Si Venezuela no va a la CIJ deberá olvidar el Esequibo, aseguran expertos
Aunque la posición del Estado venezolano es la de no reconocer la competencia de la CIJ para dirimir el diferendo limítrofe, Gerson Revanales y Héctor Faúndez Ledesma consideran que se trata de una oportunidad para recuperar el territorio y que el no acudir al proceso iría en contra de los intereses de la República y dejarían el camino libre a Guyana
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) señaló el 8 de marzo de 2022 y 2023 como las fechas para que Guyana y Venezuela, respectivamente, presenten sus alegatos sobre la disputa territorial que mantienen sobre el territorio Esequibo.
La posición de Venezuela ha sido hasta el momento la de no reconocer la competencia de la CIJ en esta materia, con base en la vigencia del Acuerdo de Ginebra, suscrito por las partes en 1966 y que establece la búsqueda de un arreglo que sea beneficioso para ambas partes.
Sin embargo, expertos en materia jurídica internacional aseguraron a TalCual que esta podría ser la última oportunidad para que el país pueda recuperar el territorio Esequibo, o al menos una parte de la llamada por Venezuela “zona en reclamación”, puesto que las decisiones de la CIJ son definitivas e inapelables.
Gobierno debate si va o no a la CIJ
Existe en el seno del gobierno una fuerte disputa sobre si asistir al proceso iniciado por la CIJ, que se declaró competente para conocer el caso en diciembre de 2020, luego que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, remitiera el caso al tribunal, debido al atascamiento del mecanismo del “buen oficiante” implementado para buscar un acuerdo.
Guyana entabló una demanda ante la CIJ para que se declare válido el Laudo Arbitral de 1899, que falló en contra de Venezuela y cedió la administración del territorio a Guyana, tratado que medio siglo más tarde Venezuela denunció como nulo e írrito luego de conocerse una serie de irregularidades que habrían determinado el que saliera desfavorecida, entre ellas que el país no tuvo representación propia en las conversaciones, sino que fue representada por EEUU.
El 23 de febrero de 2021, la Asamblea Nacional chavista realizó una sesión en la que el diputado Hermann Escarrá entregó a la presidencia del Parlamento oficialista un libro contentivo de 100 propuestas para la defensa del territorio Esequibo, las cuales serían remitidas a su vez a Nicolás Maduro para su evaluación. Aunque Escarrá dejó claro que las propuestas tienen carácter confidencial, en su discurso indicó que en el documento se explican las consecuencias de acudir o no al juicio en la CIJ, dejando ver que en el chavismo existen tendencias favorables a una u otra opción.
El pasado 26 de febrero, el canciller Jorge Arreaza reiteró la posición de Venezuela de no reconocer la competencia de la CIJ. Ese día se llevó a cabo la primera audiencia preliminar del caso y la representación de Venezuela asistió, aunque el titular de Relaciones Exteriores afirmó que se hizo por cortesía.
Dos días más tarde, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino, indicó que Venezuela no acataría una decisión de la CIJ, olvidándose de que la administración del territorio la tiene Guyana y que correspondería a ellos, si es que la decisión de la CIJ es desfavorable y finalmente concede el territorio a Venezuela, quien estaría en posición de decir que no acata la medida.
Para los analistas Gerson Revanales y Héctor Faúndez Ledesma, el no acudir al proceso de la CIJ estaría reñido con la defensa de los intereses de la nación y dejaría libre el camino para que Guyana ratifique su soberanía sobre el Esequibo, por lo que entonces Venezuela no tendría nuevas oportunidades de recuperar el territorio.
En riesgo la integridad territorial si CIJ falla en contra
“La situación del Esequibo no son solo 159 mil kilómetros cuadrados, que es lo que se ha dicho como reclamación original por el Laudo Arbitral. Es un problema mucho más profundo. La demanda que incoó Guyana, que pide a la CIJ confirmar la validez de Laudo Arbitral, pone en riesgo la integridad territorial; no solo se nos despoja de ese territorio, sino de los recursos naturales de la zona en reclamación y la proyección atlántica, por lo que la seguridad nacional estaría en juego porque se cierra el acceso al Atlántico Oriental, y habría que pedirle permiso a Guyana para transitar”, expresó Gerson Revanales, internacionalista y embajador de carrera.
