Es autocensura, estúpido; por Simón Boccanegra

Lo relancino de la Ley Maldita, por otro nombre Ley contra Delitos Mediáticos, es que ella no establece censura previa sino pretende obligar a la autocensura. El gobierno podría, así, continuar jactándose de que no existe censura en nuestro país, de que no tiene los Vitelio Reyes de los tiempos perezjimenistas, estableciendo qué puede ser publicado y qué no. Pero la realidad es mucho peor. No habrá censores oficiales porque el gobierno espera lograr que cada medio establezca su propia Junta de Censura, que decida el medio mismo sobre la suerte de cada información o cada opinión.

Esto, sin contar con la posibilidad de que muchos trabajadores de los medios pudieran preferir autocensurarse por su propia cuenta. El miedo es libre. La economía, por ejemplo, tal como lo señala Yolanda Ojeda en El Mundo, podría ser un campo especialmente abonado para aplicar la Ley de marras. En efecto, siguiendo a la colega Yolanda Ojeda, informaciones sobre desabastecimiento, valga el ejemplo, podrían fácilmente ser calificadas de atentatorias contra la «paz social» o como incitaciones a la «alteración del orden público». Como dice ella, ese «es el `delito’ perfecto». En efecto, qué manguangua para el gobierno poder callar (o sancionar, para obligar a callar) informaciones y análisis sobre anaqueles vacíos en mercados y abastos. Si nadie sabe nada, piensan los redactores de la Ley Maldita, no hay desabastecimiento.

Lo mismo pasaría con la inflación. Si nadie conoce sus cifras, no hay inflación. Si no hay información sobre protestas obreras en Guayana o en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, no hay inquietud social. En fin, si no hay Junta de Censura, no existe censura. Así cualquier miserable lambucio como el señor Moratinos (Desatinos lo llaman en España), puede venir por acá y decir, ufano, que en Venezuela es muy satisfactorio el estado de la libertad de expresión.