Entre enero y junio ocurrieron 623 violaciones a la libertad de expresión

Las más afectadas por violaciones a la libertad de expresión fueron las emisoras de radio. 13 han salido de aire por diversas razones, diez salieron del aire por órdenes de gobernadores de entidades provinciales, así como por robos, hurtos, fallas constantes de electricidad

El más reciente informe de Un Mundo Sin Mordaza sobre la libertad de expresión en los primeros seis meses de 2020 evidenció una vez más que en Venezuela continúa la sistematización de la violación y el cercenamiento de este derecho. De acuerdo con Espacio Público, entre enero y junio de este año se registraron 281 casos casos; lo que se traduce en 623 violaciones a libertad de expresión.

Pese a ser un número alto, representa una reducción de 19,02% respecto a los casos registrados en el mismo periodo de 2019, cuando hubo 347.

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Los principales patrones de ataques a la libertad de expresión fueron las detenciones arbitrarias, los hostigamientos y agresiones, las afectaciones a medios radiales, de televisión, cableoperadoras y medios impresos. Además, las medidas de cuarentena por la pandemia del coronavirus hizo que se incrementara el número de arbitrariedades en comparación con el mismo lapso de tiempo de 2019, pero con la característica de que ahora no es solo contra periodistas, sino contra ciudadanos.

Detenciones arbitrarias

El mandato de Nicolás Maduro se ha caracterizado por un patrón sistemático de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y de la autoridad, en perjuicio de periodistas y trabajadores de la prensa como medida de hostigamiento, intimidación y censura hacia estos; violentando sus derechos humanos; así como el debido proceso, la libertad personal y la de expresión.

Durante el primer semestre de 2020, se contabilizaron 48 detenciones arbitrarias. En este sentido, 67,5% de los arrestos han sido por ejercer el periodismo, 14,6% por denuncias realizadas por trabajadores de la salud sobre diferentes coyunturas entorno a la covid-19, 12,5% por manifestaciones y 10,4% por otras circunstancias como publicaciones en redes sociales o grabar situaciones ocurridas en medio de colas para surtirse de gasolina.

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De estas detenciones, se determinó que 41,7% fueron realizadas por la Guardia Nacional. Entre el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) realizaron 24,9% de las detenciones.

Si a estas detenciones se les suma la cifra de arrestos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social realizadas en protestas, en su mayoría para exigir servicios públicos, la cifra aumentaría a 168 personas detenidas.

Por otra parte, Un Mundo Sin Mordaza también contabilizó en los primeros seis meses del año un total de 75 actos de intimidación, amenazas, hostigamientos verbales y agresiones contra los trabajadores de la prensa; consistentes en percusiones, retención de equipos, golpes y otras; lo que derivó en 188 afectados. La mayoría de estos casos ocurrieron en manifestaciones pacíficas, labores habituales de los periodistas, reporteros o fotógrafos; mientras informaban y documentaban lo que ocurría en el país.

27,7% del total de hostigamientos, intimidaciones, amenazas y agresiones fueron responsabilidad de funcionarios públicos de distintos organismos de seguridad. 47% fueron realizados por cuerpos de seguridad del Estado y 25,3% de los actos fueron perpetrados por colectivos armados y otras personas afectas al régimen de Maduro.

Entorno a la pandemia de la covid-19, Un Mundo Sin Mordaza registró 27 arbitrariedades, con la misma cantidad de afectados, por comunicar o denunciar temas relacionados al coronavirus; bien sean denuncias sobre la condición de los hospitales o críticas a cómo se ha manejado la situación con la pandemia en el país.

Libertad de expresión coartada

Durante el primer semestre del año, el régimen de Nicolás Maduro arremetió contra programas de radio y televisión, así como contra emisoras completas, siendo estas últimas las más afectadas; en su gran mayoría por órdenes directas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Entre las prácticas realizadas, se encuentra que los funcionarios revocan las concesiones necesarias para las operaciones de manera unilateral y arbitraria, sin previo aviso; además, las constantes fallas en el servicio de energía eléctrica generó en varios casos un daño en los equipos, impidiendo así las labores habituales de los medios televisivos y radiales.

En estos seis meses, 13 emisoras de radio han salido de aire por diversas razones, diez salieron del aire por órdenes de gobernadores de entidades provinciales, así como por robos, hurtos, fallas constantes de electricidad e incluso por falta de gasolina para que sus empleados se trasladaran. Además, otras tres emisoras salieron del aire por órdenes de Conatel.