Escepticismo ante revisión de inhabilitaciones en el TSJ de cara a las presidenciales
Vieja arma del chavismo contra opositores, las inhabilitaciones son ordenadas por la Contraloría, controlada por quien hoy está en el CNE: Elvis Amoroso
Texto: RFI / AFP
El viernes 15 de diciembre vence un plazo para que líderes opositores recurran inhabilitaciones que les impedirían postularse a las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, pero la cuenta regresiva corre en medio de escepticismo.
Delegados del presidente Nicolás Maduro y la oposición anunciaron el 30 de noviembre «un mecanismo» para que inhabilitados que «aspiran a postularse como candidatos» pidan al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar esas sanciones.
La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, quien ganó las elecciones primarias de la principal alianza opositora, descartó en principio acudir a un TSJ, que según ella favorece a Maduro, aunque dijo evaluar escenarios «día a día».
«Yo no he cometido delito alguno, falta alguna, y aquí no hay un acto de la Contraloría, un procedimiento de la Contraloría, una decisión de la Contraloría, ni yo he sido notificada (…); por lo tanto, ¿qué acto puede recurrirse si no existe? Es absolutamente inexistente», declaró el miércoles a la prensa.
El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, en contraste, llamó el domingo a «todos los inhabilitados inconstitucionalmente e ilegalmente» a acudir al TSJ.
Capriles, quien se había postulado a la primaria opositora pero renunció por la inhabilitación que pesa sobre él desde 2017, recordó que en su momento pidió al tribunal revisar la medida: «Ya tengo siete años esperando».
«No pienso ir (al TSJ) antes que María Corina y si María Corina decide no ir, tampoco iría», aseveró el también inhabilitado dirigente Freddy Superlano, quien igualmente se postuló a las primarias pero declinó su aspiración para apoyar a Machado.
Vieja arma del gobernante chavismo contra opositores, las inhabilitaciones son ordenadas por la Contraloría. La ley faculta a ese organismo para tomar medidas administrativas contra funcionarios investigados, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial «definitivamente firme» impide aspirar a la presidencia.
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¿Ventana o pared de concreto para las inhabilitaciones?
El gobierno y la oposición acordaron el 17 de octubre, en Barbados, elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024. Estados Unidos, en respuesta, flexibilizó por seis meses sus sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela, pero condicionó todo a definir un procedimiento para levantar las inhabilitaciones.
El experto electoral y periodista Eugenio Martínez subraya que el mecanismo de revisión anunciado es el que «está previsto en la ley».
«No es una novedad», dijo Martínez a la AFP. «Lo interesante, no sé si es positivo o negativo, es que se pone un ‘deadline’ hasta el 15 de diciembre para que los interesados reclamen; aunque no pone un deadline para que el Tribunal Supremo de Justicia decida».
El experto recuerda que el TSJ nunca decidió en el caso de diputados opositores cuya elección fue suspendida en 2015, lo que abrió una crisis que terminó con el chavismo desconociendo la entonces mayoría opositora en el Parlamento.
El consultor político Gabriel Reyes también es escéptico.
«Estamos abriendo esta ventana, aunque tal vez pueda ser una pared de concreto», advierte Reyes ante temores de que el TSJ se convierta en «una alcabala» imposible de cruzar.
«Se había planteado como una urgencia (en las negociaciones) que los inhabilitados pudieran ir a las elecciones», resalta. «Es precaria una negociación donde yo te pido el status de alguien y tú no me das ese status, sino la oportunidad de que pidas que sea revisado (…). Es una técnica dilatoria».
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Precedente
«El acuerdo de Barbados determinó que debía establecerse una vía que con celeridad permita habilitar candidatos presidenciales. El precedente con amparo cautelar está en el caso Rosales (…). ¡Seguimos!», celebró en X Gerardo Blyde, jefe negociador de la oposición, el anuncio de revisión de inhabilitaciones.
Una medida cautelar del TSJ permitió en 2017 que el excandidato presidencial Manuel Rosales se postulara en las elecciones regionales pese a estar inhabilitado y ganase la gobernación del estado Zulia (oeste).
Martínez destaca que el tribunal «tardó dos años en responder».
Altos dirigentes chavistas como Diosdado Cabello advierten que «nunca» permitirán una candidatura de Machado, a quien acusan de pedir una invasión extranjera a Venezuela y sanciones para deponer a Maduro.
