Exigen a la CPI intensificar acciones contra violaciones de DDHH a presos políticos
Familiares advierten que las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos y sus familiares se han aventurado, por lo cual exigieron mayores acciones de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Este martes 28 de enero, un grupo de activistas por los derechos humanos denunció la acentuación de la política de represión contra víctimas directas e indirectas de quienes permanecen encarcelados.
“La desaparición forzada y otros tipos de violaciones de derechos humanos, se está normalizando”, fue una de las frases con la que familiares de presos políticos en Venezuela alertaron a los organismos internacionales sobre lo que viven más de 1600 personas que continúan tras las rejas.
En tal sentido, exigieron a la Corte Penal Internacional, Organización de Naciones Unidas y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mayor presión al Estado venezolano para que libere a los detenidos inocentes y garantice las condiciones de reclusión.
Familiares aseguraron que en los centros de reclusión, bien sea cárceles y destacamentos de organismos de seguridad, a los presos políticos no se les permite el derecho a la defensa y se viola el debido proceso, ya que, según señalan, no se cumplen los parámetros legales que establecen las leyes nacionales e internacionales sobre las personas privadas de libertad.
“En Venezuela existe una violaciòn sistemática de derecho fundamentales de los presos políticos; no se garantiza el derecho a la vida vid, se restringe el acceso a la alimentación, al agua y a la medicación. Las muertes bajo custodia son un recordatorio trágico de las condiciones de reclusión de los presos políticos en Venezuela”, expresó Diego Casanova, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela.
Durante la rueda de prensa, se dieron a conocer los testimonios de las víctimas de los maltratos y vejaciones por parte de funcionarios del Estado que custodian a los presos y quienes están a cargo de la seguridad durante las visitas.
“Las lámparas de la celda siempre están encendidas”, es una de las denuncias que hace desde la cárcel un preso político a través de su familia. Así también describió un caso en el que a una madre la obligaron a desnudarse y a ser examinada en sus partes íntimas con una linterna previo a ingresar a la visita de 15 minutos a su hijo.
En este sentido, el Comité denunció que los tratos crueles, degradantes y humillantes constituyen una violacion a los derechos humanos que generan daños psicológicos y morales a los detenidos como a los familiares. Por esto, alertan que, de continuar acentuándose dichas condiciones, “representa una amenaza a la vida de los presos políticos”.
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Sairam Rivas, compañero de Jesús Armas que se encuentra detenido en El Helicoide, pidió un pronunciamiento de parte de los organismos, instancias, grupos de trabajo internacionales en materia de DD.HH. ante la situación, la cual calificó de crímenes de lesa humanidad; intermedien para que cese las detenciones arbitraria, se les de libertad, tengan acceso a visita y llamadas en este tiempo de injusta represion.
“Pretender criminalizar y perseguir la lucha de los familiares de presos políticos es una demostración más que el terrorismo está del lado del régimen”, expresó.
Francis Fernández, esposa del periodista Carlos Julio Rojas que se encuentra detenido en El Helicoide, rechazó que hayan dirigentes y partidos pensando en concurrir en procesos electorales mientras tienen a sus compañeros en las celdas de “los centros de torturas”.
“Es hora que está tolda que dice que va a elecciones que se pongan al frente de esta lucha porque quienes están allá adentro también son políticos y estuvieron con ustedes”, expresó al contar que en las cárceles venezolanas hay más de 1600 presos políticos entre dirigentes de partidos, sociales, gremiales y personas de la sociedad civil sin haber cometido delitos.
Aurora Silva, esposa del diputado de la Asamblea Nacional (2015) Freddy Superlano, manifestó que este 30 de enero cumple 60 meses sin saber de su esposo. Desde la detención, en julio pasado, no ha tenido conocimiento sobre él, más allá de un papel que le entregan en el centro de reclusión con cosas que necesitan. Dijo que cuando va a la cárcel a pedir la visita, los funcionarios le dicen que deben esperar la orden de presidencia para permitirle ver a su esposo.
A través de un comunicado, el grupo de familiares exigio a Nicolás Maduro y al fiscal general, Tarek William Saab, revisar todos los casos de personas presas por razones políticas y otorgarles la libertad.
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