En febrero se registraron 10 actos vandálicos contra universidades, afirma ONG
Debido a la pandemia de covid-19, las clases en universidades públicas y privadas fueron trasladadas al espectro virtual, lo que derivó en el aumento del robo en los núcleos y sedes de estos institutos de educación superior
El Observatorio de Universidades (OBU) informó, a través de su cuenta en Twitter, que durante el mes de febrero registraron 10 actos vandálicos en distintas casas de estudios de todo el país, principalmente por robo de mobiliario y equipos.
Las universidades venezolanas han sido víctimas de la asfixia presupuestaria, además del robo de equipos, vandalismo y quema de algunos espacios. Los delincuentes han encontrado en las sedes una oportunidad de negocio para vender material como chatarra.
Ese es uno de los problemas que atraviesan las distintas sedes de la Universidad de Oriente (UDO), que han sido desmanteladas por bandas y rateros para la posterior venta de inmuebles como aluminio y chatarra.
El hurto más reciente ocurrió el lunes 21 de febrero. Los delincuentes ingresaron al núcleo San Félix y se llevaron puertas en los baños de damas y de caballeros, al igual que los marcos de las pizarras, tuberías de agua y cables de electricidad.
Al igual que otras universidades autónomas públicas, la UDO depende del presupuesto que asigna el Ejecutivo nacional, que ni siquiera alcanza para cubrir la nómina del profesorado o de una facultad completa.
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Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela y presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, dice que este “es un sistema condenado, con presupuestos que no son otorgados y salarios míseros” que han incidido en la “fuga” de profesores, investigadores y estudiantes.
Debido a la pandemia de covid-19, las clases en universidades públicas y privadas fueron trasladadas al espectro virtual, lo que derivó en el aumento del robo en los núcleos y sedes de estos institutos de educación superior.
Distintas ONG ha solicitado al Estado venezolano que se garantice la seguridad de los espacios universitarios y evitar que los actos vandálicos queden impunes. «Su inacción lo convierte en cómplice del progresivo desmantelamiento de las universidades públicas del país, cuyo funcionamiento está prácticamente paralizado a causa de la asfixia presupuestaria que ejerce el mismo Estado que no las ampara».
