Existe la lista macarthista, por Teodoro Petkoff
El Presidente, desde Guayana, ordenó a sus gobernadores, alcaldes y ministros “archivar y enterrar la lista de Tascón”, esa pieza macarthista que emparenta a estos revolucionarios con aquel senador norteamericano que desató una “cacería de brujas” en su país en la década de los cincuenta.
Dice Chávez que “fue un momento que ya quedó atrás”, que la “famosa lista seguramente cumplió un papel importante en un momento determinado, pero eso pasó”. El mandatario relata que le han llegado cartas “que me hacen pensar que todavía en algunos espacios tienen la lista de Tascón en la mesa para determinar si alguien va a trabajar o no va a trabajar”.
A confesión de partes, relevo de pruebas. Señor Fiscal, puede usted, con la diligencia que le es propia, comenzar a actuar. Se trata tan sólo de “garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales”, como le ordena la Constitución.
El descaro del proceso no tiene parangón. El propio Presidente de la República, el más alto funcionario del Estado, el primer servidor público, admite –sin sonrojarse y sin vergüenza– que en su “revolución” se utiliza una lista de “preferencias políticas” para dar o quitar trabajo. Y que antes –y esto es quizás aún peor– tuvo justificación plena: “Cumplió un papel importante”, para decirlo con sus propias palabras.
¿Cuál fue ese papel importante, señor Presidente? ¿Amedrentar, amenazar, coaccionar a los que allí estaban para que no ejercieran, por ejemplo, el derecho al voto contra usted? ¿Cuál otro papel importante pudo haber sido?
Ve, señor Fiscal, hay material. Y si le faltara, eche mano otra vez de la bicha. Ni siquiera es necesario que la lea toda.
En el artículo 3, para no ir muy lejos, se lee: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”.
Pero el colmo del cinismo, lo pone el diputado Adolfo Tascón, aventajado alumno de José Vicente Rangel. “Mi intención jamás fue perseguir a nadie. Ese no es un comportamiento revolucionario, eso es de fascistas”, dice Adolfín. Y añade que retiró su obra maestra –la lista– de su página web una vez que pasó el revocatorio. Es decir, una vez que “cumplió su importante papel”.
Lo que está claro es que la existencia de la lista y su uso –cobarde, bajo, ilegítimo– es un delito y el Estado está obligado a corregir lo que ocurrió durante ese período que comenzó antes de agosto de 2004 y apenas ayer se admitió públicamente por el mismísimo Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y por Adolfo Tascón.
Si el Fiscal –y sus otros panas del Poder Ciudadano, es decir Mundaraín y Clodosbaldo– necesitará algo más para actuar, bastaría con que saltara al artículo 21, parágrafo 2: “… adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y SANCIONARÁ LOS ABUSOS O MALTRATOS QUE CONTRA ELLAS SE COMETAN” . Usted puede señor Fiscal, sólo tiene que querer
(Esta historia continuará…)