En su opinión, el que Venezuela haya rechazado en su momento la jurisdicción de la CIJ es algo que tendría relevancia en cierto momento, pero que hoy cuando la Corte está entrando en un examen a fondo de la reclamación, ya tiene poco sentido.
Considera Revanales que hubo “algo extraño” en la decisión de la CIJ cuando decidió que tenía competencia, algo que evidenció el voto que salvaron cuatro jueces de la Corte, lo que desde su perspectiva, pone en duda la honestidad de la actuación en este caso; sin embargo, advierte que el proceso continuará así Venezuela no asista.
Lea también: El chavismo cambió fidelidad por Esequibo y ha llegado la factura
“Las decisiones de la Corte, sean en la etapa preliminar o de fondo, como en este momento, son obligatorias para las partes. Venezuela no es parte de la Corte, nunca lo ha manifestado, pero las decisiones de la Corte son inapelables, tienen carácter de cosa juzgada, y solo ella, como suerte de corte celestial, puede revisar sus manifestaciones, así que se convierte entonces en un organismo supranacional que en mi opinión viola sus propios estatutos, que establecen que sus decisiones son obligatorias para las partes, pero nosotros no lo somos” sostuvo Revanales.
“Pero, como dicen en los cuarteles que esa orden no la comparten, pero la acatan, tenemos que hacerlo porque no hay otra manera para defender nuestros derechos”, acotó.
Gobierno parece no entender funcionamiento de la CIJ
El jurista y miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Héctor Faúndez Ledesma, coincidió en que la sentencia que emita la CIJ tendrá carácter definitiva. “El artículo 90 dice que las sentencias son obligatorias, Venezuela es parte y debe respetar la sentencia, que como todas las que emite la CIJ son definitivas e inapelables, no hay que andar inventando recursos y tonterías, o defendemos el Esequibo en la Corte o nos olvidamos de él”.
Faúndez Ledesma dice no entender cuál es el afán en seguir negando la competencia de la Corte mientras se dice que el Laudo Arbitral es nulo. “Eso sirve como conversación de café, como tema de tertulia. Si el Laudo es nulo y tenemos suficientes elementos de juicio para sostener que lo es, vayamos y presentemos esos argumentos, no es una amenaza”, afirmó.
Subrayó Faúndez Ledesma que se ha sugerido que lo que hizo el Secretario General de la ONU (al remitir el caso a la CIJ) es nulo y que lo que hizo la Corte al dictaminar que tiene competencia para decidir también lo es, y que hasta un general dijo era un golpe de Estado, pero que acudir a la Asamblea General de la ONU es no entender cómo funciona el sistema internacional y no saber que la CIJ es el órgano jurisdiccional principal de las Naciones Unidas.
“La Asamblea General no tiene atribución en esta materia. Ella es la que designa a los jueces, en algún momento en 1974 la Asamblea General adoptó una resolución en la que invitaba a las partes arreglo judicial para resolver diferencias judiciales y declaró que acudir a la CIJ no puede asumirse como acto inamistoso”, enfatizó.
Advirtió que esa invitación sigue vigente, y cuestionó que el gobierno de Nicolás Maduro dude en aceptar esta realidad e insista en acudir a la Asamblea General. “¿Acaso cree Venezuela que la Asamblea General va a contar con el movimiento de Países No Alineados para dejar sin efecto la sentencia de la CIJ para desfavorecer a uno de sus miembros como es Guyana? Eso es creer lo que los españoles llaman pajaritos preñados”, sostuvo.
