipios del país se concentró la mayor cantidad de víctimas (520 personas) el año pasado. Las poblaciones de los municipios Sucre (Petare) y Lander (Ocumare del Tuy) del estado Miranda son las que sufrieron en mayor medida el uso abusivo de la fuerza letal.
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Lupa por la Vida destacó que «la impunidad estructural conlleva a que la casi totalidad de estos homicidios no se investiguen». También conbsidera que no existe voluntad de adelantar investigaciones genuinas de los más altos responsables de estos crímenes.
«Por el contrario, hay un respaldo institucional que reciben los funcionarios policiales y militares, por parte de altas autoridades y altos mandos, en el uso letal de la fuerza, obviando normas nacionales y estándares internacionales del uso progresivo y diferenciado de la fuerza. De este modo, se ha institucionalizado la acción deliberada de producir muerte», aseguraron Provea y Centro Gumilla.
Además, ambas ONG resaltaron que desde mediados de 2021 se realizan operativos de seguridad que resucitan prácticas de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), a través de las cuales se perpetraron graves violaciones a los derechos humanos entre 2015 y 2017.
PNB lidera ejecuciones extrajudiciales
Según el monitoreo hecho por Lupa por la Vida, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lideró las ejecuciones extrajudiciales el año pasado, al contabilizar un total de 196 víctimas. De ellas, 36 corresponden a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) y dos a la extinta FAES.
Las policías estadales también mantienen la letalidad en sus operativos. El año pasado se adjudicaron 193 víctimas, de las cuales 49 correspondieron a la Policía de Carabobo, 41 a PoliZulia, 22 a la Policía de Aragua, 17 víctimas fueron de PoliYaracuy y otras 12 de la Policía del estado Portuguesa.
Le siguió el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 142 asesinatos.
«En estos casos las posibilidades de impunidad son mayores, puesto que las investigaciones, si es que se realizan, les corresponde llevar a este organismo policial. Los mismos que causan la muerte son los que investigan», resaltó Lupa por la Vida.
Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional cometieron 129 presuntas ejecuciones extrajudiciales, donde la mayor participación la tiene la Guardia Nacional con 111 víctimas, 12 personas por el componente Ejército y dos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Lupa por la Vida resaltó que el año pasado, la Aviación estuvo involucrada en cuatro ejecuciones, conocida como la masacre de Parima B, en el estado Amazonas, y sobre la que no hay una sentencia firme contra los presuntos implicados.
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«El alto número de casos en el cual aparece involucrada la FAN está directamente relacionada con la militarización de las labores de seguridad ciudadana, un aspecto que forma parte central de las llamadas políticas de seguridad ciudadana de las dos gestiones de Nicolás Maduro y que tuvo como punto de partida el denominado Plan Patria Segura».
Otras 115 ejecuciones extrajudiciales se registraron durante operativos mixtos, de organismos policiales y militares; mientras que 45 asesinatos se atribuyen a policías municipales, que peses a su cáracter preventivo, «siguen asumiendo prácticas de intervención alejadas de su función principal».
Las denominadas Cuadrillas de Paz (Cupaz), integradas principalmente por militantes del PSUV, aparecen como responsables de una ejecución, un dato preocupante para Lupa por la Vida debido a que estas «cuadrillas» no tienen responsabilidad para el uso de armas o labores de prevención ciudadana.
