En Claves | Inhabilitaciones y sanciones: ¿dentro o fuera de los acuerdos de Barbados?
Los acuerdos firmados en Barbados por el oficialismo y un sector de la oposición se centran en la elección presidencial de 2024, la defensa conjunta del territorio Esequibo y la protección de Citgo Petroleum y los activos venezolanos en el exterior. Fuera de estos nuevos pactos quedó la liberación de presos políticos, exigido por diversas oenegés, y la discusión del acuerdo social, donde se establecía la creación de un fondo por 3.200 millones de dólares
La tarde del martes 17 de octubre las delegaciones negociadoras del oficialismo y la Plataforma Unitaria firmaron dos acuerdos en Barbados, como un nuevo avance de las negociaciones iniciadas en Ciudad de México el año pasado. Los acuerdos sobre «derechos políticos y garantías electorales» y la «protección de intereses vitales de la nación» contemplan 10 puntos en conjunto, como la realización de elecciones presidenciales y la defensa del territorio Esequibo.
El acuerdo sobre derechos políticos y garantías electorales –el documento más largo de los dos firmados– establece de forma general el derecho de cada actor político para seleccionar su candidato y promover ante el Consejo Nacional Electoral un conjunto de garantías electorales para todos los actores de cara a las presidenciales de 2024.
Dichas garantías –resumidas en 12 puntos– pasan por el cronograma de las presidenciales, que se realizarán en el segundo semestre de 2024, así como la actualización del Registro Electoral dentro y fuera del país a través de jornadas especiales, al igual que la depuración del mismo; además de garantizar todas las auditorías que requieran estos comicios; la observación internacional calificada; respeto a los candidatos durante la campaña y el reconocimiento público de los resultados.
Una cuestión crucial que reclama la oposición para estas elecciones es la inhabilitación. De los candidatos que se mantienen para las primarias, donde se espera escoger al abanderado para 2024, solo María Corina Machado (Vente Venezuela) está inhabilitada. De la carrera se retiraron Freddy Superlano (Voluntad Popular) y Henrique Capriles (Primero Justicia), sobre quienes pesa una medida similar.
En el caso de Machado, la última encuesta de Delphos la ubica como ganadora virtual de estos comicios, con 48,7% de apoyo entre aquellas personas dispuestas a votar el 22 de octubre. El número se duplica (88,8%) si solo se toma en cuenta a los ciudadanos con una probabilidad alta de votar. «Con esta opción es casi una decisión unánime», explicó el profesor Félix Seijas, director de la encuestadora.
Pero la situación particular de Machado y, en general, de la oposición no se resuelve con este primer acuerdo. Tan solo el punto 11 ofrece pistas sobre lo que puede venir: «Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana; asimismo conforme a los prinicipios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución».
Gerardo Blyde, jefe negociador de la Plataforma Unitaria, aseguró que estos acuerdos representan «una ruta para que los inhabilitados y partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad». Su contraparte en la negociación, Jorge Rodríguez, afirmó que si una persona «recibió una inhabilitación política» no podrá ser candidato.
¿Sanciones? Por fuera
A diferencia del memorando de entendimiento firmado el 13 de agosto de 2022 en México, en ninguno de los acuerdos firmados en Barbados se mencionan las sanciones, un punto de honor para la administración de Nicolás Maduro. En una rueda de prensa posterior, Jorge Rodríguez sí calificó estos documentos como «un primer paso importante» para el levantamiento de estas medidas.
En ese memorando se entendía como una necesidad el levantamiento de sanciones y se incluía como parte de la agenda a llevar, al igual que la restauración del derecho a los activos en el exterior. Éstos últimos sí están incluidos, pero bajo la figura de la «preservación de los activos de la República en el exterior».
En la firma de los acuerdos de Barbados estuvieron presentes representantes de Colombia, Países Bajos, Argentina, México y Rusia
Sobre estas medidas, tanto The Washington Post como la agencia Bloomberg informaron sobre el alivio de algunas sanciones a la industria petrolera a cambio de garantías electorales. Ese acuerdo vendría de negociaciones directas entre el Gobierno de Estados Unidos y la administración de Nicolás Maduro.
«Es probable que Estados Unidos ponga un límite de tiempo a cualquier alivio de las sanciones para que pueda revertirse si Maduro no cumple con su parte del acuerdo», señalaron fuentes conocedoras del asunto al Post.
Otros puntos de los acuerdos
La defensa conjunta del territorio Esequibo nuevamente entra en la agenda de la negociación a través del acuerdo «por la protección de los intereses vitales de la nación». Es uno de los puntos donde se genera mayor coincidencia entre las partes, que defienden como método de resolución de la controversia el Acuerdo de Ginebra de 1966.
También se rechaza la actitud de Guyana ante los reclamos, así como la entrega de concesiones para la exploración y explotación petrolera en áreas marinas y submarinas pendientes de delimitar, algunas de las cuales Venezuela reclama como parte de su fachada Atlántica ya establecida.
En dicho acuerdo también se incluyó como punto la defensa de los bienes y propiedad de Citgo Petroleum, la filial de Pdvsa en Estados Unidos y que está bajo un proceso de juicio por reclamo de deudas que mantienen los tenedores de bonos venezolanos. Con el fin del gobierno interino, la protección de Citgo quedó en manos de un equipo de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Fuera de estos nuevos pactos también quedó la liberación de presos políticos, exigido por diversas oenegés, y la discusión del acuerdo social, donde se establecía la creación de un fondo por 3.200 millones de dólares para atender proyectos en áreas prioritarias como asistencia sanitaria, alimentación escolar y el sistema eléctrico nacional.