Sincerar la reclamación
En el año 2015, el vicealmirante Elías Daniels (fallecido en 2019) publicó un ensayo titulado “Sinceración de la Reclamación sobre el Esequibo”, parte de su serie Reflexiones, que venía publicando desde varios años antes. El alto oficial, quien por cerca de 20 años y desde 1995 estuvo al frente de la unidad sobre Guyana de la Cancillería venezolana, instó en el documento a dar bases reales a la reclamación sobre el territorio con la documentación con la que se cuenta.
Daniels hizo hincapié en que, tal como lo establece el Acuerdo de Ginebra, la solución al diferendo limítrofe debe ser beneficiosa para ambas partes, de lo que se desprende que Venezuela no podría aspirar a la totalidad de dicho territorio. En una entrevista publicada por el diario El Universal el 25 de enero de 2015, el vicealmirante expresó que “..no hay documentos jurídicos que demuestren la soberanía de Venezuela en todo el Territorio Esequibo…”.
En su ensayo y en los numerosos foros que dictó el oficial, éste hizo hincapié en que, a pesar de que el artículo 10 de la Constitución establece que «el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810», para esa fecha la Capitanía General de Venezuela no tenía límites establecidos con la Guayana Británica, a la que fueron cedidos los territorios que antes pertenecían a los holandeses.
Igualmente, señaló Daniels que el Tratado de Munster entre Provincias Unidas (Holanda) y España, reconoce, aunque sin precisar sus límites ni extensión hacia el interior territorial, de unos asentamientos holandeses en lo que hoy es Guyana llamados Berbice, Demerara y Esequibo, siendo el más occidental de los lugares tenidos o poseídos por los holandeses en la fecha del tratado el Fuerte Kykoveral, en la Isla de Kykoveral ubicada en la confluencia de los ríos Cuyuní y Esequibo. El texto también indica que hay haciendas que se agrupan en las vecinas márgenes de los ríos Esequibo, Cuyuní y Mazaruni. Tanto el Cuyuní como el Mazaruni están en la parte occidental del Esequibo.
Guyana empoderada
El internacionalista Gerson Revanales explicó que el Acuerdo de Ginebra presenta tres aristas para resolver el diferendo: la vía diplomática, la política y la jurisdiccional, y que luego de transcurridos 40 años de intentado el mecanismo del buen oficiante, enviaron el caso al a Corte como vía jurisdiccional.
“Tenemos que presentarnos a esa instancia –afirmó tajantemente Revanales-. Guyana en este momento está empoderada totalmente, cuenta con la venia de la CIJ, la de las transnacionales, la de la opinión internacional, la de los no alineados y hasta la de Cuba, que ha sido siempre un punto clave en esta reclamación”, argumentó.
Resaltó que Venezuela, al contrario, está sin un solo apoyo y que, por sí sola, la CIJ no va a fallar a favor de Venezuela. “Es impensable la solución por la vía incluso armada, bélica; eso representa un falso patriotismo. No hay otra solución sino asistir, por reconocimiento al derecho y las instituciones internacionales. Es declararnos en rebeldía, el riesgo se corrió en la fase preliminar y se le dio la razón a Guyana”, indicó.
Sostuvo Revanales que la Corte solo debe decidir sobre lo que solicita la demanda guyanesa, y esto es la ratificación del Laudo Arbitral, por lo que, si decide que el Laudo no es válido, entonces se iniciaría otro proceso entre Guyana y Venezuela para establecer los límites entre los dos países.
A su vez, Héctor Faúndez Ledesma expresó que si Venezuela decide comparecer -algo que espera sea la decisión final del gobierno de Nicolás Maduro, porque cualquier otra opción, en su opinión es mala y perjudicial para los intereses de la República- tendrá que designar un juez ad hoc, alguien que pueda simpatizar con la causa venezolana.
Además, continuó, tendrá que buscar abogados, formar un equipo de abogados externos, ingleses, franceses, eventualmente belgas, e internos que asistan a su vez a los externos, así como un equipo de colaboradores, documentalistas y hasta comunicadores sociales.
