“En los últimos años se ha elegido como enemigo a todo aquel que no esté con el Estado"

Para el abogado Fernando Fernández, "en Venezuela se ha comenzado a aplicar el derecho penal del enemigo... cuando hay una tendencia, político ideológico como la que se observa en el país, en la que cualquiera pasa a ser enemigo sustancial - son malos por lo que son, no por lo que hagan-"

El sistema de justicia en Venezuela ha sufrido muchas transformaciones durante los últimos años, todo como parte de una iniciativa que desmejora la aplicación de las leyes en el país. Entre lo que destaca considerablemente la criminalización de la disidencia, los encarcelamientos de miles de personas por el simple hecho de adversar a la llamada “revolución bolivariana”.

Las detenciones arbitrarias, la condena anticipada y la creación de condiciones para criminalizar a los opositores, son parte de lo que les ha tocado vivir a los presos políticos, una pequeña arista de la larga lista de violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Venezuela durante los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y ahora bajo el poder de Nicolás Maduro.

Es por ello que la alianza Provea-TalCual, decidió entrevistar al abogado penalista, experto en derechos humanos y expresidente del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional en Venezuela, Fernando Fernández, para explicar un poco esta situación.

–¿Cómo está el sistema de justicia en Venezuela?

–El sistema de justicia en Venezuela está en su peor momento, la crisis se expresa en los altísimos grados de impunidad de todos los delitos, empezando por el delito de homicidio y por supuesto si eso ocurre con los homicidios que hay más de un 90% de impunidad qué puede ocurrir para otros delitos menos graves, esa es la situación del estado actual de justicia en general.

–¿Cómo se visualiza la crisis dentro del poder judicial?

–La crisis también se expresa en la falta de independencia de los jueces debido a su provisionalidad, más del 90% de jueces provisionales, hay quienes afirman que el 100% de los jueces son provisorios, eso es importante, porque la figura del juez estable y profesional en su cargo que da una garantía se acabó.

La falta de independencia de los jueces por su precaria condición de estabilidad laborar es una expresión de la falta de equilibrio en los poderes. Ahí está comprometido desde el punto de vista estructural el concepto de república, que favorece los mecanismos de equilibrio entre los poderes, en un sistema de peso y de contrapesos, es decir el poder judicial debe hacer justicia inclusive a funcionarios legislativos o del poder ejecutivo.

–¿Cómo se maneja actualmente la justicia en Venezuela?

–En la actualidad el juez espera órdenes para dictar sentencia, no tienen un criterio propio acerca de los hechos y aplicar con justicia el derecho, sino que espera que le den una orden, que por lo general viene de un factor externo, sea político o de gobierno.

Entonces ahí no hay aplicación de justicia ni de la ley, sino de circunstancias externas, caprichosas e interesadas. Ese es el grave problema de la falta de independencia de los jueces y la falta de equilibrio entre los poderes públicos y predomina el poder ejecutivo y el partido político que lo sustenta.

–¿Se criminaliza la disidencia?

–Sí, en Venezuela se ha comenzado a aplicar el derecho penal del enemigo. En el mundo entero existe un derecho regular para los casos ordinarios o los casos comunes de delitos que puedan cometer ciudadanos que se salen de la ley, esto tiene ciertas garantías legales, pero cuando hay una tendencia, político ideológico como la que se observa en el país, en la que cualquiera pasa a ser enemigo sustanciales - son malos por lo que son, no por lo que hagan -.

–¿Cuál es la diferencia entre un preso político y un preso común?

–La diferencia con el delincuente común, que se le pone preso, se le enjuicia y se le castiga porque cometió un delito, cuando eligen una persona por su nombre su afiliación política o su condición social como su enemigo, entonces no importa lo que hagan, siempre van a tener peso por lo que es, eso es derecho penal del enemigo.

Yo (Gobierno) invento el delito, pero como eres mi enemigo te castigo con todo el peso de la ley así no hayas hecho nada.

–¿Qué ha pasado con en los últimos 20 años con el sistema de justicia venezolano?

–En los últimos 20 años, se ha elegido como enemigo a todo aquel que no esté conmigo (Gobierno), todo aquel que no es mi amigo es mi enemigo, eso lo genera la lógica de este Estado.

Se usa la justicia penal para aplicar los castigos conforme a la etiqueta que recibe la persona sancionada.

–¿Por qué cree usted que el Gobierno aplica las detenciones arbitrarias en los casos políticos?

–Es una forma de inspirar terror, generar desesperanza, un método que se aplicó mucho en el siglo XX en las dictaduras de Stalin, Lenin, Mao. Eso genera un clima de mucha angustia, es una manera de hacer política, totalmente antidemocrática y que no tiene cabida en el siglo XXI.

Es aplicar la detención preventiva, siempre de manera arbitraria, en sustitución de la pena, como tienen severas dificultades, materiales y logísticas para poder probar algún delito, que muchas veces es absurdo, que no tiene que ver con un hecho concreto, con una conducta, se la aplicas a un sujeto por lo que es.

–¿Cómo es el proceso de justicia para un preso político en Venezuela?

–Qué hacen, los detienen por largo tiempo y empiezan los diferimientos de las audiencias, de manera tal que puedan pasar años con la persona detenida de manera preventiva, en un proceso que sustituye a una condena. Después que han pasado dos años te excarcelan y te ponen la ciudad o el país por cárcel.

El retardo procesal también es una manera de desestimular a la defensa, a la familia, es la forma de castigar con el proceso y no con el juicio o con una condena. El diagnóstico es que no tienen los elementos reales para crear un delito, porque muchas veces son inventados o las pruebas, pero como se trata de un enemigo político, lo castigan con el proceso y de esa manera siembran un ejemplo, que los demás vean lo que están haciendo, para que no tengan la misma actividad política, que a mí (Estado) me perjudica, me hace daño o no quiero que se haga.

Según la organización defensora de los derechos humanos, Foro Penal, asegura que solo durante la gestión de Nicolás Maduro se han registrado 12.016 detenciones y encarcelaciones a políticos y ciudadanos, que se han manifestado adversos al Gobierno.

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