Expertos de la ONU condenan uso del «terrorismo» para sentenciar a seis sindicalistas
Los expertos de la ONU instaron a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión. «El uso de la legislación antiterrorista contra actores de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos debe cesar de inmediato», aseguraron
Dos expertos de Naciones Unidas condenaron este viernes 11 de agosto el uso de leyes antiterroristas en Venezuela para condenar a seis sindicalistas en el país, y advirtieron que el uso de la calificación de «terrorismo» es un «abuso crónico» utilizado en contra de quienes defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Los relatores especiales sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin, y sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, expresaron en un comunicado «su profunda preocupación por la sentencia del 1 de agosto de 2023» que condena a seis sindicalistas a 16 años de prisión por los presuntos delitos de conspiración y asociación para delinquir.
«Es evidente que estamos asistiendo a un abuso crónico de las medidas antiterroristas contra quienes defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras, buscan mejorar las condiciones laborales, y participan en organizaciones sindicales en Venezuela (…) En un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades, tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al derecho internacional», afirmaron.
En una comunicación anterior a la administración de Nicolás Maduro, ambos expertos destacaron la falta del debido proceso, acceso a la defensa legal por parte de los sindicalistas, la inadecuación de las pruebas a las acusaciones formuladas y el hecho de que informantes clave no testificaran en el juicio.
Para los expertos de la ONU, «este tipo de uso indebido es un intento de sofocar y asfixiar a la sociedad civil organizada». Además, subrayaron que el uso de medidas antiterroristas debe ser necesario, proporcional y no discriminatorio.
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Otra cuestión que lamentaron es el hecho de la alta pena impuesta a Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez y Nestor Astudillo. Lo calificaron como una «tendencia creciente y preocupante» para perseguir, acosar y en última instancia «sacar de circulación» a disidentes opositores o defensores de derechos humanos.
«La dureza de las condenas sirve de advertencia a otras personas que podrían participar en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del gobierno (…) Las autoridades venezolanas están utilizando la lucha contra el terrorismo para excluir y socavar la labor legítima en favor de los derechos humanos», afirmaron.
Los expertos de la ONU también instaron a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión.
«El uso de la legislación antiterrorista contra actores de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos debe cesar de inmediato», aseguraron los expertos.
Invitaron a otros gobiernos y a todos los organismos pertinentes de derechos humanos y lucha contra el terrorismo de la ONU a centrarse en el uso indebido de la legislación antiterrorista y exigir al Gobierno de Venezuela que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En este sentido, los expertos solicitaron a las autoridades venezolanas a implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo. «Pedimos que se tomen medidas rápidas y contundentes para proteger a las personas defensoras de los derechos laborales en Venezuela».