“En cuanto a la parte jurídicamente hablando, lo que está planteado son dos cosas; el punto clave, central como definió la corte y demanda Guyana es la determinación de validez o nulidad del Laudo Arbitral; segundo, hay un elemento que nombra la Corte y lo llama la cuestión conexa al tema de la validez del laudo, y es lo relativo al a determinación de la frontera”.
¿Qué puede determinar la CIJ?
Estima Faúndez Ledesma que esto de la delimitación de la frontera solamente va a surgir en la hipótesis que decida que el laudo es nulo, porque si determina que el laudo es válido no hay nada más que discutir. «Entonces, si decide que el laudo es nulo se pasa al otro punto, es algo más complejo, y está de por medio el Acuerdo de Ginebra, así que la cuestión tendrá que abordarse con las obligaciones de las partes de acuerdo al Acuerdo de Ginebra”.
Detalló cuatro hipótesis en el caso que la CIJ determine que el Laudo es nulo. La primera, remitir a las partes para que éstas decidan de nuevo un tribunal arbitral para que de acuerdo al tratado de Washington de 1897 decida las fronteras, hipótesis que considera improbable, porque está de por medio acuerdo de Ginebra.
Una segunda hipótesis, con fundamento en artículo 4.2 del AG, es que la Corte asuma el resolver la cuestión de los límites, lo que también considera tiene pocas posibilidades de concretarse, porque el AG establece que la solución deber ser satisfactoria para ambas partes y las cortes están es para aplicar el derecho. La tercera hipótesis de Faúndez Ledesma es que la Corte decida, junto a las partes buscar esas soluciones satisfactorias, algo que no va, como se ha dicho, no está sino para aplicar el derecho. La cuarta es que remita el asunto al Secretario General de Naciones Unidas para que busque ese acuerdo.
El almirante Elías Daniels también preveía en 2015 la posibilidad de que el caso pasara a la CIJ y, en este sentido expresó en esa oportunidad que en el Derecho Internacional la razón tiende ahora a prevalecer sobre el uso de la fuerza.
Citó el fallo de la CIJ del 19 de noviembre de 2012, que a pesar de ser cuestionado por Colombia y Nicaragua no obtuvo la totalidad del espacio geográfico que aspiraba, sí logró la asignación de soberanía sobre unos espacios geográficos en los cuales Colombia había venido ejerciendo derechos de soberanía. Todo ello a pesar de que Nicaragua contaba con menos fuerzas militares que Colombia.
Traicionar a la patria
Para Gerson Revanales son muchos los temas que la Corte debe conocer para decidir la controversia, pero advirtió que el jefe diplomático de Venezuela tiene que estar pendiente de todo el proceso junto a su delegación. “Negarse es casi traición a la patria, no habrá otra forma, olvidemos la opción armada, y la conciliación tampoco es posible porque Guyana está empoderada”, insistió.
También desestimó los anuncios hechos por el diputado Hermann Escarrá en cuanto a reformar la Constitución para incluir una mención al territorio Esequibo y crear, mediante una ley orgánica, el Territorio Federal Esequibo. “No sé de dónde sale la idea. La soberanía llega hasta la frontera, puedes convertir a Delta Amacuro en el estado Esequbio, pero más allá de la raya (la frontera) no tienes jurisdicción”, apuntó.
Héctor Faúndez Ledesma coincidió en este sentido con Revanales: “Esas son tonterías. Es un conflicto internacional que se resuelve de acuerdo al derecho internacional, no con decretos ni reformas constitucionales. Nada de eso que se está anunciando, absolutamente nada de eso tiene una utilidad práctica, son bravuconadas como lo diría Homero cuando relata el pasaje de los pretendientes de Penélope”.
A su juicio, hay que dejarse de tonterías. “El único camino es ir a la Corte. No lo vería como problema o como una amenaza, es la única oportunidad que ha tenido Venezuela desde 1899 para recuperar ese territorio o parte del mismo”, concluyó.
